Lesmes amenaza con dimitir “en semanas” si no se renueva el Poder Judicial

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha amenazado con presentar su dimisión “en semanas” si no se renueva el órgano de gobierno de los jueces, que camina hacia los cuatro años con el mandato caducado. En un corrillo con periodistas en el acto solemne de Apertura del Año Judicial, Carlos Lesmes ha aclarado que su idea es dejar culminadas o, al menos encarriladas, las negociaciones para la renovación del Tribunal Constitucional y, después, marcharse si se mantiene el bloqueo en la institución que preside desde 2013.

Previamente, durante su discurso había reprendido a las fuerzas políticas por la situación de parálisis en la que se encuentra el CGPJ. Lesmes ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo —presente en el Palacio de Justicia— que se  reúnan “con urgencia” para pactar la renovación “en las próximas semanas” y pongan fin a una situación que ha calificado de “insostenible” e “inaceptable”. Ha pedido que se pacte la renovación y que, de no hacerlo, se restituyan las competencias del CGPJ. Es decir, que se le permita seguir haciendo nombramientos clave en la cúpula de los principales tribunales. “Un deber que dimana de la Constitución no puede subordinarse a razones de oportunidad política”, ha añadido.

Si no ocurren ninguna de las dos cosas ha abierto la puerta a presentar su dimisión, un movimiento que había anticipado de forma velada en su discurso ante ante el rey Felipe VI, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, la ministra de Justicia y la Sala de Gobierno del Supremo. En esa intervención ha dicho que la renuncia colectiva que han solicitado sectores de la judicatura como vía para facilitar la renovación sería “irresponsable” e “inaceptable”. No obstante, ha calificado de “admisibles” las renuncias individuales, al tiempo que ha asegurado que si no se atiende su llamamiento sería preciso “reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones” que ni quiere ni le gustan.

Ha sido la primera vez que se ha pronunciado en estos términos en un discurso y que ha valorado en público su dimisión como “una opción posible”, según ha recalcado a los periodistas durante los corrillos posteriores a la ceremonia solemne. El acto celebrado este miércoles en la sede del Tribunal Supremo ha tenido lugar en un momento en que parecen estar en vía muerta las conversaciones entre los partidos para renovar el CGPJ, que también vive momentos de máxima tensión. Este jueves está previsto que se celebre el pleno en el que los vocales deberían elegir a los dos magistrados del Constitucional que les corresponde nombrar, si bien esas designaciones previsiblemente no se producirán por el boicot de los vocales conservadores.

Renovación conjunta

En conversación con los periodistas tras el discurso, Feijóo ha comentado que él está dispuesto a mantener un encuentro con Pedro Sánchez cuando éste le llame, pero que solo se sentará si se aceptan las condiciones fijadas por el PP. La ministra de Justicia, Pilar Llop, le ha instado a poner mañana mismo los nombres para renovar el CGPJ, pero que “lo haga sin condiciones”. Ambos han hablado informalmente en un corrillo al que también se ha sumado el presidente Lesmes y el rey Felipe VI.

Por otro lado, ha reaccionado la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que ha asegurado que la no renovación del CGPJ no es por una crisis institucional ni por falta de entendimiento, sino porque “el PP se niega”.

Ya por la tarde, el PP se ha desmarcado con un comunicado en el que da otra vuelta de tuerca al bloqueo al que están sometidos los órganos judiciales y reclama participar en el nombramiento de cuatro magistrados del tribunal de garantías que le corresponden expresamente al Gobierno y al propio CGPJ, informa Aitor Riveiro.

“El PP tiene la máxima disposición para sentarse con el Gobierno, abordar la reforma del Poder Judicial y, bajo unos requisitos mínimos de independencia, la renovación conjunta del Tribunal Constitucional y del CGPJ”, ha asegurado el partido de Feijóo en un comunicado remitido a los medios después de la amenaza de dimisión de Lesmes si los vocales conservadores del órgano de gobierno de los jueces hacen efectivo el boicot a la reunión que este jueves debe servir para que el CGPJ designe a los dos nuevos miembros del Constitucional que le corresponden.

El Gobierno, por su parte, ha denunciado este miércoles que el PP “se envuelve de nuevo en excusas para no cumplir con el mandato constitucional de renovar el CGPJ en tiempo y forma” por añadir “un pretexto más a sus maniobras dilatorias” frenando dicha renovación. “Otra vez queda constatado que, ante la Constitución sólo hay dos actitudes, cumplirla en todos sus puntos, como defiende el Gobierno, o interpretarla a conveniencia y obstruir su cumplimiento, como insiste en hacer el PP”, han explicado fuentes del Ejecutivo. “El Gobierno siempre ha tenido y sigue teniendo la disponibilidad de renovar el CGPJ bajo la ley actual y bajo el mandato constitucional. Se puede hacer hoy mismo”, zanjan las fuentes de Moncloa.

“Estropicio” en la Justicia

El bloqueo a la renovación del CGPJ se ha mantenido desde 2018 por la falta de acuerdo político para la renovación de sus veinte vocales, que tiene que ser acordada por una mayoría de tres quintos de los miembros de las Cortes Generales. El Partido Popular se ha resistido durante todo este tiempo a perder su poder en una de las instituciones clave del Estado, la que decide qué jueces ascienden a los más altos puestos de la judicatura. El actual órgano de gobierno de los jueces cuenta con diez vocales elegidos a propuesta del PP, seis del PSOE, una de IU y otro del PNV. Al frente está Lesmes, que fue alto cargo en los gobiernos de José María Aznar. En el último año ha perdido a dos de sus miembros, Rafael Fernández Valverde, que se ha jubilado; y Victoria Cinto, que falleció el pasado junio. Ninguno de los dos ha podido ser sustituido. 

En su intervención, Lesmes ha alertado de las consecuencias que está teniendo para el sistema judicial el bloqueo a la renovación del CGPJ y la reforma que impide hacer nombramientos en la cúpula judicial con el mandato caducado, aprobada en marzo de 2021. Lesmes ha incidido especialmente en la situación en el Tribunal Supremo, que ha perdido más de una decena de jueces por jubilaciones y fallecimientos sin que se hayan podido cubrir esas vacantes. Se trata, ha aseverado, de una situación “límite” que en unos meses serían “insostenible”. 

Hasta la aprobación de esa norma, el CGPJ había realizado 74 designaciones en los principales tribunales, 21 de ellos en el Supremo, donde se consideran especialmente sensibles porque esos puestos, salvo renuncia, se mantienen hasta la jubilación, fijada para jueces y magistrados a los 72 años. Esa norma fue promovida por PSOE y Unidas Podemos y contó con un amplio respaldo parlamentario.

A juicio del presidente del CGPJ, sin embargo, esta norma ha tenido unos efectos “devastadores” y ha asegurado que sólo en el Tribunal Supremo hay 14 vacantes sin cubrir de una planta de 79 magistrados. “El estropicio es tan grande que no se había producido una situación semejante en la cúpula de la Justicia española en toda la historia de nuestra democracia”, ha insistido. 

Lesmes también se ha mostrado favorable a un cambio en el actual sistema de elección de los vocales, en el que los jueces hacen una criba de medio centenar de nombres y luego los partidos eligen siempre que alcancen esa mayoría en las Cámaras. Se trata, a su juicio, de un modelo instalado en “una crisis de difícil salida” y que debe ser reformado de manera “ineludible” con “la mayor urgencia posible”. No obstante, ha pedido que esa hipotética reforma se haga una vez renovado el actual CGPJ.

“Autonomía y transparencia”

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dado positivo por COVID y no ha podido acudir al acto, en el que se presenta la memoria anual de la institución. Su discurso lo ha leído, en su nombre, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde. Ante las autoridades presentes, Sánchez Conde ha reclamado una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la ley que regula la estructura y el funcionamiento del Ministerio Público, para conseguir mayores cotas de autonomía en los ámbitos “presupuestario, organizativo, normativo y formativo”. No obstante, mientras esa reforma no sea una realidad se ha comprometido a impulsar “modificaciones parciales” encaminadas a “conquistar mayores parcelas de autonomía y transparencia”. 

La fiscal ha ensalzado la importancia de hacer “equipo” para que el Ministerio Público alcance las más altas cotas de “eficiencia y utilidad pública” y ha reiterado que las “víctimas” son la “prioridad”. “Han de ser amparadas y defendidas. Su testimonio —en muchas ocasiones imprescindible para la persecución del delito— no debe significar una carga, un elemento violento o desgarrador”, ha aseverado. Parte de su discurso ha estado centrado en los procedimientos sobre delitos de odio, que durante el último año se han incrementado en un 27%. A este respecto, ha alertado de la creación de un “clima de hostilidad” hacia determinados colectivos que favorece la ejecución de acciones violentas. “La experiencia acumulada (...) permite comprobar que ”la palabra precede a la acción“, ha afirmado.