Lo que no tolera la derecha

Pablo Casado y Santiago Abascal, en el Congreso

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Si hay algo que no puede soportar la derecha española de la izquierda es que gobierne. Puede existir, sí, ni más faltaba, que por algo vivimos en ese invento llamado democracia. Pero una cosa es que participe en el juego por el poder y otra, muy distinta, que gane. Eso es intolerable. Y, además, de pésimo gusto. Las tareas de gobierno deben estar reservadas para “los más preparados”, para los “mejores gestores”, no para cualquier mindundis irresponsable surgido de quién sabe dónde cuyo único mérito es haber trepado por las vulgares enredaderas de la política. Cuando un progresista llega a la Moncloa, arde Troya. Recuérdese la brutal oposición del PP de Rajoy contra Zapatero. Véase ahora la tromba de ira del PP de Casado y el Vox de Abascal contra Pedro Sánchez.

La derecha está revuelta desde que Sánchez alcanzó la presidencia mediante una moción de censura. No aceptan que el PSOE haya ganado desde entonces dos elecciones generales sucesivas ni que haya logrado construir el primer gobierno de coalición de esta etapa democrática, con un partido situado a su izquierda en el espectro ideológico. Mucho menos, que esa coalición no haya saltado por los aires como muchos profetizaban y continúe campante su mandato, sacando adelante leyes con holgadas mayorías parlamentarias. Semejante insolencia no hay derecha ibérica que la resista. Pero ahora resulta que el gobierno socialcomunista ya no se contenta con ocupar ilegítimamente la Moncloa, sino que, además, pretende gestionar el mayor paquete de estímulos financiado por la Unión Europea en su historia: unos 800.000 millones de euros en cinco años, de los que 140.000 millones corresponderán a España, la mitad en transferencias a fondo perdido y la otra mitad en créditos blandos. Lo que faltaba. Esta es la gota que ha colmado el vaso. 

En junio pasado, la Comisión europea aprobó con la máxima calificación el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que presentó el Ejecutivo español para acceder a dichos fondos. En diciembre, al igual que los demás países, España recibió la partida de prefinanciación, en su caso de 9.000 millones de euros. Este mes de enero, se convirtió en el primer estado en recibir un primer desembolso, de 10.000 millones, en medio de encendidos elogios de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, quien, por cierto, no es una compinche bolivariana de Sánchez, sino una egregia figura del Partido Popular Europeo, del que el PP forma parte. Es demasiado dinero. ¡Y el que falta por venir!

La derecha no está dispuesta a asistir cruzada de brazos a que el enemigo tenga tan jugosa sartén económica por el mango. Hay que arrebatársela a como dé lugar. Casado y Abascal saben muy bien -como también lo sabrá Sánchez, que de tonto no tiene un pelo- que el dinero es poder. Y que el reparto de tan colosal fortuna, incluso si se realiza con la mayor transparencia del mundo, suele granjear agradecimientos y amistades y afianzar la posición del gobierno que la gestiona. Por eso intentaron por todos los medios, por fortuna sin éxito, impedir que la UE aprobara los fondos a España, sembrando dudas sobre la capacidad del Ejecutivo para manejarlos. Y por eso intentan tozudamente evitar que el dinero siga llegando al país, argumentando que el Gobierno lo utilizará para comprar votos de los jóvenes, que los territorios gobernados por el PP sufrirán discriminación en el reparto de la tarta, que la falta de controles facilitará la corrupción, etcétera.

La ofensiva de Casado carece de parangón en la UE. En varios países se han producido enconados debates políticos sobre el reparto regional de los fondos, pero en ningún caso se ha llegado al extremo de poner en riesgo la recepción de los recursos, como lo está haciendo el líder del PP en su afán por aguar la fiesta a Sánchez. Casado no ha vacilado en aliarse con los ‘halcones’ fiscales de la Unión, encabezados por Holanda y Dinamarca, para reclamar un endurecimiento de los requisitos y controles para el acceso a los fondos, lo que podría traducirse en demoras para la llegada del dinero a países como España. Y, en su campaña de desprestigio contra el Gobierno, ahora amenaza con llevarlo a los tribunales si no garantiza una “gestión objetiva” de los recursos que los blinden de cualquier atisbo de “corrupción”. Una ofensiva judicial en la que ya se le ha adelantado su rival Díaz Ayuso, que ha llevado a los tribunales el reparto territorial de los fondos, y a la que aspiran a sumarse otros barones del partido para no quedarse atrás.

La Comisión europea ha manifestado su confianza en la estructura que ha creado el Gobierno para la gestión del dinero, bajo el paraguas de la Secretaría General de Fondos Europeos, dependiente del Ministerio de Hacienda. Y ha recordado que la propia Comisión ha montado un sistema de seguimiento en tiempo real del uso que los distintos países estén dando a los recursos. En cuanto al reparto de las partidas, y más allá de que pueda haber críticas justificadas en algún caso, este periódico ha demostrado que el 44% del total entregado ha recaído en las seis comunidades gobernadas por el PP, siendo Andalucía la más beneficiada hasta el momento. Y que cuatro de las seis comunidades que reciben más dinero están en manos conservadoras.

¿Hay riesgo de corrupción en la gestión de los fondos? Por supuesto. Esa posibilidad siempre está al acecho de las debilidades humanas. Pero para enfrentarlo está la acción de los órganos de control y los tribunales, como bien lo está experimentando en carne propia el PP con su ristra de escándalos particulares de corrupción. ¿Existe una discriminación deliberada contra territorios gobernados por la derecha en el reparto del dinero? Más allá del bullicio que están armando en Génova y en algunas baronías regionales, tendrán que demostrarlo. Por cierto, también algunos barones socialistas se están quejando por no recibir más de lo que desearían.

Pero no nos engañemos: estos no son los problemas que más inquietan a la derecha. Lo que le inquieta realmente, lo que la saca de quicio, es que está llegando mucho dinero a España y no es ella quien controla los multimillonarios recursos.

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