Suelo público, vivienda pública: la única palanca real contra la especulación

Suelo público, vivienda pública: la única palanca real contra la especulación.

No hace falta estar en desamparo habitacional para entender lo que pasa. Basta con mirar los datos, los precios y la política de suelo de las últimas décadas: existe un grave problema social que el Estado no ha resuelto. La vivienda es el activo refugio de fondos y grandes tenedores, mientras las administraciones renuncian a su papel de garantes del derecho constitucional. Tener un techo depende cada vez más de la herencia, la renta o la suerte. No es un problema individual: es un modelo fallido.

El problema central es el suelo. No cualquiera: el suelo urbanizable y finalista en manos públicas. El suelo público es nuestro, un recurso limitado que pagamos entre todos. Su valor no lo crea el propietario: lo crean la comunidad, la ciudad y la inversión pública en infraestructuras. El dueño puede serlo del terreno, pero no es el creador principal de su valor; ese valor lo producimos entre todos y debe revertir en todos. Construir directamente sobre él blinda los precios del alquiler, crea un parque público que contrapesa los abusos del mercado y garantiza que la inversión comunitaria vuelva a la comunidad.

Cuando ese suelo se subasta o se entrega a promotoras, se socializan los costes y se privatizan las plusvalías. La colaboración público-privada ha sido a menudo la vía para que el sector público ponga el suelo gratis, el privado se lleve el beneficio y, años después, las viviendas protegidas acaben en el mercado libre. No es colaboración: es transferencia de patrimonio colectivo a rentas privadas.

La excusa de que falta suelo es falsa. Según el Ministerio de Vivienda, España tiene suelo vacante para 6,7 millones de viviendas y suelo urbanizado listo para 500.000 viviendas públicas de forma casi inmediata. En la Comunitat Valenciana, la reserva teórica es de 815.529 viviendas, aunque solo el 1% es suelo finalista (unas 5.000 unidades listas). Andalucía ha identificado suelo para 40.937 viviendas protegidas en 659 parcelas, con previsión de 20.000 VPO en cinco años. El País Vasco, con la reserva legal más alta (hasta el 75% en urbanizable), tiene planeamiento pendiente para 74.461 viviendas protegidas. Galicia moviliza suelo para 25.000 viviendas, 20.000 protegidas. No falta suelo. Falta voluntad política.

La única solución estructural es construir vivienda pública sobre suelo público, con promoción pública directa y sin privatización posterior, nunca. No se trata de subsidiar demanda ni de dar ayudas que acaban en el bolsillo del arrendador. Se trata de aumentar la oferta pública de forma masiva, permanente y fuera del mercado. El suelo público debe quedar blindado: calificación indefinida, prohibición de venta y alquiler asequible de gestión pública.

El parque público debe ser un contrapeso real, no un parche temporal. Existe una figura que permite hacerlo sin regalar el suelo: el derecho de superficie. La administración conserva la titularidad y cede a un promotor el derecho a construir hasta 75 años; al terminar, lo edificado revierte al patrimonio público. La clave está en las condiciones: calificación indefinida como vivienda protegida, prohibición de venta especulativa y reversión automática. Sin esas salvaguardas, puede ser otra privatización encubierta.

Los defensores del statu quo dirán que la Administración no tiene capacidad. Es falso: tiene suelo, marco legal y recursos si hay decisión. Dirán que intervenir aleja la inversión: sí, la extractiva, la que ha creado el problema. La única inversión que importa es la que garantiza vida en los barrios. Dirán que es ideología: no. Es economía pública, justicia social, urbanismo y sentido común democrático.

El sistema produce exclusión incluso con suelo, viviendas vacías y recursos públicos. La vivienda no puede ser el negocio de unos pocos mientras es el problema de todos. La salida no es más mercado: es más público. ¡Suelo público, vivienda pública! Esa es la única palanca real para evitar que la especulación decida quién puede vivir en su ciudad.