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Consecuentemente

Juan Carlos I y Corinna zu Sayn-Wittgenstei

Alejandro de Gregorio-Rocasolano Jaumot

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Cuando era un zagal, tanto en Zaragoza como posteriormente en Barcelona, mi padre, una persona seria con fama de severo entre la familia, siempre nos hablaba de las consecuencias de nuestros actos cuando estos infringían sus modelos de comportamiento, el primero por encima de todo era que se tenía que ser legal en el sentido amplio de la palabra. Con este precepto hemos crecido sus hijos igual que la mayoría de los ciudadanos de este país, cuando te saltas una norma hay que asumir las consecuencias como todo hijo de vecino que paga impuestos y se beneficia de los servicios, respecto a este punto entraríamos en amplias matizaciones pero...

Creo que un país que quiera tener altas cotas de democracia debe ser ante todo consecuente con los problemas que se le plantean, con propuestas o ideas igualitarias éticas y morales.

Todo esto lo explico porque me cuesta entender y ver esta importante ambición dentro de la política del reino de España, primero de todo si no lo tengo malentendido, el delito de corrupción propiamente dicho no existe en código penal del estado, es por lo tanto meramente la situación de un persona respecto a su trabajo lo cual quiere decir que cada vez que señalamos a una persona como corrupto y creemos que le acusamos de algo no decimos nada específicamente ilegítimo respecto al mismo, esto se debe básicamente por la utilización semántica constante de esta palabra frente a cualquier acción incorrecta por parte del estado sus dirigentes y funcionarios teniendo en cuanta que muchas veces son los medios de comunicación los que acusan y abusan de ella está claro que la banalización de este término generalizando cualquier comportamiento sospechoso diluyendo en muchas ocasiones la envergadura de otros comportamientos “realmente” graves.

Tal vez me meto en camisa de 11 varas pero el artículo 419 del Código Penal, modificado por la Ley Orgánica 1/2015, dispone que “La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar, incurrirá en la pena de prisión...”. A esto creo que se le llama delito contra la administración pública de cohecho propio.

De acuerdo, el rey emérito no puede ser acusado gracias a unos extraños beneficios jurídicos injustos y elitistas, pero visto todo lo explicado por multitud de medios de comunicación de varios países que forman parte de lo que llamamos Unión Europea y que en ningún momento se han retractado, parece ser que este señor sí que ha recibido una dádiva, valorada en algunos casos en 9 cifras de la moneda europea, mientras actuaba como representante en nombre del reino de España en varios lugares del mundo, esto consecuentemente como mínimo debería ser investigado abiertamente, con medidas preventivas por respeto a una ciudadanía que con sus impuestos le ha pagado un buen sueldo durante muchos años y que por cierto no lo ha elegido como representante en ningún momento.

Creo que el ministerio fiscal debería haber alertado de toda esta sinrazón al gobierno para que actuara consecuentemente, reteniéndolo en el territorio estatal como lo haría con cualquier ciudadano del que se sospechara lo mismo, pues dado el montante del regalo comisión o actuación percibido a partir del momento de ser aceptado y proveerse del mismo conlleva una agravante de premeditación y planificación.

La posición de la casa real encabezada por Felipe VI frente a los hechos que se otorgan a Juan Carlos es, a pesar de todo el cariño que le pueda tener igual que el resto sus hijos, nietos, mujer, yerno y nuera, absolutamente inconsecuente, por el rango ostenta en la jefatura de estado, que es el que debería prevalecer, permitiendo el sinpa que ha hecho a las arcas del estado su padre además de todos los actos que se le atribuyen.

El posicionamiento del presidente de gobierno, cuando históricamente los dos últimos monarcas Borbones parece ser que han abandonado sus puestos por incompetencia y por enriquecimiento fraudulento, es totalmente inconsecuente.

El no modificar la constitución para que todos los ciudadanos hijos de vecino, incluidos los miembros de la casa real en todos sus rangos, puedan ser además de investigados acusados, es completamente inconsecuente.

Lo consecuente para la clase política seria plantearse que tener una monarquía, dadas las habilidades monetarias y “diplomáticas” de estos últimos 140 años han demostrado sus miembros, es algo a lo que los ciudadanos tienen el derecho a poner en entredicho y votar en un referéndum urgente.

Está claro que brilla por su ausencia aquello que nuestros mayores nos enseñaron de ser consecuente para aceptar las consecuencias que tu familia, amigos o la sociedad crean que sean justas cuando realizas actos que se saltan las normas de convivencia cívica, moral y ética, como en este caso parece ser hizo el “señor” que se hace llamar Juan Carlos I, que ha salido volando con todos los permisos posibles.

Este comportamiento cívico, ético y moral es el que muchos ciudadanos desearían percibir de las autoridades del estado en referencia a este más que posible acto ilegal de cohecho propio realizado, por el que fue nombrado rey emérito, mientras era rey titular y primera autoridad del estado.

Finalizaré aclarando que mi padre no era tan severo como lo pintaban, pero era muy consecuente cuando nos pillaba fuera de juego.

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