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Beteta niega que los servicios públicos se resientan por la reforma local y defiende que se aclarará quién los presta

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha defendido la separación clara de competencias entre administraciones que se establece en la reforma local y ha negado que los servicios públicos se vayan a resentir por ello, porque se establecen suficientes mecanismos para poder cubrir esos servicios.

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En un encuentro informativo en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Beteta ha rechazado interpretaciones como la de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales; este colectivo considera que al fijar que la competencia en esta materia es de las comunidades, muchos municipios dejarán de prestarlas sin que nadie les sustituya en esa función.

El secretario de Estado ha explicado que los servicios sociales siempre han sido de competencia autonómica; a los municipios les compete la evaluación de situaciones de necesidad social y la atención inmediata de las personas excluidas o en riesgo de estarlo.

Sobre todo lo demás, la nueva ley dejará sentado que son responsables las CCAA; podrán sin embargo delegar estas competencias a los ayuntamientos siempre que les paguen adecuadamente por ello; si no lo hacen, el Estado abonará ese dinero reteniéndolo de la participación de esa autonomía en los ingresos del Estado.

Además, y como tercera vía, los municipios podrán prestar servicios sociales que la autonomía no quiera ofrecer, siempre que estén en situación de superávit.

A su juicio, este "menú de colaboraciones y todas voluntarias" abre la puerta a que los servicios estén cubiertos. Y que se cubran además con eficiencia, ha subrayado, ya que una de las prioridades de la ley, ha admitido, es que se cumpla en todo caso el principio de equilibrio presupuestario.

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Antonio Beteta ha defendido como otra de las claves de la reforma que obliga a las administraciones locales a ser transparentes con el coste de los servicios que prestan. Desaparecido el polémico coste estándar, la obligación de no superar un precio del servicio, los municipios deberán ahora calcular publicar el coste efectivo de los mismos. Los vecinos tendrán así amplia información y podrán comparar unos municipios con otros, ha dicho.

En este punto, Beteta ha rechazado la acusación del PSOE de que la ley está pensada para favorecer la privatización de servicios públicos. Según ha dicho, se deja la puerta abierta que un servicio se preste de forma directa o indirecta, pero se deberá informar de por qué y del coste final obtenido, datos que los vecinos podrán comparar con la calidad del servicio que se recibe.

El secretario de Estado ha querido subrayar que la norma establece que el pacto y la voluntariedad para muchos aspectos importantes y ha añadido que buena parte de los contenidos de la ley ya se están cumpliendo antes de entrar en vigor.

De hecho, Beteta ha explicado que algunos contenidos iniciales más agresivos, como el polémico coste estándar o la reducción del número de concejales, han sido eliminados fruto de las negociaciones pero también porque la situación del sector local ha mejorado en el último año: constituyen la única de las tres administraciones que ya no está en déficit y han mejorado su sistema de gestión, ha dicho.

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