Privatización de la Sanidad: ¿capitalismo o clientelismo?

Las protestas contra el planificado deterioro de los servicios de la sanidad pública en Madrid reflejan, por fin, la comprometida reacción por una parte mayoritaria de la ciudadanía. Pero esta no durará mucho. Los movimientos de protesta se definen hoy día más por el rechazo que por la definición de un programa concreto de medidas a adoptar o de principios para guiar la acción. Precisamente por ello, las energías protestatarias suelen perderse en un ambiente de frustración, desidia y cinismo. Un reflejo de ello es el lenguaje que se suele utilizar para criticar lo existente: lo que sucede en la Comunidad de Madrid sería una consecuencia del capitalismo neoliberal reinante, que pretende imponer la supuesta mano invisible del mercado a todo tipo de servicios públicos. Un ente incorpóreo y casi intemporal al que, por tanto, no hay manera de meterle mano.  

Las causas y las consecuencias de este fenómeno de vacío intelectual y discursivo han sido tratadas en el último libro de José Manuel Naredo, ‘La crítica agotada. Claves para el cambio de civilización’. Según Naredo, tenemos a nuestra disposición una interminable lista inflacionaria de términos vacíos -capitalismo neoliberal, desarrollo sostenible, mercado, incluso democracia…- que nos distraen de los problemas tal y como estos son. 

En el caso de la progresiva expropiación sanitaria que vivimos, pocas opiniones han subrayado la descomunal pero concreta red clientelar que detenta las principales decisiones adoptadas. Se trata de un entramado de intercambio legal, alegal y silencioso con una serie de componentes y beneficiarios que pueden quedar manifiestamente claros tras una observación de los datos que están disponibles a partir de numerosas fuentes oficiales.  

Es posible que el primero a analizar sea el consejero de Hacienda, Economía y Empleo, el madrileño Javier Fernández-Lasquetty. Lasquetty, que en su juventud fuera líder de las Nuevas Generaciones del Partido Popular en el barrio de Salamanca, fue consejero regional de Inmigración (2007-2010) y de Sanidad (2010-2014) en los Ejecutivos presididos por Esperanza Aguirre e Ignacio González, abandonando después la política. Ahora, desde Hacienda, donde se encuentra a cargo del presupuesto regional, opera con la mayor influencia política de su vida y promueve continuas rebajas fiscales que tendrán consecuencias en las decisiones de gasto público de los próximos años.  

Algunas declaraciones de Lasquetty en el pasado facilitan la comprensión del actual rumbo de la región. En la primavera de 2016, este figuraba como vicerrector de la guatemalteca Universidad Francisco Marroquín, un centro de credo ultraliberal tributario de la organización internacional Mont Pelerin Society. Su jefe allí, Gabriel Calzada, había propuesto la privatización completa del sistema sanitario español durante la pasada crisis financiera: “Necesitamos un copago, sí. Un copago del 100% que convierta al paciente en el soberano del mercado médico, y la devolución de los impuestos que van a financiar este enfermizo y deficitario sistema público de salud”. 

En línea con Calzada, presidente del anarcocapitalista Instituto Juan de Mariana, el consejero Lasquetty escribía desde su exilio ideológico, en el que se expresaba dramáticamente sobre su pasada marcha de la gestión pública: “Dimití al no poder hacer aquello en lo que creía. Dejé la política y hoy estoy muy lejos física y mentalmente de ella, en un tiempo en que ser liberal en España es llorar”. El proceso de privatización impulsado por este cuando ejercía de consejero de Sanidad había quedado obstaculizado por el Tribunal Superior de Justicia autonómico. Lasquetty lamentaba la pervivencia de los “anticuados dogmas socialistas sobre la Sanidad”, que se traducían en “hospitales gestionados por funcionarios”, un sistema ineficiente con trabajadores “con el puesto asegurado de por vida”.  

Otros altos cargos de la Consejería de Hacienda, Economía y Empleo señalan en la misma dirección: el viceconsejero de Economía, Manuel Llamas, periodista de tendencia ultraliberal anteriormente afincado en el periódico de Federico Jiménez Losantos, Libertad Digital; y el director general de economía, Juan Manuel López Zafra, autor de un libro que propone la vuelta al patrón oro internacional. Además, el viceconsejero de empleo, Alfredo Timmermans, ex director de gabinete del expresidente Aznar y ex secretario de Estado de Comunicación durante el 11M, cuenta con una amplia experiencia de quince años como alto ejecutivo de la multinacional Telefónica.  

Los perfiles más corporativos de la red conformada por la Comunidad de Madrid en esta última década y media pueden quedar someramente completados con los ex consejeros de Sanidad Manuel Lamela (2003-2007) y Juan José Güemes (2007-2010). El primero de estos, abogado del Estado, se sitúa en el principio del proceso privatizador, con los primeros años de Esperanza Aguirre como inesperada presidenta. Tras su abandono de la política, Lamela ha contribuido a la proyección de un enorme entramado de servicios sanitarios privados cuya prosperidad había favorecido desde el poder público durante los años previos. Uno de los nombres más recurrentes en este es la empresa Capio, un consorcio de hospitales privados fiscalmente óptimo, y matriz, además, de la firma privada de análisis clínicos Unilabs. En Unilabs figuró precisamente el exconsejero sanitario Juan José Güemes, yerno del expresidente de la diputación de Castellón, Carlos Fabra. Güemes había privatizado el servicio de análisis clínicos regional y se vio finalmente obligado a abandonar el consejo de la principal empresa concesionaria.  

Pero detrás de todos estos perfiles merece mención uno de los mayores cerebros grises: el médico Antonio Burgueño. Procedente de las mayores empresas adjudicatarias de servicios sanitarios (Adeslas, entre otras), Burgueño fue el principal asesor de los ex consejeros Lamela y de Lasquetty para la externalización de diferentes servicios sanitarios. A este se debe el proyecto de la privatización de la gestión del hospital de Alzira, en Valencia. Dicha gestión fue adjudicada a la empresa Ribera Salud, en cuyo aparato directivo figuraba uno de los hijos de Burgueño. Su hija Encarnación, carente de formación médica alguna, quedó, en marzo de 2020, a cargo de la atención médica a las residencias. El resultado ya lo conocemos.  

Familias y hasta sagas que estructuran el futuro de un servicio, el sanitario, del que depende nuestra salud y, de paso, la supervivencia de quienes solo cuentan con un ambulatorio o un hospital público como salvaguarda. Mientras culpamos a una supuesta mano invisible que el filósofo moral Adam Smith apenas nombró, y no sin cierta ironía, en su libro doctrinario, las redes clientelares, las visibles formas de un infinito intercambio de favores, siguen cerrándose sobre nuestro futuro. No hay poder que sin una respuesta contraria ceda en sus pretensiones. Y no hay bienestar real y duradero que no pueda construirse sin una lucha constante y organizada. Ha llegado la hora: la de ser responsables.