SLAPP o la bofetada a la información

El acrónimo SLAPP es tan poco conocido en España como el problema que esconde y que afecta a todos los ciudadanos. SLAPP son las siglas en inglés de “strategic lawsuit against public participation”, es decir, litigio estratégico contra la participación pública. Se refiere a acciones legales interpuestas por personas y entidades ricas y poderosas que están destinadas sobre todo a intimidar o desalentar a periodistas, activistas, investigadores u otras personas que difunden asuntos de interés público.

El término fue utilizado por primera vez por los catedráticos de la Universidad de Denver Penelope Canan y George Pring en los años 80. Su libro SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out (SLAPPs: Que te denuncien por levantar la voz) recuerda la larga historia de persecución legal a la prensa y otras voces incómodas. Pero no es casual que estos profesores de Sociología y Derecho se pusieran a estudiar este fenómeno en esa década de consolidación de las grandes corporaciones. El acrónimo es un juego de palabras con slap, bofetada, en inglés.

La bofetada cuando los más ricos y poderosos se gastan su tiempo y su dinero en procedimientos judiciales costosos y desmoralizadores no es solo para los reporteros y los medios para los que trabajan, sino para todo el público y su derecho fundamental a estar informado. Los periodistas tienen el deber de trabajar con diligencia para acercarse lo más posible a la verdad cuando es de interés público. Pero incluso cumpliendo con su tarea de la manera más cuidadosa pueden sufrir estos procesos que en España, a diferencia de otros países, incluso pueden ser penales, es decir, por delitos castigados con la cárcel.

Para evitar estos litigios que debilitan la democracia, la Unión Europea aprobó una directiva en 2024 que obliga a los Estados miembros a asegurarse de que no se abusa del sistema legal contra los periodistas. España es uno de los países que sigue incumpliendo con esta directiva.

Las buenas palabras del Gobierno sobre la libertad de prensa y la lucha contra la desinformación no se han traducido ni siquiera en el cumplimiento de esta orden europea. Este mes, la Comisión Europea abrió un expediente a España (y a otros 13 países, entre ellos algunos de los que tienen los peores historiales de libertad de prensa, como Hungría y Grecia) por no adaptar de manera completa y correcta la directiva contra estas “acciones legales abusivas e infundadas que están dirigidas a silenciar a quienes trabajan para el interés público”, en particular “periodistas, defensores de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil”. La directiva importa porque da herramientas tanto a los objetivos de estas demandas para que se defiendan como a los tribunales para “desestimar de forma temprana las demandas manifiestamente infundadas”. También garantiza protección ante acciones de terceros países fuera de la Unión Europea.

La realidad es que esto sigue pasando y, en algunos casos, de manera muy grave.

La querella que ha interpuesto Julio Iglesias contra este periódico, su director y otros cuatro periodistas –Elena Cabrera, Ana Requena, Juanlu Sánchez y yo misma– es un ejemplo más del riesgo de investigar y publicar cuando una noticia afecta a alguien poderoso.

El apoyo inmediato de organizaciones nacionales, como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España y la Asociación de la Prensa de Madrid, e internacionales, como Reporteros Sin Fronteras y el Instituto Internacional de Prensa, recuerda que es un caso transversal y que afecta al derecho a la información de todos. España ha caído este año seis puestos en la clasificación mundial de la libertad de prensa, entre otras cosas, por seguir permitiendo demandas abusivas y la persecución penal del periodismo.

Nuestro trabajo periodístico concienzudo y transparente, aquí explicado, es nuestra mejor defensa. Pero tener que pasar por esto muestra un problema más grave que va más allá de esta investigación y este periódico. Ojalá este trance al menos sirva para concienciar a los ciudadanos y a las autoridades públicas de lo que falta en España para mejorar la calidad de nuestra democracia. Para empezar, ahí está la directiva de la UE para cumplirla.