Respirar aire sano no es cuestión de ideología
La ofensiva de los partidos de derechas contra la zona de bajas emisiones Madrid Central y su proclama de revertirla si gobernaban en la ciudad estaba condenada al fracaso desde un principio. Y en el PP lo sabían.
Lo sabían porque esa medida no surgió por iniciativa del equipo de Manuela Carmena, sino en obligada respuesta al requerimiento de UE por el incumplimiento de la directiva comunitaria de calidad del aire en la ciudad de Madrid. Un requerimiento dirigido por las autoridades comunitarias al último gobierno de Mariano Rajoy.
Lo que hicieron Manuela Carmena y su equipo de movilidad urbana, con Inés Sabanés al frente, al ponerse al frente del Ayuntamiento de Madrid, fue atender esa queja de la UE y poner en marcha un plan para mejorar la calidad del aire en la ciudad.
Dicho plan, conocido como Plan A, incluía diversas medidas para pacificar el tránsito y promover el uso del transporte público y la bici urbana, entre ellas la creación de la zona de uso restringido del vehículo privado Madrid Central.
Así pues, Madrid Central no surge por una cuestión ideológica, sino por la urgente necesidad de cumplir con las exigencias de Bruselas para proteger a los ciudadanos de los altos niveles de contaminación generados por el tránsito de vehículos y para prevenir la multimillonaria sanción que se nos venía encima en caso contrario.
La puesta en marcha del Plan A fue tan convincente que la UE decidió suspender el procedimiento de infracción abierto contra España hasta conocer los resultados. Y los resultados no han podido ser mejores. A la espectacular bajada de los índices de contaminación (en algunos distritos se están recogiendo los más bajos de la historia) se une la mayor fluidez del tránsito en el centro y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.
Pero aunque los resultados de Madrid Central son indiscutibles, aunque han merecido el aplauso de la UE y está sirviendo de ejemplo para su implantación en varias ciudades de todo el mundo, aunque estamos hablando de una cuestión que debería quedar excluida del debate político y de toda interpretación ideológica, incluso desde ahí, desde un posicionamiento conservador, Madrid Central es indiscutible. Porque poner en riesgo el derecho de todos a respirar un aire sano es inconstitucional.
El Artículo 45 de la Carta Magna, incluido en el Título Primero sobre los derechos y deberes fundamentales, establece que “Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo” y señala también que “Los poderes públicos velarán por la utilización racional de los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente”.
Nadie que se tenga por constitucionalista, y mucho menos un cargo electo de una administración local, puede ni eludir el cumplimiento de ese mandato recogido en nuestra ley fundamental. Poner en marcha las medidas necesarias para mejorar la calidad del aire es una acción de responsabilidad institucional y no una cuestión de ideología. Y eso es lo que se ha hecho con la implantación de Madrid Central: cumplir con lo que ordena la Constitución.
Por eso resulta tan inaudito que tanto el PP como Ciudadanos, dos partidos que se autoproclaman máximos garantes y defensores de la Constitución, anunciaran en campaña y mantengan ahora (aunque cada día que pasa con voz más baja) su intención de revertir la medida más efectiva jamás puesta en marcha para “mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente” en la ciudad de Madrid. No lo van a hacer.
