Los que duermen donde nadie mira

Cada cifra sobre el sinhogarismo en España es el reverso estadístico de una vida que se rompió. Detrás no hay un número: hay un nombre. Y hay, sobre todo, una mayoría silenciosa que las estadísticas ni siquiera saben que existe.

Había una noche en la que el techo fue el cielo. No el cielo de los poetas: el cielo frío y literal de una madrugada sin pared donde apoyar la espalda. Lo recuerdo como se recuerdan las cosas que el cuerpo no olvida aunque la mente quiera enterrarlas: con una precisión que duele.

El INE contabilizó en 2024 una media de treinta y cuatro mil personas alojadas a diario en centros de atención —un 57,5% más que en 2022—. Pero esa cifra solo mide a quienes el sistema ya encontró. Por cada persona que consigue plaza en un albergue, hay al menos dos más durmiendo en la calle, en una nave abandonada, en un coche que ya no arranca. El sinhogarismo invisible es, con toda probabilidad, el más numeroso. Y es el que muere sin que nadie lo cuente.

Pero incluso quien logra entrar en un albergue no ha salido del problema: solo ha obtenido una prórroga. Los centros de acogida exigen también autorización administrativa previa —informe social, derivación institucional, plaza disponible— y admiten por días contados: una semana, diez días, dos semanas según el recurso y el criterio de turno. Después, la puerta se abre hacia afuera y la persona vuelve a la misma calle de la que vino. Sin seguimiento, sin alternativa, sin nada resuelto. La puerta giratoria no rehabilita: agota. Cada regreso a la intemperie es más duro porque el cuerpo ya sabe lo que le espera y la esperanza se ha gastado un poco más.

Lo mismo ocurre con los comedores sociales. Acceder a uno no es llegar con hambre y que te den de comer. Exige autorización administrativa: informe de servicios sociales, visto bueno del ayuntamiento o de la organización —habitualmente religiosa— que gestiona el recurso. Quien no puede empadronarse sin domicilio, quien acaba de perderlo todo, quien la enfermedad mental le impide gestionar papeles, queda fuera. Por cada persona que se sienta a una mesa, hay tres que no tienen el papel que les autorice a hacerlo. El hambre también requiere trámites.

Las causas del sinhogarismo son tan diversas como los rostros. Un divorcio. Una empresa que quiebra. Una enfermedad que devora los ahorros. Una migración que no encontró el suelo prometido. Una salida de prisión sin trabajo ni red al otro lado de la puerta. Y cada vez más, simplemente: un salario que no alcanza para pagar el alquiler en la ciudad en la que uno trabaja. El empleo ya no garantiza un techo. Eso es nuevo, y es devastador.

Lo que el cuerpo padece en la calle es destrucción acelerada. La esperanza de vida de quien duerme a la intemperie ronda los cincuenta y siete años —veinticinco menos que la media—. Las enfermedades cardiovasculares golpean entre tres y cuatro veces más a quienes no tienen hogar. Casi la mitad ha sufrido un delito de odio; el 81% nunca se denuncia. Para quienes ni llegan al albergue ni obtienen la autorización del comedor, ese deterioro ocurre en silencio, sin diagnóstico, sin nombre en ningún registro.

La vivienda social en España no llega al dos por ciento del parque residencial, frente al nueve de media en la Unión Europea. El alquiler se ha duplicado en una década. En 2024 se ejecutaron más de veintisiete mil desahucios. El artículo 47 de la Constitución —el derecho a una vivienda digna— lleva décadas siendo papel mojado mientras los fondos de inversión compran edificios enteros y las plataformas turísticas vacían barrios.

No se pide caridad. Se pide un sistema que no fabrique sinhogarismo: que garantice el derecho a la vivienda antes de que la quiebra personal se convierta en quiebra vital, que deje de interponer formularios entre el hambre y el plato, que cuando abra una puerta no la cierre días después devolviendo a la persona al punto de partida, y que salga a buscar a quienes ya no tienen fuerzas para llamar.

La persona que duerme esta noche donde nadie mira no está ahí porque quiso. Está ahí porque algo se rompió —en su vida, en el mercado, en la red que debía sostenerla— y el sistema diseñó sus recursos para quienes llegan con el papel correcto. Los demás son los invisibles dentro de los invisibles. Mirarlos es el primer acto político. Exigir que no vuelva a ocurrir, el segundo. No apartar la vista, el tercero.