Pasarse la ley por el forro de la toga

Lo que el ciudadano debe saber del Consejo General del Poder Judicial no es tanto que su presidente haya amenazado con dimitir, sino por qué no ha dimitido antes. Carlos Lesmes ha echado un pulso a los partidos políticos para que renueven, tras casi cuatro años de bloqueo, el órgano de gobierno de los jueces, pero no lo ha hecho por España, ni por la deteriorada imagen de la Justicia, sino por su prestigio, si es que a estas alturas le queda crédito alguno. Podría haberlo hecho al día siguiente de que venciera su mandato, y no lo hizo. 

Lo que el ciudadano debe saber sobre el lío de la Justicia no es tanto que Gobierno y PP no se pongan de acuerdo en los nombres del CGPJ como que el principal partido de la oposición se niega a cumplir con un imperativo constitucional que le obliga a renovar en tiempo y forma el órgano de gobierno de los jueces. 

Lo que el ciudadano debe saber de todo este embrollo delirante es que quienes se sientan en ese Consejo fueron elegidos para un mandato de cinco años y llevan ya en el cargo más de ocho. ¿Imaginan si Pedro Sánchez perdiera las elecciones y se negara a abandonar La Moncloa? Pues algo parecido.

Lo que el ciudadano debe saber del galimatías de la Justicia que abre estos días portadas e informativos no es tanto que Alberto Núñez Feijóo, tras un duro discurso de Lesmes, se ofrezca ahora a negociar -con condiciones- como que el PP ha mantenido el bloqueo para contar en el CGPJ y también en el Constitucional con una mayoría que ya no existe en el Parlamento, con el único objetivo de hacer y deshacer a su antojo en los nombramientos judiciales y condicionar no pocos pronunciamientos.

Lo que el ciudadano debe saber además es que hay una ley que obliga a esos vocales del CGPJ a nombrar a dos magistrados para el Tribunal Constitucional antes del 13 de septiembre y que los representantes del sector conservador se niegan a cumplir el mandato legal para que el PP mantenga también en el TC la mayoría de la que carece en el Congreso de los Diputados. Dicho de otro modo: se declaran en rebeldía.

Lo que el ciudadano debe saber no es tanto de reformas legislativas o renovaciones por tercios, como de que las leyes están para cumplirlas y que a ello nos obligan a todos pero que hay jueces que se la pasan por el forro de la toga.

Lo que el ciudadano debe saber también es que, pese al bloqueo del Consejo, el PP de Casado alcanzó un acuerdo por escrito con el Gobierno para renovar el TC y que Feijóo, “el moderado”, lo ha convertido en papel mojado.

Lo que el ciudadano debe saber también es que el Constitucional está pendiente de pronunciarse sobre leyes tan importantes como la del aborto, la eutanasia o la Educación y que los derechos no son conquistas perpetuas porque hay tribunales que pueden revocarlos, como ha ocurrido en EEUU con la interrupción del embarazo por obra y gracia de los nombramientos que Donald Trump hizo para el Supremo.

Lo que el ciudadano debe saber es que en la calle Génova, durante el mandato de Teodoro García Egea, se hicieron encuestas para testar si la opinión pública penalizaba su actitud obstruccionista en la Justicia y comprobaron que el asunto no les restaba un solo voto. Por eso decidieron mantener el bloqueo sine die. 

Lo que el ciudadano debe saber es que no hay garantía de que una hipotética renuncia de Lesmes pueda precipitar la renovación del CGPJ y los nombramientos del Constitucional por muy en el aire que quedase el órgano de los jueces, ya que la ley establece que un Consejo en funciones no puede proceder a la elección de un nuevo presidente.

Lo que el ciudadano debe saber no es que estemos ante una lucha por el control partidista del Poder Judicial, sino que los jueces no cumplen con la ley ni el PP con la Constitución y que estamos ante una crisis institucional de envergadura, cuya responsabilidad recae, no por igual como apunta Lesmes sobre PSOE y PP, sino solo sobre  la derecha política y judicial que se niegan a reconocer una mayoría que salió de las urnas y que es la que hay en el Parlamento.

Lo que el ciudadano debe saber, en definitiva, es que tanto el PP como los vocales del sector conservador del CGPJ tienen un nulo respeto por la democracia, la ley y la Constitución.

No se hagan líos porque no se trata de otra cosa.