El retorno de la inflación en las economías desarrolladas ha supuesto también el retorno de un viejo instrumento de control de la inflación. Se trata de la política de rentas. Las políticas de rentas fueron muy utilizadas en los países desarrollados en el largo periodo de crecimiento económico comprendido desde la II Guerra Mundial hasta la primera crisis del petróleo, teniendo como objetivo prioritario la estabilidad de precios. Nuevamente, la actual subida de la inflación -y el riesgo de estanflación económica- ha puesto en la agenda política y social la necesidad de alcanzar un pacto de rentas que, además de controlar la inflación, facilite un reparto más equitativo de la crisis económica.
De forma que, en la actualidad, todo el mundo reclama un pacto de rentas. Pero, ¿qué tipo de política de rentas? El gobernador del Banco de España ha propuesto cinco principios generales: 1) repartir los costes entre todos los agentes implicados; 2) atender el impacto asimétrico entre distintos tipos de trabajadores, empresas y sectores; 3) evitar la aplicación de fórmulas de indexación automática de los salarios a la inflación pasada o cláusulas de salvaguardia; 4) incorporar compromisos plurianuales concernientes a los incrementos salariales y a la protección del empleo y 5) establecer compromisos explícitos de moderación de los márgenes empresariales.
Como explicamos en un artículo anterior, el principal objetivo de las políticas de rentas siempre ha sido el control de las tensiones inflacionistas, como parte de un programa más general de estabilización económica. El control de rentas no actúa directamente sobre las causas originales de la inflación, sino sobre los factores “de segunda ronda”, al evitar que en una situación de aumento generalizado de los costes algunos agentes económicos añadan más presiones inflacionistas al mantener o ampliar su participación en la renta nacional. En este sentido, un buen diseño de la política de rentas puede contribuir a la resolución del conflicto distributivo entre salarios y márgenes empresariales que, no lo olvidemos, está en el núcleo del proceso inflacionista.
Con estos objetivos, la política de rentas ha buscado controlar la inflación (de costes y beneficios) regulando el crecimiento de las rentas a través de la aplicación de criterios ex-ante (antes de la formación de las rentas) y/o mediante el cambio del sistema de negociación de los salarios. Ambos instrumentos se dirigen a la quiebra de las expectativas inflacionistas. La operativa es la siguiente: el gobierno establece una meta de inflación y los representantes sindicales y empresariales establecen una “norma salarial” compatible con el objetivo de inflación.
¿Qué política de rentas sería deseable en la actualidad? En nuestra opinión más que una política de rentas “sticto sensu”, es decir, centrada en la moderación salarial, haría falta una estrategia más amplia. Sería deseable que junto a esa norma salarial se establecieran criterios de control para otro tipo de rentas no salariales, ya que ello facilitaría no solo el necesario consenso social para legitimar el pacto de rentas, sino que permitiría alcanzar resultados distributivos más justos. En otras palabras, una política de rentas “amplia”. Dicha política de rentas podría realizarse desde dos pilares: 1) un pilar corporativo (negociación colectiva) y 2) un pilar estatal (intervención pública).
Respecto al primero, la política de rentas reposa sobre la cooperación voluntaria entre patronal y sindicatos con el gobierno para negociar centralizadamente el crecimiento de sus rentas alrededor de los objetivos globales de la política económica que diseña el propio gobierno. En este sentido, para aplicar cualquier norma salarial en una política de rentas concertada es imprescindible fortalecer y reforzar el modelo de relaciones laborales y la negociación colectiva entre sindicatos y organizaciones empresariales. Por otro lado, la política de rentas consiste en establecer una norma de crecimiento salarial aceptada por los agentes sociales. Pero, ¿Cuál es esa regla salarial óptima? Esta pregunta no tiene una fácil respuesta. Existen varios sistemas de fijación salarial. La mayoría de las propuestas vinculan el crecimiento de los salarios nominales con alguna medida de productividad macroeconómica a medio plazo y/o con el objetivo de inflación del Banco Central. Es lo algunos autores han denominado la “regla de oro salarial” en el ámbito de la Unión Económica y Monetaria.
Sin duda, uno de los instrumentos más potentes del Estado para influenciar las rentas es el aumento del SMI. Mientras algunas rentas deben moderarse para evitar una espiral de segunda ronda, el impacto diferencial de la inflación sobre los trabajadores más pobres aconseja compensar el mayor coste en su cesta de consumo con un aumento del SMI.
El segundo instrumento es la política de rentas aplicada a los empleados públicos. Este tipo de política de rentas tiene la ventaja de no depender de la cooperación voluntaria de los agentes sociales del sector privado, sino que es el gobierno quién establece directamente el crecimiento de las rentas salariales de los empleados públicos. En este sentido, podríamos afirmar que un gobierno está permanentemente utilizando una política de rentas “indicativa”, dado que el aumento salarial en el sector público sirve de guía o referencia para la negociación colectiva del sector privado.
El tercer instrumento público de esta estrategia amplia de política de rentas es el Estado de bienestar. La política de rentas no solo debe incluir intervenciones sobre los salarios, sino que se ve ampliada y condicionada por las políticas sociales y el gasto público. El gobierno puede modificar el precio de acceso a los llamados bienes sociales preferentes (por ejemplo, el transporte público) para aliviar el aumento del coste de la cesta de la compra, y ampliar algunas prestaciones públicas. La expansión de estas políticas puede actuar de palanca para alcanzar acuerdos entre el gobierno, los sindicatos y las organizaciones empresariales. En ocasiones, los sindicatos se comprometen a aceptar unas determinadas directrices salariales restrictivas siempre y cuando el gobierno realice, como contrapartida, determinadas políticas (fiscales, sociales, de inversión pública, de bienestar social, etc.) y las organizaciones empresariales adquieran ciertos compromisos que supongan mejoras en las condiciones de trabajo, aumento de la inversión, creación de empleo o contención de sus márgenes empresariales.
Nos quedarían introducir dos instrumentos controvertidos y que suscitan un encendido debate (y, en ocasiones, rotundo rechazo). Nos referimos al control de precios y a los impuestos. Son dos instrumentos que la Economía Neoclásica o el pensamiento económico liberal desestiman por completo; el control de precios, porque impide que los mercados se ajusten libremente, y los impuestos, porque son considerados siempre como un coste para las empresas y para los consumidores (en definitiva, también, una pérdida de eficiencia y del bienestar general). Sin embargo, la realidad es que la fijación de precios ya se utiliza ampliamente en todas las economías desarrolladas. Ejemplos no faltan, desde el SMI y el control de los alquileres hasta las tarifas reguladas en sectores básicos como la electricidad, pasando por muchos servicios públicos –cuya provisión puede ser tanto pública como privada-. Se trataría -en una situación extraordinaria provocada por la guerra- de extenderlo a otros ámbitos de la economía. Nuestra propuesta no es novedosa. John Kenneth Galbraith la defendió en el libro A Theory of Price Control.
Respecto a los impuestos, nos parecen interesantes la última propuesta del gobierno de establecer un impuesto extraordinario a las empresas que están teniendo fuertes incrementos de beneficios en esta crisis económica, especialmente, las energéticas y los bancos. La propuesta consiste en establecer un impuesto del 1,2% de los ingresos a las empresas energéticas (gasistas, petroleras y eléctricas) y un 4,8% de los beneficios sobre comisiones e intereses de los bancos. Estos nuevos tipos impositivos cumplirían tres funciones básicas en nuestra propuesta de política de rentas “amplia”: 1) limitarían el margen de beneficios (objetivo muy difícil de alcanzar en el contexto de un pacto social), 2) proporcionarían recursos públicos para aplicar políticas fiscales expansivas focalizadas, especialmente, a los sectores sociales más vulnerables de la sociedad y 3) favorecerían un reparto más justo y equitativo de las consecuencias negativas del incremento de la inflación.
En resumen, nuestra propuesta se basa en la instrumentación de una política de rentas sustentada en dos pilares básicos: 1) un acuerdo social entre el gobierno, los sindicatos y las organizaciones empresariales que proporcione estabilidad a los salarios en un periodo plurianual (recuperando el poder adquisitivo de los salarios cuando se contenga la inflación) y 2) una intervención pública que intervenga en las rentas de los trabajadores desde un ámbito político diferente a los convenios colectivos. Creemos que esta propuesta es más sistémica, además de justa, sobre todo, si la comparamos con una mera reedición de la moderación salarial en el marco del próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva.