Pese a encontrarnos ante la crónica de un “tsunami político” anunciado, todas las previsiones se han visto superadas por el desarrollo que ha seguido el procés en los dos últimos meses. Desde que el pasado 6 de septiembre, las fuerzas soberanistas optaran por desafiar el marco constitucional aprobando la ley del referéndum y, al día siguiente, la ley de transitoriedad jurídica, la política española parece haberse convertido en el guion de una serie política, o, incluso, de un reality show.
Así, como si fuera el “El Show de Truman” (que aquí bien podría llamarse “El Show de Puigdemont”, por tener al ex President como principal protagonista), hemos asistido, durante ocho semanas, como espectadores a la retransmisión, en directo y durante 24 horas, de una crisis política con innumerables e insospechados giros.
Un “show” que ha tenido cuatro momentos estelares y de los que la hemeroteca da buena cuenta. El primero fue el día que se celebró el referéndum, el 1 de octubre, en el que la atención pasaba de centrarse en el gobierno de Puigdemont, como autoridad desafiante con la convocatoria de un referéndum de autodeterminación, al gobierno de Rajoy, como autoridad represora por el cuestionado uso de la fuerza policial ejercida para evitar la celebración de la consulta. El segundo momento fue el 10 de octubre cuando el, aún todavía, President declaró, en su comparecencia en el Parlamento catalán, la independencia para, a continuación, suspender sus efectos a la espera de abrir un proceso de negociación política con el gobierno de Rajoy. El tercer momento lo encontramos el pasado 11 de octubre cuando Rajoy retó (o requirió) a Puigdemont a que contestara formalmente si había declarado o no la independencia y, en el caso de haberlo hecho, a retractarse, lo que dio lugar a un singular intercambio de cartas entre ambos dirigentes.
El último momento “estelar” llegaría el 26 de octubre cuando, frente a la filtración de la noticia sobre una inminente convocatoria de elecciones autonómicas por parte de Puigdemont, éste finalmente comparecía, ante los medios de comunicación, para anunciar su decisión de no convocarlas y seguir, en cambio, adelante con los planes de la declaración de independencia. Unos planes que se consumarían tan sólo un día después a través de una votación secreta y en una cámara semivacía, al ausentarse de la votación las principales fuerzas políticas de la oposición en Cataluña.
Todos ellos han sido momentos que han sido, amplia e intensamente, seguidos fuera de España, con una especial atención en los países europeos y en las instituciones comunitarias en un contexto en el que se teme el resurgimiento de los nacionalismos y sus efectos desestabilizadores.
Asimismo, a nivel internacional, las idas y venidas de la “primera parte” del procés se han saldado con dos puntos de inflexión política. Por un lado, el gobierno de Rajoy, aunque siempre respaldado por la comunidad internacional en la defensa de la legalidad frente al desafío independentista, perdió crédito político al cuestionarse, a la luz de algunas impactantes imágenes que dieron la vuelta al mundo, el uso desproporcionado de la fuerza policial para impedir la celebración del referéndum. Por otro lado, las contradicciones e incongruencias mostradas por un vacilante Puigdemont, así como su decisión de optar por la Declaración Unilateral de Independencia y de huir de España tres días después de proclamar la República catalana, han contribuido a restar credibilidad a las tesis defendidas por los independentistas catalanes.
Sabemos que la realidad muchas veces supera a la ficción. Y el procés es un buen ejemplo de ello. En el futuro, la crisis catalana de 2017 será estudiada como uno de los episodios que formarán parte de la historia de la democracia española. El 27 de octubre de 2017 será recordado como el día en el que el Parlamento catalán declaró unilateralmente la independencia. Y, aunque de naturaleza política distinta, el 27-O se sumará al 23-F como una de las fechas de mayor tensión política vivida desde la restauración de la democracia.
Estamos aún inmersos en el desenlace del procés. O, más bien, y siguiendo la metáfora de una serie televisiva, estamos al inicio de una nueva “temporada”, una vez ha concluido el capítulo de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y la consiguiente puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución.
Comenzamos ahora una nueva “parte” con un ex President instalado - junto a cuatro de sus ex consejeros- en Bruselas, desde donde prosigue con sus esfuerzos para internacionalizar la crisis catalana y eludir o “temporizar” las consecuencias judiciales de sus decisiones y acciones institucionales. Mientras otra parte del extinto Govern, formada por el ex Vicepresidente Junqueras y siete ex consejeros, han ingresado en prisión sin fianza. Y las fuerzas independentistas se enfrentan a la contradicción de defender la legitimidad del Estado republicano catalán al tiempo que reconocen la legitimidad del Estado monárquico español cuando, lejos de rechazar la convocatoria de elecciones autonómicas realizada, al amparo del artículo 155, por el gobierno de Rajoy, han anunciado (el PDeCATy ERC) su intención de concurrir a esos comicios.
Se configuran, así, los comicios del 21 de diciembre como una importante cita electoral (y “capítulo” en esta nueva “temporada”) para medir fuerzas entre el sector independentista y el no independentista después del estallido de esta crisis política. Pero también para comprobar la correlación de apoyos de los diferentes partidos políticos dentro de cada bloque (especialmente si ninguna fuerza política concurre con, otras formaciones, en listas conjuntas) y su posición en el tablero político de cara a la formación del próximo gobierno de Cataluña.
Apenas quedan 48 días para la celebración de las elecciones catalanas, pero aún son muchas las incógnitas por resolver y los nuevos giros políticos que se pueden producir en una situación de excepcionalidad política como la actual.
Dos son los factores que se vislumbran ahora como claves. Por una parte, el impacto que pueda tener en el electorado soberanista el proceso penal abierto por la justicia contra los responsables políticos de la declaración de independencia (por el uso que, del encarcelamiento de ex consejeros del govern y de la orden de detención de Puigdemont, podrían hacer las fuerzas soberanistas durante la campaña electoral). Un impacto que podría contrarrestar la decepción que puede haber causado, entre los votantes pro-independentistas, la gestión soberanista del “escenario post-DUI”.
Por otra parte, será determinante cómo se resuelvan las luchas de poder dentro de algunos partidos a los que los últimos acontecimientos del procés han abocado a crisis internas como la marca de Podemos en Cataluña y, en particular, el PDeCAT. En la antigua formación de Convergencia será crucial la pugna entre el sector que ha rechazado la Declaración Unilateral de Independencia y el que lo ha apoyado. Una pugna que será visible cuando se conozca quién será la persona que encabece su lista electoral y si este partido decide (y puede) o no presentarse, nuevamente, en una lista conjunta, con otras fuerzas soberanistas. En el caso de que el candidato del PDeCAT represente al ala más moderada del partido y reniegue de la vía rupturista emprendida por Puigdemont, más difícil será que ERC y la CUP, si ésta finalmente se presenta a las elecciones, utilicen estos comicios como un (nuevo, el tercer) plebiscito encubierto sobre la independencia o una segunda vuelta del 1-O.
De esta forma, y aunque la cuenta atrás para las elecciones ha empezado, quedan aún muchas piezas por encajar: saber cuántas formaciones políticas se presentarán, bajo qué candidaturas y quiénes encabezarán las listas. Algo que eleva la incertidumbre sobre los resultados que puedan arrojar las urnas y las potenciales alianzas de gobierno que se puedan producir.
No se puede descartar que, tras las próximas elecciones, la correlación de fuerzas en el Parlament sea similar o, con escasas variaciones, respecto a los resultados que arrojaron las urnas en las elecciones autonómicas de 2015. Ése es el escenario al que apunta el último barómetro realizado, entre el 16 y el 29 de octubre, por el Centro de Estudios de Opinión (CEO) de Cataluña, dependiente de la Generalitat. Desde el supuesto de que el PDeCAT y ERC se volvieran a presentar en una candidatura unitaria, el CEO estima que estas formaciones podrían aglutinar entre 60 y 63 escaños (cuadro 1). Unos escaños que sumados a los que, en caso de presentarse, podría lograr la CUP (entre 8-9), volverían a situar, según las estimaciones de este organismo, a las fuerzas soberanistas con una mayoría absoluta (situada en 68 escaños) en el Parlament, aunque no de votos (con un 45,9% de voto estimado).
Pero tampoco se puede descartar que las fuerzas soberanistas puedan perder la mayoría absoluta parlamentaria. O, al menos, así se desprende de la última encuesta realizada, entre el 23 y el 26 de octubre, por Sigma Dos para El Mundo (cuadro 1). De acuerdo con los resultados de este estudio, que parte del supuesto de que ERC y PDeCAT se presentarían por separado a las elecciones, se estima que, en el mejor de los casos, estas formaciones, junto a la CUP, se quedarían a tres escaños de la mayoría absoluta. Si bien, las llamadas fuerzas constitucionalistas (C’s, PSC y PP) tampoco alcanzarían la mayoría absoluta, quedándose, en el mejor de los casos, a 6 escaños de la misma. En ese escenario parece que la candidatura de los comunes y Podemos tendría la llave de gobierno.
En cualquier caso, en esta ocasión, los sondeos pueden servir más de “arma” electoral, que de “brújula”. Habrá que ser muy cautos, dado que, ante un panorama político como el actual en el que cualquier “acontecimiento” puede tener un gran impacto en las preferencias de voto, las encuestas pueden quedar rápidamente desfasadas. Y hay que tener en cuenta que los últimos sondeos publicados se han realizado antes de que se conozcan cuáles serán las candidaturas que se presenten a los comicios.
Además, habrá que tener en consideración el efecto de las campañas electorales de los partidos, y de los aciertos y errores que éstos puedan cometer. Cuando el clima social está “a flor de piel” es cuando mayores cambios se pueden producir en el comportamiento electoral y en la movilización del electorado.
De cualquier forma, sean cuales sean los resultados, los próximos comicios autonómicos no serán el punto de llegada en la resolución de la crisis catalana, sino el punto de partida para dar paso a una nueva fase política que permita, a través de diferentes opciones, tratar de normalizar las relaciones entre España y Cataluña y reestablecer las bases de la convivencia entre los diferentes grupos sociales que en Cataluña muestran diferentes (e incluso contrapuestas) preferencias por el modelo de organización territorial.
Incluso si tras el 21-D, se mantuviera la actual correlación de fuerzas políticas y el bloque soberanista estuviera en condiciones de reeditar un nuevo pacto de gobierno, varios factores podrían contribuir a desbloquear la situación política. Por un lado, el “baño de realidad” del bloque soberanista tras no haber logrado apoyos internacionales a su causa. Y, por otro otro, el gobierno de Rajoy podría ver aumentadas las presiones, tanto dentro de España como en la Unión Europea, para encauzar el conflicto a través del diálogo y las reformas políticas, después de haber ignorado la crisis catalana durante más de cinco años.
Al fin y al cabo, la mayoría de españoles son partidarios de optar por una solución política negociada para resolver el conflicto catalán. No resulta baladí que, de acuerdo con la última encuesta realizada por Sigma Dos para El Mundo, en el conjunto de España un 57% de los ciudadanos se muestre favorable a que “los catalanes realicen un referéndum legal pactado con el gobierno de España”. Un porcentaje que en el caso de los votantes del PP y de Ciudadanos no es mayoritario, pero supera el 40%. En Cataluña la cifra de ciudadanos partidarios de la celebración de un referéndum pactado se eleva al 75,6% y es, además, una opinión mayoritariamente compartida en todos los electorados (y, por tanto, entre los votantes del PP (58%) y de Ciudadanos (67%) en Cataluña).