Reparto del poder y 14.000 millones de euros en subvenciones

En España se llevan a cabo un conjunto de prácticas de “solidaridad” a través de subvenciones, a sabiendas de que no sirven para solucionar los problemas que se abordan, pero que proporcionan una buena imagen de la empresa o institución que recibe las subvenciones y garantizan los puestos de trabajo de las personas implicadas. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) las subvenciones suponen “unos 30.000 millones de euros de gasto público al año. Sin embargo, en este informe, la Airef evalúa exclusivamente los procedimientos y la planificación de estas ayudas, y solo pone el foco en unos 14.000 millones”. También ha denunciado que en España el gasto en subvenciones se lleva a cabo con escaso control y eficacia.

La Unión Europea ha advertido a España de la poca incidencia que tienen las políticas de inclusión y le ha señalado las tres medidas que son necesarias: garantizar una renta suficiente, generar un mercado laboral inclusivo y mejorar notablemente el funcionamiento y el acceso a los Servicios Sociales Comunitarios.

Es un proceso de justificación que han practicado y alimentado todas las opciones políticas que han gobernado. Este proceso, como dice el sociólogo Alfonso Alcaide “parte de un criterio fundamental, el realismo, para justificar la situación de inoperancia, la falta de valentía, el miedo a romper ciertos equilibrios o, en el peor de los casos, la pretensión de mantener u obtener posiciones de poder y prestigio”. Una manifestación de este proceso de justificación es el reparto que se hace, en cascada, del poder.

EL REPARTO DEL PODER POLÍTICO

En este proceso de justificación: la política ha limitado su ámbito de actuación y ha externalizado la ejecución de muchas tareas que antes realizaba. Esto se constata en el campo de la vivienda, las políticas de empleo, los servicios sociales, los programas de lucha contra la exclusión, drogodependencia, tercera edad, servicios públicos como limpieza, alumbrado, basuras, etc. Esta externalización implica a la vez un nuevo reparto: desde cargos de las administraciones hasta finalizar en empresas con o sin ánimo de lucro. Son distintos “peldaños” de una escalera que une el poder público con el privado. Tiene mucha razón el economista, político y escritor griego Yanis Varoufakis cuando dice: “Para aquellos que saben cómo funcionan las alianzas público privadas, sabemos que no van de que el sector privado ayude al público, sino de que el sector público ayude al privado, para asegurar que los beneficios se prolonguen en el futuro, a costa del sector público”

Estos peldaños son: los cargos en las administraciones central, autonómica, local y supramunicipal (diputaciones); los cargos en las empresas públicas con gestión privada; la adjudicación a empresas privadas de los servicios púbicos privatizados o subcontratados (políticas de empleo, formación, atención a la exclusión, dependencia, ayuda a domicilio, residencias de mayores, dinamización social, minorías étnicas, etc.); subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para programas de ayuda, acompañamiento e inclusión; también “chiringuitos” creados para pagar favores y mantener adhesiones.

Y es que…esta distribución genera un mundo de empleos y carreras políticas y profesionales, cuya continuidad depende de que el poder se siga manteniendo, con lo que su conservación se convierte en el principal objetivo de la actividad, para lo que es necesarios mantener lealtades y fidelidades. Los resultados de las políticas aplicadas suelen ser siempre positivos, pues cuando se hace alguna evaluación, si es que se hace, los que evalúan son las mismas personas o entidades que las realizan.

LOS PROBLEMAS DEL REPARTO DEL PODER

Esta dinámica genera tres problemas:

Subvencionismo: La mayor parte de las políticas de inclusión y solidaridad se realizan mediante convocatorias de subvenciones para entidades privadas con o sin ánimo de lucro.

Oenegismo: El subvencionismo hace proliferar un conjunto de organizaciones que viven de las subvenciones que reciben. Es una manera de conseguir un empleo, la mayoría de las veces precario y mal pagado.

Clientelismo: Tremendo. En demasiadas ocasiones la participación en esta dinámica lleva aparejada una actitud de lealtad y fidelidad al partido en el poder que otorga la subvención, el clientelismo es común a todos los gobiernos en mayor o menor medida. Pero se llevan la palma, muchos empresarios corruptores y corruptos y cargos institucionales corruptores y corruptos del Partido Popular. De todo este tema de las subvenciones sabe mucho el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones José Luis Escrivá, ya que fue presidente de la AIRef hasta su nombramiento como ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de coalición Progresista. Él puede mejorar todo lo relacionado con las subvenciones para hacerlas más transparentes, se evalúen adecuadamente y se acabe con el enchufismo, amiguismo y clientelismo que existe. La elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 es el momento ideal para hacerlo.

Dos conclusiones de todo lo relacionado con lo expuesto: que los problemas, por mor del reparto del poder, dejen de considerarse “problemas sociales” porque no lo son, y se conviertan en lo que son: “problemas políticos”. El aumento del nivel de conciencia, organización y lucha de la sociedad civil tiene mucho que hacer en este terreno, para echar una mano al gobierno. Y, que seamos capaces de responder a esta pregunta: ¿Cómo hacemos para que nadie sea excluido de lo necesario para vivir dignamente? Sin eso, la democracia está vacía y no hay convivencia social posible. El precio que hay que pagar, es nadar a contra corriente. ¿No fue eso lo que consiguió el movimiento 15M?