Dos años en la cuneta

El relato jurídico es complejo, porque sobre estas tierras los indígenas Q’eqchi’s del Valle del Polochic reclaman derechos históricos. Pero la regla aplicada es vieja y sencilla: la ley del más fuerte. Y así, hace dos años, policías, fiscales, militares y miembros de la seguridad privada del Ingenio azucarero Chabil Ultzaj expulsaban violentamente a 769 familias. Casas quemadas, cultivos destruidos y miles de vidas arruinadas.

Las familias decidieron no rendirse, y buscaron apoyo en varias organizaciones guatemaltecas. Entre ellas está el Comité de Unidad Campesina-CUC, apoyado por Intermón Oxfam. Llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que les dio la razón y obligó al Gobierno guatemalteco a proporcionarles alimentos, salud, seguridad y cobijo. El gobierno no cumplió. Las 12 comunidades del Polochic siguieron adelante. Hace un año montaron una Marcha Indígena Campesina que forzó al presidente a firmar un documento mediante el cuál se comprometía a darles tierras progresivamente, comenzando en noviembre de 2012 con la entrega de tierras a 300 familias. Pasó 2012 y el Gobierno de Guatemala no ha cumplido su compromiso.

Estos días tengo la oportunidad de colaborar desde Guatemala con estas familias. La lucha por los derechos campesinos es extremadamente difícil en este país. Veo día a día cómo las compañeras y compañeros del CUC son agredidos y amenazados. Comparto la frustración de las familias que ven caer los meses, uno tras otro, sin que se cumpla con la entrega de “la tierra prometida”.

Pero como si fueran caras de la misma moneda, al mismo tiempo las familias y las organizaciones que les acompañan transmiten una energía y una fe en el cambio que pone los vellos de punta. Observarles, sentado en un rincón, mientras se reúnen, y palpar el entusiasmo con el que planifican sus continuas acciones reivindicativas es el mejor curso de dignidad humana que he podido recibir en mi vida. Estoy seguro de que su convicción les llevará en el caso del Polochic a poseer, de una vez por todas, una tierra que siempre les debió pertenecer.

Estas 769 familias, desposeídas violentamente del acceso a la tierra, son indígenas mayas Q’eqchi’s. Y forzar a miembros de esta etnia a vivir sin tierra es como pedir a un pez que viva fuera del agua. La tierra para un maya Q’ueqchi lo es TODO: de la tierra y su relación con ésta emerge el sentido de sus vidas, su espiritualidad, su relación con Dios. Todo, absolutamente todo, gira en torno a ese pedazo de tierra que les viene siendo arrebatado injustamente desde tiempos de la colonia. Quitarles la tierra es simple y llanamente desposeer de sentido sus vidas, condenarlos a mendigar o a arrastrarse como jornaleros para cobrar salarios por debajo del mínimo oficial. Si tienen suerte trabajarán en unos campos antes sembrados de maíz y frijol para su alimentación y que ahora, plantados de caña y palma africana, alimentarán los motores de combustión de países occidentales. Según un reciente estudio del Centro de Investigaciones Itxim, la desnutrición crónica de menores de 5 años en algunas comunidades del Valle del Polochic es 25 veces superior a la media nacional.

El reparto de la tierra en este país centroamericano raya la obscenidad: sólo un 2% de los productores ocupa el 57% de la superficie del país. Mientras tanto, sus legítimos poseedores, en su mayoría poblaciones indígenas, han ido siendo desposeídos de sus tierras y permanecen viviendo en unas condiciones alimentarias y sociales muy lejanas de la mínima dignidad humana. El respeto a la propiedad privada se esgrime como el gran principio civilizador, sin importar que la población del Polochic viva la pesadilla diaria de la desnutrición crónica.

Para salir de la cuneta, las 769 familias afectadas por los desalojos violentos en El Polochic necesitan nuestro apoyo traducido en firmas. Sólo con apoyo de todo el mundo estas familias tendrán un poder adicional para exigir que se cumplan los compromisos del Presidente. ¡No les dejemos en la cuneta!