Ante los rebrotes, ¿neohigienismo o derecho a los cuidados?

Edificio de Santander en cuarentena obligatoria por el brote de coronavirus.

Han pasado ya 15 semanas desde que se decretó el estado de alarma por la crisis sanitaria de la COVID-19. Sin ser del todo conscientes de las implicaciones que pueden tener en nuestros derechos, hemos asumido como necesarias las medidas sanitarias, higiénicas y de control que se van adoptando por parte de las administraciones públicas. De esta forma, un nuevo orden se abre paso en la sociedad normalizando las intervenciones de seguridad y vigilancia sobre nuestras vidas (y nuestros cuerpos) por parte el Estado, de las administraciones públicas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En la búsqueda de garantizar la salud colectiva e individual hemos integrado, con relativa naturalidad, imágenes como las que estamos viendo estos días ante los rebrotes que se dan en distintos puntos de España. Sin hacernos muchas preguntas, vemos cómo entre las personas contagiadas hay trabajadores temporeros que vivían en condiciones de hacinamiento, en asentamientos e infraviviendas. Y como si vivir en estas condiciones fuese responsabilidad de los propios temporeros, leo noticias que hablan de que "es que viven muchos en pisos pequeños". La preocupación es el virus y que este no se expanda (natural), pero esto no es incompatible con la evidencia de la flagrante vulneración de los derechos que hay detrás, los de las personas migrantes que trabajan en nuestros campos.

Sería este el momento perfecto para comprender por qué se pide una regularización, inspecciones de trabajo en el campo y la intervención pública para garantizar un alojamiento digno. Sin embargo, lo importante es lo 'higiénico' del asunto. Nadie asume la responsabilidad política y laboral que implica que haya personas a las que se viola su derecho a la salud porque trabajan en condiciones precarias y viven en lugares indignos siempre, también en este tiempo de pandemia. Para el planteamiento neohigienista, la responsabilidad de administraciones y empleadores no existe, no la ve porque mira solo la necesidad de vigilar el brote.

Un enfoque miope y racista que niega el derecho a los cuidados por el color de la piel y por nacer fuera de España. Si la prioridad es evitar la transmisión de la COVID-19, la prioridad debe ser garantizar y proteger los derechos de quienes no es que se hayan quedado atrás con esta crisis sanitaria y económica, sino que nunca estuvieron presentes en las políticas públicas y tampoco lo están ahora.

Mientras, en el relato de respuestas posibles para evitar los rebrotes hemos integrado el mensaje de que es el aislamiento, el lavado de manos y el distanciamiento físico la manera más eficaz de lograrlo y, en su defecto, vemos normal que se adopten medidas coercitivas de control y vigilancia, en vez de reconocer derechos o replantear de raíz cómo el Estado y sus sistemas de salud, protección y cuidado han de llegar a todos si discriminación. Se transfiere así la responsabilidad a la sociedad y a sus estilos de vida. De forma congruente al sistema neoliberal, se externalizan los riesgos y los daños de la salud en cada individuo. Es su culpa.

De esta forma, a nadie parece extrañar la imagen inquietante de que haya dos policías nacionales custodiando la puerta de un bloque de viviendas de Santander que ha sido puesto en cuarentena por una orden de Salud Pública. Desde ese neohigienismo que va permeando en todos nosotros nos puede llegar a parecer una respuesta proporcionada el aislamiento total de cien vecinos durante diez días. Falsamente creemos que a mayor higiene y seguridad, mayor es el control de la pandemia. Realmente, ¿es así de sencillo?

Es responsabilidad de las administraciones públicas y también de los medios que entienden el periodismo como un servicio público trascender del titular que ofrecen esas imágenes y preguntarse qué les está pasando a las personas, titulares de derechos, que se ven contagiados en estos rebrotes. La pregunta podría ser cómo se están garantizando, durante esos diez días, los derechos de ese centenar de personas porque una cuarentena, en ningún caso, puede ser interpretada como una restricción de la libertad de las personas.

Las medidas de higiene como las cuarentenas, desde una lógica de derechos humanos, pueden implicar restricciones al derecho a la libertad de circulación y de movimiento de las personas, pero no pueden conllevar una privación arbitraria de su libertad como está sucediendo en ese bloque. Hoy sabemos que hasta les han acercado los cubos de basura a la entrada del portal (custodiado por dos policías) para que no pongan un pie en la calle. De esta manera se traslada a la opinión pública una idea equivocada (y peligrosa) de que la amenaza es, en este caso, este grupo de vecinos en vez del coronavirus.

La cuarentena debe servir para garantizar su salud, no para estigmatizarlos frente a la sociedad. De lo contrario, se pasa por encima del derecho a los cuidados para dar rienda suelta al neohigienismo. Es urgente que este tipo de medidas que se van a adoptar ante los rebrotes que están surgiendo (y van a surgir) se completen de manera activa con medidas de salud, entendiendo esta de manera integral y holística. De lo contrario, hay un riesgo real de que la sociedad –en la adopción de esas medidas extraordinarias post-estado de alarma– vaya naturalizando prácticas de control social contrarias a los derechos humanos recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Derechos que, en caso de ser limitados, deben respetar los Principios de Siracusa, tal y como señalan las orientaciones dadas desde la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas ante la situación provocada por la pandemia de la COVID-19.

El aislamiento/retención adoptado por Salud Pública en Santander me suscita dudas al no contar con información suficiente de cómo se está garantizando el acceso de ese centenar de vecinos a productos de primera necesidad como alimentos, productos de higiene, medicamentos, atención a su salud emocional y cuidados específicos en caso de necesitarlos.

La formulación de respuestas sanitarias basadas en la seguridad entraña un peligro cierto si no van acompañadas de medidas y políticas activas de cuidados que no estigmaticen a quienes son contagiados por el virus o no sirva para incidir en la discriminación y estigmatización que ya sufren socialmente. La pandemia de la COVID-19 no puede servir para instaurar de facto un régimen de control y vigilancia social y normalizar las prácticas, medidas y normas que restrinjan, vulneren o recorten derechos. Esa es una manera de dar una falsa tranquilidad en vez de hacer una inversión pública en políticas que garanticen el derecho a los cuidados.

Las respuestas basadas en el neohigienismo sanitario no dejan de ser una forma de disciplinamiento social que alejan a los gobiernos y las administraciones públicas de cumplir con sus compromisos en materia de derechos humanos y dañan la salud democrática porque la acercan más a un modelo paternalista y autoritario. Y como sociedad, esta crisis nos tiene que hacer tomar conciencia de que lo que necesitamos son sistemas de salud y de protección social públicos y fuertes, sistemas que sean capaces de cuidar, proteger y sanar. Cuidado con caer en la trampa del neohigienismo, porque este solo busca controlar, vigilar y castigar.

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