Trump y la politización de la ciencia en EEUU

La propuesta normativa del 29 de mayo de 2026 impulsada por la segunda administración Trump no es una simple reorientación presupuestaria; es un intento sin precedentes de ingeniería social mediante la supresión sistemática de la evidencia empírica. Al buscar regular la financiación federal, el gobierno amenaza con transformar la ciencia de un motor de descubrimiento de la realidad en un instrumento de validación ideológica.

El mecanismo central de esta norma es la destrucción de la meritocracia. Al exigir que funcionarios de lealtad política tomen las decisiones de financiación, degradando la revisión por pares a un rol meramente consultivo, se instaura la precariedad. La cláusula que permite cancelar subvenciones si el contenido “no se alinea con las prioridades de la administración” garantiza la autocensura inmediata en los laboratorios.

Más alarmante es la censura temática explícita. Prohibir financiar estudios sobre impacto disparejo, disparidades de salud, cambio climático, identidad de género y vacunas no es un “ahorro”; es un oscurantismo calculado. El gobierno busca eliminar datos que puedan contradecir su narrativa, tomando decisiones de salud pública a ciegas y exponiendo a poblaciones vulnerables a daños prevenibles.

La norma también aísla a la ciencia estadounidense. Restringir viajes, colaboraciones extranjeras y costos de publicación rompe la naturaleza global del método científico, frenando el acceso abierto. Este aislamiento exacerba la relación triangular entre política, medios y ciencia. Al limitar la difusión de resultados, el gobierno facilita que actores políticos y medios afines llenen el vacío con desinformación, alimentando el escepticismo y utilizando la credibilidad científica de forma selectiva para perseguir agendas políticas.

Teóricamente, la literatura advierte sobre el riesgo de la “expertocracia”, donde la ciencia se usa para zanjar debates de valores, eludiendo la democracia. Sin embargo, este caso representa la cara opuesta y autoritaria de la politización: no son los científicos imponiendo su voluntad, sino el poder político aplastando la generación de “hechos” para evitar el escrutinio. En una democracia, la política sopesa valores y hechos; pero si el Estado prohíbe por decreto la creación de los hechos, corrompe el debate público.

Como advierten los teóricos de la interfaz ciencia-política, esta interferencia directa —reminiscente de regímenes autoritarios donde la lealtad al partido dicta la ciencia— tiene un costo letal. Conduce a un aumento drástico del escepticismo científico. Cuando la ciudadanía percibe que las instituciones federales son microgestionadas para ocultar realidades, la confianza pública colapsa. En salud pública, esta desconfianza se traduce en mortalidad, pues las recomendaciones sanitarias dejan de verse como consensos empíricos para ser consumidas como meras opiniones partidistas.

Frente a este asalto, la comunidad mundial de Salud Pública ha identificado una ventana de acción crítica. La administración ha acortado el período de comentarios públicos a solo 45 días, con fecha límite el 13 de julio de 2026, para implementar la norma el 1 de octubre.

La movilización global para presentar comentarios no es un trámite burocrático; es una estrategia de supervivencia democrática. Obligar al gobierno a responder y crear un registro público administrativo es vital para futuros litigios en defensa de la libertad académica. Si esta norma prospera, sentará un precedente devastador sobre cómo los gobiernos pueden utilizar el poder del bolsillo para silenciar a la ciencia y gobernar al margen de la realidad.

Llamamos a todas las sociedades científicas españolas a unirse a la reclamación de una ciencia neutral.