Hastío social y violencia: a propósito de Pablo Hasel

La detención e ingreso en prisión del músico Pablo Hasel ha desatado protestas en Madrid, Barcelona y otras ciudades españolas durante varios días consecutivos, con enfrentamientos entre la policía y los manifestantes que han producido heridos y detenciones.

Los medios sociales, en base a su trasfondo ideológico, han enjuiciado estos hechos poniendo el punto de mira en aspectos diferentes. La derecha, de hecho, ha incidido en que no es la primera condena que ha recibido. En 2014 el rapero fue condenado a 2 años de cárcel por enaltecimiento del terrorismo tras publicar:  “Pienso en balas que nucas de jueces nazis alcancen” y “Es un error no escuchar lo que canto, como Terra Lliure dejando vivo a Losantos”.

En 2018 se le volvió a condenar a 9 meses de prisión, por escribir “La familia real son unos parásitos”; “Si Froilán se disparó en el pie siendo menor de edad igual ahora que es mayor de edad va a disparar a toda la Familia Real”; “Los parásitos de los Borbones siguen de trapis con los decapitadores de los homosexuales” (por las relaciones con las monarquías árabes) y “La Guardia Civil, como hasta el tribunal europeo ha dicho, ha torturado”.

Esta sentencia quedó en suspenso al interponerse recurso, y al ser ahora desestimado por el Tribunal Supremo, se ha decretado su ingreso en prisión por considerarle culpable de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la monarquía.

Junto a estos planteamientos jurídicos, muchos medios de la derecha hacen una campaña insidiosa de desprestigio planteando antecedentes familiares, pero una cosa que estos medios no mencionan es que los cargos por lo que el tribunal supremo le ha condenado son poco consistentes en el entorno europeo al que nos enorgullecemos de pertenecer.

El enaltecimiento del terrorismo no existe en las jurisdicciones penales similares a la española, en las cuales sí penan la apología de terrorismo, lo que claramente no afecta al rapero en cuanto a que él no ha expresado en ningún momento ningún contenido que se pueda considerar como una “incitación directa” a la comisión de un delito, aunque muchos medios se feliciten por su ingreso en prisión, ninguno habla de apología, que nuestro código penal define como la exposición, ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión, de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor. Tanto la Unión Europea, el Consejo de Europa o Naciones Unidas, han advertido al gobierno y a la justicia española de la imprecisión de la palabra enaltecimiento, ya que para ser considerado delito debe incitar a cometer un delito terrorista, junto a la existencia de un riesgo real de que tal delito se cometa como consecuencia.

Este presupuesto jurídico se introdujo en el Código Penal en el año 2000, como resultado del pacto antiterrorista firmado por PP y PSOE, para luchar contra el entorno violento que existía cuando ETA atentaba en España.

El siguiente supuesto para la condena es el delito de injurias a la Corona, pero que en una democracia exista ese tipo de delito es más propio de dictaduras personalistas que consideran ilegal todo lo que no sean halagos y panegíricos.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha expresado tajantemente: los reyes y jefes de Estado no merecen mayor protección frente a las críticas e insultos que cualquier otro ciudadano. Por tanto, todos los ciudadanos (sean reyes o no) que ocupan las instituciones de todos deben estar expuestos a la crítica, aunque no sea correcta. Pero al ser crítica política, debe ser permitida.

Esto es simplemente de sentido democrático, y en ese sentido debería ir cualquier proposición de ley que busque derogar los artículos del Código Penal que sancionan las injurias a la Corona y los ultrajes a España.

Pero, ni todos los que hablan de derechos son defensores de los derechos humanos, ni los que hablan de democracia, defienden una democracia plena. Los defensores de un sistema que defiende privilegios e intenta que esos privilegios sean hereditarios, hacen piña en la defensa del principal símbolo de los privilegios hereditarios, la monarquía, que bajo la apariencia de  forma de gobierno, encarna el mantenimiento de privilegios de otras épocas, que son protegidos mediante leyes de inviolabilidad, leyes que permiten eludir cualquier atisbo de transparencia de sus acciones,  que impide investigar y debatir sus actividades, aunque no sean éticas ni legales. 

Para determinados sectores sociales, todo eso debe ser mantenido y defendido y por tanto hay que oponerse a la reforma de artículos como el 490.3, 491 (de injurias a la Corona), 543 (de ultrajes a España),o el 504 sobre injurias al “Gobierno de la Nación, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, Supremo y demás tribunales de justicia, y a los Ejércitos, Clases y Fuerzas de Seguridad del Estado”.

Pero no nos engañemos, muchos de los que se manifiestan, se enfrentan a la policía o hacen barricadas, no son ardientes defensores de la despenalización de las injurias a la Corona o del derecho a la libertad de expresión, tampoco son fans de las canciones del rapero, posiblemente muchos nunca hayan leído ni escuchado nada de él, pero son gente principalmente joven, inmersos en una coyuntura económica  de crisis que se manifestaba antes de la pandemia de Covid, y que la actual situación sanitaria  ha agravado, ampliando la inestabilidad económica y laboral de los jóvenes que obliga a grandes proporciones de ellos a verse forzados al desempleo y/o a prolongar los estudios.

El sentimiento de vivir en una sociedad que te encajona en sectores y situaciones sociales con falta de perspectivas de progreso, con ausencia de igualdad de oportunidades, les lleva a un desencanto de la situación social y política, a un hastío de la política y políticos, y a asumir el “no nos representan”. El hastío social, alienta la revuelta contra el sistema, que ya no busca la manera de poder transformarlo, sino de mostrar la disconformidad y desagrado con la política y políticos existentes.

De esta forma las manifestaciones por la libertad de Pablo Hasel se convierten en la forma de expresar la protesta contra una democracia enferma, donde para muchos de ellos, tomar la calle es hacer política de verdad, aunque sea una política contra los políticos, y fuera de las instituciones.