Ruiz Gallardón, el hombre que no amaba a las mujeres
Mucho se ha escrito sobre el miedo que le produce al pensamiento político conservador la libertad y autonomía de las mujeres. La idea de que las mujeres tomen decisiones autónomas sobre su vida sexual y reproductiva revuelve el estómago ideológico de la derecha y del catolicismo institucional. Solo en este marco puede entenderse la propuesta gubernamental de modificar la Ley del Aborto promulgada en 2010. El miedo a que las mujeres decidan libremente sobre su maternidad es mucho mayor que las tensiones políticas que pueden darse en el seno del PP entre los sectores ideológicos moderados y los ultraconservadores.
En el año 2010, el gobierno socialista derogó la Ley del Aborto aprobada en 1985 y promulgó una nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva, en la que se incluía la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, estableciendo un plazo de 14 semanas para abortar libremente. Esta ley fue resultado de una intensa y larga lucha del movimiento feminista para que se reconociese la autonomía de las mujeres en la interrupción del embarazo. Sin embargo, el gobierno socialista no atendió una de las reivindicaciones históricas del feminismo, la retirada del aborto del Código Penal, como tampoco dio cabida legal a la realización de abortos en cualquier momento de la gestación debido a problemas de salud de la mujer embarazada.
La reforma que propone el Partido Popular está vinculada al modelo de sociedad patriarcal que habita en el corazón de los sectores ideológicos más ultras del catolicismo y de la derecha. En efecto, el sector político más conservador y reaccionario, que es el que parece que está ganando la partida política que se juega en el seno de los populares, tiene un modelo de sociedad más próxima al franquismo que a la democracia, en el que las mujeres deben ser definidas por su papel de fieles esposas y abnegadas madres. El subtexto ideológico de la derecha es que las mujeres son seres pasivos y defectivos que no pueden regular autónomamente su vida. Necesitan que la autoridad masculina interprete sus deseos, bien para interrumpirlos o bien para impulsarlos. Para este sector ideológico, la maternidad forma parte de un orden natural de las cosas imposible de alterar: es una fatalidad y un destino biológico ciego sobre el que las mujeres nada tienen que decir. Acabar con la ley de plazos y recuperar una ley de supuestos aún más restrictiva que la que se aprobó en el año 1985 apunta en la dirección de la restauración simbólica del viejo orden patriarcal y pone de manifiesto que los vínculos entre la derecha y el franquismo aún no se han roto.
Frente a ese imaginario conservador que niega la libertad y la capacidad de decisión de las mujeres, el pensamiento feminista y progresista reivindica otro imaginario bien distinto, en el que la maternidad debe ser un acto consciente, libre e intencional, resultado del deseo de las mujeres. El pensamiento crítico, que defiende la libertad y la igualdad de todos los seres humanos sin excepción, considera que la maternidad no es un destino biológico ciego sino un proyecto humano. Por eso afirma el derecho de las mujeres a decidir sobre su reproducción y su sexualidad y niega que puedan ser definidas como úteros.
La diferencia entre una ley de plazos y una de supuestos es que en este último caso la decisión de las mujeres está supeditada a la interpretación de los otros. La derogación de la ley de interrupción del embarazo es un golpe irreparable para la libertad y la autonomía de las mujeres, pues niega el reconocimiento de que las mujeres tienen derecho a tomar las decisiones sobre su maternidad libremente y sin el sometimiento a ninguna autoridad ajena a ellas mismas.
La nueva ley que quiere llevar al Parlamento el ministro más ‘centrista’ del ejecutivo no solo niega ese derecho sino que plantea dos problemas: el primero de ellos, explicado por Ruíz Gallardón en la línea de la jerarquía de la iglesia, deriva de la protección del no nacido frente al derecho de la madre. En este sentido, Celia Amorós se pregunta sobre la legitimidad de dar voz a los fetos para quitársela a quienes es claro y meridiano que la tienen, las mujeres. El segundo es la modificación del supuesto del riesgo de salud de la madre. ¿Qué ocurrirá con las mujeres a las que se les niegue la interrupción del embarazo? ¿Quién dictaminará qué mujeres pueden abortar? La respuesta ya la conocemos: las que tienen recursos siempre tendrán acceso a la casi totalidad de los países de la UE que han aprobado una ley de plazos. Las que tienen menos recursos tendrán la clandestinidad con el consiguiente riesgo de su salud.
Para concluir, la ley que prepara Ruíz Gallardón niega la libertad y el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad y, además, condena a las mujeres que no se acomoden a sus indicaciones y con pocos recursos a abortar en condiciones de precariedad sanitaria y riesgo penal. De modo, que recorta los derechos de todas las mujeres, pero más especialmente las de aquellas que están en situaciones de mayor vulnerabilidad.
