La legislatura fallida impidió fiscalizar las compatibilidades de los diputados
La XIII legislatura estaba llamada a ser la del control de los lobbies y la fiscalización de esas otras actividades que algunos diputados compaginan con su trabajo parlamentario. La apuesta por transparentar esas otras dedicaciones de sus señorías venía fijada del anterior mandato.
Un código de conducta que quedó aprobado bajo la presidencia de Ana Pastor y cuyo espíritu debería haber retomado la socialista Meritxell Batet establecía nuevas obligaciones a los diputados.
Aquella regulación planteaba medidas de vigilancia para garantizar que la información aportada por los diputados se ajustase a la realidad. Se pretendían medidas como obligar a todos los parlamentarios a rellenar un formulario con el nombre de todos sus pagadores en el pasado. También debían explicar qué regalos o invitaciones habían recibido a lo largo de su vida por parte de empresas o entidades privadas. El plan previsto contemplaba la creación de una Oficina de Conflicto de Intereses con la responsabilidad de analizar si la información facilitada por los parlamentarios se corresponde con la realidad.
En los cinco meses que ha durado este periodo parlamentario, el Congreso no ha encontrado tiempo para analizar y publicar las actividades privadas para las que los políticos habían pedido permiso y certificado de compatibilidad. Como consecuencia, la web oficial del Congreso nunca llegó a ofrecer los datos sobre las actividades profesionales de sus señorías.
Las declaraciones de intereses de los diputados se estudian en la Comisión del Estatuto del Diputado. La calma con la que la presidencia de Meritxell Batet se tomó la convocatoria de este organismo impidió la elaboración del dictamen que la comisión debería haber elaborado para someterlo a votación en el Pleno antes de publicar la información en la página web del Congreso.
El desencuentro entre los partidos políticos y la convocatoria de nuevas elecciones pillaron al Congreso con el trabajo a medio hacer. La Comisión del Estatuto del Diputado solo se reunió una vez, el día de su constitución. No hubo más reuniones. Como consecuencia, los datos sobre las actividades profesionales de los diputados de la XIII legislatura nunca llegaron a ver la luz. Toda la información que sus señorías entregaron a la cámara nunca podrá ser consultada, según asegura un portavoz del la cámara baja a eldiario.es.
La constitución de las comisiones parlamentarias se retrasó porque su creación se inspira en el reflejo de la estructura del Gobierno. A cada ministerio, una comisión que fiscaliza su trabajo. Al no producirse un pacto para la configuración de un Gobierno, el Congreso fue quemando las hojas del calendario sin fiscalizar las posibles incompatibilidades de los diputados elegidos el 28 de abril.
Lejos de llegar a esos niveles de información y detalle, la XIII Legislatura ha finalizado sin que nadie conozca ni valore las actividades profesionales que los parlamentarios han desarrollado fuera de sus funciones como representantes públicos. Cualquier irregularidad que se haya podido llegar a producir en esos meses nunca verá la luz.
