Paren de mentirnos

Isabel Díaz Ayuso encarna la peor forma de ejercer la política. La presidenta de la Comunidad de Madrid no es la única que pervierte hasta límites inaceptables la tarea encomendada tras ser elegida para encabezar un gobierno. Pero en su caso es especialmente grave porque está en juego la vida de muchos ciudadanos. Gobernar es gestionar el bien público, aprender a conciliar intereses, rectificar cuando se ha cometido un error y es también pedir disculpas cuando se provoca un perjuicio a los ciudadanos por errores atribuibles a la falta de planificación o la mala gestión de los recursos.

Para justificar su incompetencia, la presidenta de Madrid ha llegado a decir que su gobierno tuvo que escoger entre comprar aulas prefabricadas o respiradores. Lo afirmó solo unos días después de anunciar una nueva rebaja de impuestos intentando así acercarse a su promesa electoral de convertirse en la presidenta que impulsaría “la mayor bajada fiscal de la historia de Madrid”. La cuestión es que esta comunidad lleva años abandonando tanto la educación como la sanidad públicas, años sin pensar ni en aulas ni en respiradores.

Uno de los estudios más exhaustivos, el informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales sobre la evolución del gasto en políticas sociales entre 2009 y 2018, constató que Madrid era la autonomía con menos gasto por habitante. Según sus cálculos, se destinaban 1.154 euros al año por madrileño a Sanidad y 691 a Educación. La diferencia entre Madrid y Extremadura en el gasto social es de un 37,3%.

Esperanza Aguirre, madrina política de Ayuso, no contenta con construir más hospitales privados y aumentar partidas para las escuelas concertadas y privadas, recortar becas o incluso congelar becas comedor, decidió perdonar impuestos a los contribuyentes más ricos y convertir esta autonomía en un paraíso fiscal para las grandes fortunas del resto de comunidades. Es el conocido 'dumping' fiscal que en la práctica se ha traducido en que el 70% de los españoles que poseen más de 30 millones de euros tengan el domicilio fiscal en la Comunidad de Madrid. Un informe del Laboratorio de Análisis de Política Públicas del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, IVIE, conocido esta semana, calcula que Madrid deja de ingresar más de 4.100 millones de euros anuales, unos 636 euros menos por madrileño, por los beneficios fiscales que ha introducido en los impuestos en los que tiene competencias. Maquilla este descenso con el efecto capitalidad, como demuestra el hecho de que el 72% de los contratos públicos del sector estatal corresponden a Madrid. El porcentaje alcanza el 87% si lo que se mira es el importe adjudicado. Con estos datos se entiende que el presidente valenciano, Ximo Puig, haya definido a la comunidad talismán del PP como “una aspiradora que genera desigualdades en España”. Pasqual Maragall lo advirtió en términos parecidos hace ya más de dos décadas pero ni los suyos le escucharon.

“Madrid es España dentro de España. ¿Qué es Madrid si no es España?”, se pregunta Ayuso en un juego de palabras que en realidad resume a la perfección cuál es su concepción de España. Para ella lo que hay fuera de Madrid no existe. La cuestión es que con su gestión está demostrando que ni tan siquiera le importa todo Madrid ni todos los madrileños. Porque si gobernase para todos habría escuchado a los expertos sanitarios que alertaban desde hacía semanas de que la cifra de contagios se estaba descontrolando y reclamaban medidas restrictivas, esas que otras comunidades habían adoptado incluso con datos que ni de lejos eran tan alarmantes.

Los epidemiólogos colocan el nivel de transmisión preocupante a partir de tasas de 200 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. La Comunidad de Madrid empezó esta semana con una media de 682 casos, una incidencia que duplica la del total de España y quintuplica la de Francia, según los informes del Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades Infecciosas. Solo tres zonas de Madrid estaban por debajo de esos 200 casos a partir de los cuales deben saltar todas las alarmas. Aun así, el gobierno de Ayuso optó por unas medidas que ella misma ha reconocido que eran insuficientes.

 “No tiene sentido aplicar medidas en algunas zonas y no hacer medidas adicionales en otras”, le contestó el martes a Carlos Alsina. Claro que no tiene sentido, ni lo tenía tampoco el viernes cuando ella misma anunció esas restricciones insuficientes. No le busquen una explicación lógica porque no la tiene. El día antes había expresado su disposición a hacer autocrítica pero en vez de asumir algún error optó por achacárselos todos al Gobierno central (con Pedro Sánchez de cuerpo presente). Los compañeros Raúl Rejón y Fátima Caballero recogieron en una información las mentiras y medias verdades que la presidenta soltó en esa comparecencia, desde insistir en que el aeropuerto de Barajas es un “coladero” para los contagios a negar que Madrid es la autonomía que tiene los hospitales más colapsados. En su estrategia de tapar una barbaridad con otra llegó a afirmar que “la COVID-19 trae necesidades aparejadas, como los problemas de delincuencia, okupación y los de los menores no acompañados”. ¿Qué más tiene que pasar para que la presidenta Ayuso deje de mentir?