Sanidad pública. Pongamos que hablo de Madrid

Con la llegada de la primera ola pandemia de la COVID-19, el año pasado, se puso en evidencia la carencia, en materia de recursos sanitarios públicos, que existía y existe en la Comunidad de Madrid como consecuencia de los permanentes recortes que los sucesivos gobiernos regionales del PP han aplicado al gasto sanitario público en la última década.

Los hospitales públicos madrileños y las UCI no tardaron en colapsarse y los responsables sanitarios madrileños tuvieron que recurrir, a toda prisa, a soluciones de máxima urgencia, como ingresar a los enfermos en hoteles hospitalizados y montar un hospital de emergencia en los pabellones de IFEMA.

Pero eso no estaba motivado porque el virus se cebara en Madrid más que en otras comunidades, no; la realidad, la lastimosa realidad, la ponen en evidencia las cifras constatadas y constatables. No hay más que echarle un vistazo a los datos más actualizados, publicados en diversas fuentes, que reflejan, para las distintas comunidades autónomas, su renta per cápita y su gasto en sanidad pública por habitante, y me parece que los números hablan o más bien, gritan por sí mismos.

La Comunidad de Madrid, la más rica, la 'locomotora económica de España', con una renta per cápita de 35.913 euros, es la que menos gasta en sanidad pública, 1.210 euros por habitante, es decir, un escaso 3,3% de su PIB.

En contraste, nos encontramos, por ejemplo, a Extremadura, el 'furgoncillo de cola', con sus modestos 19.454 euros de renta per cápita, que dedica, a la sanidad pública, 1.641 euros por habitante, un 8,4% de su PIB, es decir, 2,5 veces más que Madrid, en relación a su riqueza.

Eso sí, a quienes, desde las tribunas públicas, se atreven a poner sobre la mesa esta lastimosa evidencia, se les acusa de madrileñófobos, de orquestar injustas e insidiosas campañas de desprestigio de Madrid y de sus gobernantes.

Una última observación: según diversos informes publicados, la reducción de impuestos en Madrid con respecto a las demás comunidades, que favorece especialmente a las rentas y patrimonios más altos, genera una pérdida de ingresos anuales, por la vía tributaria, de más de 600 millones de euros en la comunidad madrileña, cuantía que, si se dedicara a la sanidad pública, incrementaría el gasto sanitario por habitante en un 8%.