Subcontratando la decencia
“Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad”
Primero fueron las fábricas, luego la atención al cliente, los servicios contables o informáticos y todo lo que el neocapitalismo ha podido deslocalizar, incluida la maternidad por alquiler, y ahora, en un último y distópico episodio, varios países han decidido subcontratar y externalizar sus obligaciones internacionales y en materia de derechos humanos. No se trata solo de Reino Unido -que ayer vio detenido por Estrasburgo su primer envío de peticionarios de asilo en régimen de subcontrata a Ruanda- sino de Australia y de los planes de Holanda y de los socialdemócratas daneses. ¿Qué pasa si los países, mediante pago, pretenden eludir sus compromisos internacionales, los convenios suscritos, las leyes humanitarias para pasarles la patata a estados más pobres? ¿Hay esperanza para los derechos humanos si Europa comienza a tratarlos como una cuestión molesta que se puede subarrendar? ¿Los derechos humanos son humanos o solo un privilegio de un grupo de países occidentales?
El plan de Boris Johnson abortado en su primer intento por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos -de momento, hasta que los tribunales de Gran Bretaña vean el caso- consiste sencillamente en subcontratar a Ruanda por 140 millones de euros iniciales, más pagos sucesivos, la obligación de Gran Bretaña de gestionar y estudiar las peticiones de asilo político formuladas por iraníes, iraquíes y sirios fundamentalmente para trasladarlos de forma permanente, incluso si reciben el asilo legal, a Ruanda. El primer traslado se iba a realizar en un vuelo contratado por el gobierno británico con la aerolínea chárter española Privilege Style. Gran Bretaña dice que esta operación de subcontrata les va a costar 1,5 miles de millones de libras al año.
Los conservadores británicos se muestran entusiastas con quitarse de encima esta obligación internacional y enviar a los refugiados a la “Suiza de África”, la Ruanda de Kagame, reelegido siempre con la increíble cifra del 99% de los votos. Y es que Ruanda es un país que vive bajo el miedo colectivo. La delación, la represión, la persecución de disidentes incluso fuera del país es denunciada en voz bajita. La limpia y ordenada apariencia del país, que ha experimentado un gran crecimiento, oculta un régimen represivo y escasamente democrático. Una de las alegaciones presentadas ante el TEDH es la duda de que Ruanda sea un país seguro para los refugiados y otra, que se trata de un sistema contrario a la Convención Europea de Derechos del Hombre.
Esta bochornosa e ilegal idea no es nueva. Australia, otro país del ámbito anglosajón, lleva realizando estas subcontratas de solicitantes de asilo llegados a sus país a islas de Papúa-Nueva Guinea, como Manus, Nauru o Christmas Island, donde han sido reportados malos tratos y pésimas condiciones de higiene y habitabilidad. Holanda y Dinamarca exploran la posibilidad de subcontratar también sus obligaciones humanitarias.
El gran tema de fondo es la posibilidad de los estados de deshacerse de sus obligaciones internacionales y humanitarias mediante pago y orejeras, en una actitud xenófoba y racista que tiene claros fines electoralistas. Hay fuertes bolsas de electores en varios países europeos que exigen deshacerse de los extranjeros sin que vayan a penalizar en las urnas que esto se haga de forma ilegal y faltando a los compromisos. Esta actitud, además, deja en situación muy compleja a los países del entorno que sigan respetando el derecho humanitario, como Francia y Bélgica, puesto que se vería incrementado el número de demandantes de asilo que se quedaría dentro de sus fronteras. Si estos cayeran en la trampa de hacer lo mismo, tendríamos una reacción en cadena.
Hemos llegado a una situación en la que porcentajes altos de europeos no conceden ninguna importancia ni al humanitarismo ni a los derechos fundamentales ni al compromiso adoptado por sus estados. Me parece tan aberrante que no sé ni con qué compararlo. Y soy consciente de que poco a poco, capas más grandes de la población van creyendo que el dinero lo compra todo y que nadie está sujeto por nada y los países, tampoco. Una posición que es contraria al derecho y a cualquier moral. La propuesta es cruel se mire desde donde se mire porque “plantea graves cuestiones morales” y según el arzobispo de Canterbury “es contraria a la naturaleza de Dios”.
Se vea desde el punto de vista que se escoja -religioso o laico o jurídico o humanitario - la aceptación de que actores estatales legítimos están optando por resquebrajar la arquitectura institucional internacional en la que se ha basado el mayor periodo de paz de nuestra zona, es el primer paso para el derribo de la misma. Solo los compromisos y los tratados, los acuerdos suscritos por las naciones y su respeto nos libran de la ley de la selva, a la que Europa ha sucumbido ya en demasiada ocasiones. Transmitir a la población que nuestro sistema de vida descansa sobre estos pilares y que protegerlos tiene un coste y conlleva unas obligaciones indelegables.
La Unión Europea es un seguro del que Johnson, con mentiras, privó a los británicos. Ahora, el jefe de gobierno de la democracia parlamentaria más señera del continente está dispuesto a abandonar el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
La decencia y los compromisos internacionales en almoneda. A bajo precio. Johnson dice que subcontratar le saldrá más barato que atender a los solicitantes de asilo. Cerrar el paso a los gobernantes tóxicos es cada vez más una obligación para el ciudadano europeo.
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