El nudo gordiano de Sánchez

No se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho

Aristóteles

La madre del cordero de la futurible amnistía, en vías de negociación, es si es lo mismo cortar que desatar o si es posible cortar cuando no quisiste desatar. Exactamente la cuestión del nudo gordiano y Alejandro Magno, aquel nudo cuyo final aseguraba la conquista de Oriente o, en este caso, la de una nueva legislatura. Recuerden la leyenda griega. El oráculo reveló que gobernaría Frigia –sí, la que más tarde nombró el gorro republicano– el que lograra pasar las puertas de la ciudad con un cuervo posado sobre su carro. Lo logró Gordias, un campesino con su yunta de bueyes uncida al carro que luego dejó en prueba de agradecimiento en el templo. El nudo de la cuerda del yugo parecía indesatable, de hecho la leyenda concluía que sólo quien lo desatara podría llegar a conquistar el Oriente. Y allí que llegó Alejandro Magno y se plantó ante el embarullado nudo que nadie lograba desatar. ¿Qué hizo el gran Alejandro? Aplicar una solución imaginativa, inesperada pero efectiva: sacó su espada y de un golpe lo cortó. “Es lo mismo cortarlo que desatarlo” dicen que dijo. El propio Fernando el Católico retomó el lema usando el yugo como divisa: “Tanto monta cortarlo como desatarlo”. 

El nudo gordiano de Pedro Sánchez es la condena penal del procés y se apresta a cortarlo aunque, es necesario añadir, nunca intentó desatarlo. Lo complicado es que pretende cortar de un golpe certero el nudo sin que sufran o protesten o griten los que se encargaron de enmarañarlo. Ese es el problema central. El nudo gordiano de Sánchez lo ataron jueces y fiscales –no todos, claro, ahí está el solitario fiscal Estirado; aunque los que no lo ataron, callaron– y los gritos de queja previos al espadazo ya se han comenzado a oír. Algunos están dispuestos para ello a saltarse sus constricciones constitucionales enviando una vergonzante carta a Bruselas, un verdadero panfleto político, como han hecho los representantes de la Asociación de Fiscales, sin consulta conocida a sus afiliados, dejando por los suelos a todas las instituciones democráticas de su país, incluido el Constitucional, y a la chita callando.

La cuestión es tan compleja y lleva aparejado un enfrentamiento de tal magnitud, que el propio candidato a la investidura vacila a la hora de plantearlo. Así, dijo en la ONU que “la crisis política nunca habría tenido que derivar en una acción judicial”, lo que equivale a decir que no se cometieron delitos y que el derecho penal no debió entrar o, lo que es lo mismo, que hubo actuaciones espurias por parte de fiscales y magistrados. Luego ha enviado a contar que su relato va a plantear la amnistía en términos de herramienta política para la convivencia y no como una enmienda a la Justicia. A ver si nos entendemos, la amnistía implica el reconocimiento de que se aplicó de forma espuria el derecho penal. Es lo que consideran los políticos catalanes, es lo que defendieron antes de ser silenciados 300 catedráticos y profesores de derecho penal y derecho constitucional, es lo que ha admitido a trámite el TEDH y es lo que subyace en la cuestión.

Tanto es así que la loca carta de los fiscales conservadores al comisario de Justicia de la UE –esa carta que inician hablando de investiduras, pactos, partidos, candidatos, o sea de política, y de una ley que no existe aún ni el proyecto– manifiesta claramente que: “con la concesión de la amnistía se desapodera a los jueces de la facultad de perseguir delitos” o que “implicaría la deslegitimación de la actuación del Poder Judicial” y que “estaría reconociendo que las condenas y los procedimientos no tendría que haberse producido”. Ahí les duele. Ahí reside el nudo gordiano. Si se hubiera ido desatando el montaje, si se hubiera al menos dejado que en la opinión pública cupieran las dudas sobre el proceso salvador de la patria emprendido por las togas, ahora no sería tan brusco el viraje y quedaría alguna opción para deshacer el nudo sin tajarlo. No son sólo los fiscales los que gritan el honor corporativo herido sino también los jueces. “Nos preocupa que el presidente del Gobierno traslade la idea de que el Poder Judicial actuó de una manera ilegítima o indebidamente” –dice la Asociación Francisco de Vitoria por boca de su portavoz–, “no es necesario deslegitimar a todo el sistema judicial (...) para conseguir un objetivo político”. O bien como afirma Chus del Barco de la APM para oponerse a tal medida: “La vía judicial se inició porque cometieron actos delictivos... el propio Sánchez lo aplaudió”. Y, por último, Portillo de la FJI, “la vía judicial se empezó no por opciones políticas sino porque se habían cometido delitos”.

Justo esos delitos que los expertos en Derecho –trescientos, ¿eh?, que no es que lo diga yo– intentaron explicar que no se habían producido porque los hechos no encajaban en los tipos, aunque luego lo hayan hecho de forma “imaginativa”. Eso por no hablar de las vulneraciones del principio de legalidad, del juez predeterminado por la ley –la falta de competencia de la AN vicia de nulidad todo lo que siguió y los propios juristas lo advertían–, que están pendientes de la resolución de los tribunales europeos. Si todas esas tropelías realizadas en nombre de la unidad de España y de la Razón de Estado se hubieran ido desatando una a una como algunos intentamos, según se producían, posiblemente nunca habríamos llegado a una condena ni a la situación actual. Pero una vez que no se desató y que ahora hay que cortar, ese golpe se asesta directamente sobre quienes llevaron a cabo lo que todos –incluidos los socialistas y el propio Sánchez– consideraron no sólo lícito sino necesario y digno de encomio. 

Ni con mil juegos de manos se puede conseguir que una amnistía no traiga a primer plano ese abuso llevado a cabo porque era útil o era lo que el pueblo, pertinentemente arengado, iba a respaldar en las urnas. Hay quien opina que ese descubrimiento brutal, el de que se doblegaron los derechos y se forzaron las leyes sustantivas y procesales porque el loable fin justificaba todos los medios, se produciría de cualquier modo y que si no se lleva a cabo por medio de una amnistía serán los tribunales europeos los que acaben escribiendo en sus sentencias cómo no importaron derechos ni formas a la hora de represaliar a los independentistas. En todo caso, no lo van a aceptar los de las puñetas. Decir que la Fiscalía y que el Supremo iban desnudos los deja a todos con el culo al aire. 

Ese es uno de los motivos por los que en la redacción del proyecto de amnistía se está cuidando especialmente que los términos no permitan a los tribunales que deban aplicarla bloquearla, más allá de la presentación de cuestiones de constitucionalidad que, es evidente, lloverán sobre un Tribunal Constitucional en el que no parecen creer los fiscales conservadores. Puestos a llevarse todo por delante, consideran implícitamente que ni su garante será capaz de defender esos principios constitucionales. Esos que ellos reclaman que defienda la UE ni más ni menos que aplicando a España, de forma preventiva, el artículo 7 del tratado, como hizo con Polonia: “Que inste al Reino de España para que se abstenga de promover una ley de amnistía como la pretendida”, tienen el cuajo de escribir, como si las iniciativas legislativas no procedieran de los grupos legítimamente elegidos por la soberanía popular y como si no hubiera mecanismos para impedir vulneraciones. Ahí ven que la lucha no conoce barreras ni siquiera las de la vergüenza que produce salirte de tu papel de asociación profesional para entrar en el lodo. ¡Ay, los cuatro jinetes!

Ese y no otro es el nudo gordiano que pretende cortar por lo sano Sánchez. Yerran los que creen que con un relato machacón van a impedir que los togados se revuelvan contra el tajo. Les va mucho en no reconocer cómo obraron o por qué callaron.