Ni un desguace ni un sumidero

Fuera de la mirada de la mayoría de la sociedad, las residencias de ancianos han ido funcionando como un servicio asistencial, pero al mismo tiempo, como un sector del cual sacar unos buenos beneficios económicos. Hay que poner de relieve, por si alguien aún no lo tiene claro, que las residencias no son y no pueden ser nada similar a un desguace o a un sumidero de nuestra sociedad.

Por lo que se está viendo en distintas comunidades autónomas de España, –como también en otros países, no creamos que no–, la parte de negocio ha pasado por delante de los requerimientos asistenciales, e incluso, de la más elemental humanidad. La pandemia del Covid-19 ha hecho aflorar carencias de todo tipo en la dotación y el funcionamiento de estos establecimientos. En algunos casos, no pocos, esas carencias llegan a tal nivel que merecen el nombre de miserias.

No se trata tan sólo de que haya habido imprevisión de cara a la llegada de la pandemia, –como en tantos otros ámbitos–, sino que ésta ha dejado en evidencia el funcionamiento de un aspecto de los servicios sociales que estaba en la sombra. Tal vez por una especie de desistimiento social generalizado, por el cual todos y todas nos deberíamos interrogar, pero ello no obsta para que nos planteemos un cuestionamiento mayor. Por un lado, a las autoridades competentes en esta materia, ya sea por sus responsabilidades directas en su funcionamiento, como por el deber de vigilancia que les compete; por otro lado, a las empresas privadas, por su gestión general de estos establecimientos y por su respuesta a la circunstancia sobrevenida de la pandemia. Pero, por encima de todo, a la sociedad, por su corresponsabilidad en la defensa contundente de la protección de las personas mayores, no por caridad sino por garantizar los derechos sociales y de salud.

Obtener plaza para una de esas residencias, es una tarea difícil de asumir para las familias. Por un lado, porque las plazas en centros públicos son muy insuficientes, y por otro, porque los precios de los privados están muy por encima de las posibilidades económicas de la mayoría. Estamos, por tanto, ante un problema de desigualdad social estremecedor, pues aquí, en comparación con otros servicios sociales, la brecha se hace colosal. Dicho esto, –sin perder de vista esa brecha–, sean públicas o sean privadas, se debe de exigir que las residencias estén en condiciones de ofrecer el servicio que, por ley, les corresponde.

Hay que pedir cuentas de si había la dotación de personal de cuidados que establece la normativa vigente, tanto de personal sanitario como de personal asistente. De todos lados llega la constatación de que muchas residencias estaban infradotadas de personal, o también, que el personal contratado estaba infra cualificado.

Nos damos cuenta ahora de que muchas residencias no tienen los espacios adecuados y necesarios para llevar a cabo un correcto aislamiento de los internos. Hay que aclarar si estas condiciones eran ya obligatorias y, en ese caso, por qué no se ha supervisado su cumplimiento. O si es que, en algunos casos, se han venido admitiendo más internos de los que reglamentariamente se podían tener. En cualquier caso, las residencias son lugares para “residir” y no son hospitales. Si por la situación que estamos viviendo, de carencia de espacio en los hospitales, hay que utilizarlas de forma complementaria, se debería asegurar que esto se hace en condiciones adecuadas y con posibilidades reales de recibir en ellas las atenciones sanitarias que sean necesarias.

Una vez llegados a la emergencia en la que estamos, hay problemas sobrevenidos que hay que ver cómo se resuelven. Le corresponde a las autoridades asistenciales y sanitarias establecer nuevas normas y arbitrar soluciones reglamentarias, y le corresponde a la dirección y al personal de las residencias asumir el escrupuloso cumplimiento de todas ellas. Y si se dan incumplimientos flagrantes como los que se están viendo, tiene que intervenir la autoridad competente protegiendo los derechos de los internos, fundamentalmente el de la vida. Que después, cuando todo esto pase o decline, también habrá que revisar, sancionar y reformar todo lo que esta calamidad ha dejado a la vista de todo el mundo.

Entre tanto, y sin que pueda esperar, hay también un problema de comunicación. De un lado, de comunicación entre internos y familiares. Por más emergencia sanitaria que haya, no se puede pasar por alto que los internos son ciudadanos que están en posesión de todos sus derechos, si no han sido legalmente inhabilitados. Y si lo han sido, se debe de proceder de manera que sus tutores legales puedan ejercer como tales, que nadie, ni los gestores de los centros ni las autoridades asistenciales, pueden arrebatar sin más esa función de tutela, en el caso que ello se esté haciendo. Por lo tanto, es un deber insoslayable el facilitar la comunicación entre los internos y sus familiares, aquellos a los que les corresponda.

Por otro lado, la dirección y el personal de los centros deben de comunicar puntual y escrupulosamente a las autoridades sanitarias todos los datos que les sean requeridos. No puede ser que, por eventuales intereses de imagen pública, las empresas propietarias o los gestores mantengan ámbitos de opacidad, que no hacen sino contribuir al empeoramiento de la situación asistencial y de control de la pandemia. Igualmente, las administraciones públicas deben de pedir y contabilizar los contagios y defunciones por Covid-19 que se producen en estos centros, no como han venido haciendo algunas comunidades autónomas. Excluirlos del recuento ya es una aterradora muestra del papel que se les otorga.

Paralelamente y en justa correspondencia, es necesario de toda necesidad que las autoridades competentes se afanen al máximo en procurar los medios extraordinarios que requieren en la actual situación de pandemia para su correcto funcionamiento.

Con todo, hay que alentar y reconocer la tarea que el personal de estos centros está llevando a cabo en atención de los internos, hora a hora, día a día, noche a noche, en una situación que, por momentos, deviene agónica. Tenemos muchas y muchos profesionales que están haciendo un esfuerzo ímprobo por cuidar y por humanizar esta situación. Nunca estaremos suficientemente agradecidos a los buenos profesionales que están trabajando al límite de su capacidad, poniendo también en riesgo su propia salud.