Las nuevas reglas del Congreso después del 28A: control del pasado económico y los intereses personales de los diputados
Las elecciones del 28A traerán consigo una importante novedad en las normas que rigen la relación de los diputados con el Congreso. Se pone fin a la opacidad sobre los intereses económicos que pudieran afectar a las decisiones de los parlamentarios durante los debates y se crea una nueva oficina que vigilará, entre otras cosas, que la información facilitada por sus señorías se ajuste a la realidad. El manual de instrucciones para dotar al Congreso de mayores cotas de transparencia se llama código de conducta y se ha aprobado esta semana.
Las nuevas normas serán aplicables a los diputados que resulten elegidos en las elecciones del 28A. Hasta la fecha, los parlamentarios tenían la obligación de completar dos formularios para su acceso al cargo: uno en el que declaraban sus actividades profesionales y otro en el que se detallaban sus bienes y rentas. Nadie vigilaba la veracidad de los datos aportados en esos dos documentos y, en multitud de ocasiones, se registraban generalidades como “vivienda” en el tipo de vivienda, “coche” en la marca del vehículo o “salario” en la empresa pagadora.
A partir de ahora, el Congreso obligará a los parlamentarios a rellenar un tercer documento bajo el epígrafe “declaración de intereses económicos”. El nuevo formulario exige que los diputados detallen “las actividades que hayan desempeñado en el pasado y que les hayan proporcionado ingresos económicos”. También se les pide que den la información sobre “donaciones, obsequios y beneficios no remunerados obtenidos con anterioridad a la toma de posesión”.
En ese nuevo capítulo, los parlamentarios deberán incluir el nombre de todos sus empleadores y de aquellas empresas para las que hayan realizado trabajos. También tendrán que aclarar cualquier invitación o regalo recibida con anterioridad a la toma de posesión. Según la nueva normativa, los diputados tendrán que detallar cualquier viaje al que hayan asistido invitados por empresas o entidades ajenas a su entorno familiar. Verán la luz también las veces que sus señorías han visitado a coste cero los palcos de campos de fútbol, conciertos o plazas de toros.
Toda la información que se recabe por esta vía será publicada en la página web del Congreso de los Diputados.
Imparcialidad bajo vigilancia
El Código de Conducta contempla la previsión de crear una Oficina de Conflicto de Intereses que velará por que la imparcialidad impere en los debates y votaciones parlamentarias. En el caso de que un diputado tenga un interés personal que le pueda influir en un debate deberá comunicarlo por escrito a la presidencia del Congreso o de la Comisión correspondiente, si el tema se está discutiendo en ese ámbito.
La Mesa resolverá con carácter confidencial y podría solicitar informes a la Comisión del Estatuto del Diputado para aclarar si el parlamentario puede o no participar de las votaciones sobre las que ha declarado intereses personales.
La nueva Oficina de Conflicto de Intereses tendrá también la función de vigilar que lo que declaran los diputados es cierto. Es la primera vez que la cámara investiga la veracidad de los datos aportados por sus integrantes. Hasta la fecha el único control efectivo sobre las incorrecciones en esas declaraciones era el ejercido por los medios de comunicación.
Sin solución sobre los currículums
En sus nuevas normas, el Congreso no da grandes pasos para mejorar la transparencia y trazabilidad de los currículums que los diputados presentan al inicio de cada legislatura. Pese a la polémica de los másters, que se llevó por delante la presidencia de Cristina Cifuentes y forzó la dimisión de Carmen Montón, no habrá obligación de presentar ante la cámara los títulos que acrediten los estudios que se incluyen en esas listas de méritos.
El código se limita a invitar a los diputados a presentar al Congreso “títulos, datos y archivos que el propio parlamentario considere relevantes” pero no obliga a hacerlo. El Congreso seguirá sin realizar labores de comprobación sobre los cargos y títulos que se incluyan en las biografías de las 350 personas que configurarán el nuevo Parlamento después del 28A.
Agendas públicas
Las nuevas normas obligan también a que los parlamentarios hagan públicas sus agendas en el Portal de Transparencia del Congreso. Con esta medida se pretende que la actividad de los lobbys no escape al control de la cámara.
El código aclara que se considera lobby o grupo de interés a “aquellas personas físicas o jurídicas que se comuniquen de forma directa o indirecta con los titulares de cargos públicos o electos en favor de intereses privados, públicos, particulares o colectivos intentando modificar o influir sobre cuestiones relacionados con la elaboración de iniciativas legislativas o programas políticos”.
