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Fiscalía, contraria a excarcelar a Junqueras y demás candidatos porque el juicio consolida las acusaciones

Alude a medios económicos y publicidad ventajosa que disfruta Puigdemont y que podrían tener si se fugan

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha instado por "razonable y proporcionado" el mantenimiento de la prisión provisional de los cinco políticos independentistas presos que forman parte de candidaturas para las elecciones generales del próximo 28 porque persisten las razones que determinaron la adopción de esta medida cautelar y además el juicio está consolidando las pruebas contra todos ellos. El informe, de 9 páginas, no hace mención alguna a la afectación de los derechos políticos de los encausados.

Los presos preventivos que han solicitado esta vez la libertad son del ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, de los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y el que fuera presidente de Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez, cuyas defensas solicitaron la semana pasada al tribunal que les excarcele tras haber sido declarados oficialmente como candidatos al Congreso y al Senado (en el caso de Romeva) en las listas de ERC y JxCat.

Fiscalía recuerda en su informe, de 9 páginas, que la prisión provisional ha sido reiteradamente examinada a lo largo de la instrucción de la causa y también por la Sala.

Añade que, tanto por la gravedad de los delitos que se les imputa como por la importancia de las penas solicitadas, se mantiene el riesgo de fuga y el de reiteración delictiva, por lo que considera que el mantenimiento de la prisión preventiva es razonable y proporcionado, concurren todos los presupuestos constitucionales y legales para ello y no implica una vulneración del derecho fundamental a un juicio justo.

Las solicitudes se presentaron un día después de que el BOE publicara el 2 de abril la lista oficial de candidatos a los comicios, ya que a juicio de las defensas el mantenimiento de la medida cautelar de prisión provisional comenzará a afectar a los derechos de participación política desde el próximo día 12, fecha de arranque de una campaña en la que no podrían participar.

A lo largo de su informe, firmado por el fiscal Fidel Cadena, la Fiscalía incide en la persistencia de los "fines constitucionalmente legítimos" que se tienen en cuenta para aplicar la prisión preventiva en este caso, que se sustentan en la gravedad de los delitos imputados -rebelión, malversación-- y lo elevado de las penas solicitadas.

RIESGO DE FUGA Y "PUBLICIDAD VENTAJOSA" EN LIBERTAD

Sobre el riesgo de fuga de los cinco solicitantes de libertad, la Fiscalía señala que aunque todos tienen "vínculos personales, patrimoniales y políticos" que harían "difícil y penosa" la huida aunque también respaldo -notorio según los medios de información-- "de estructura organizativa y medios afines suficientes" para poder eludir la justicia una vez lograda la libertad.

Añade la Fiscalía que esta estructura dotaría a los encausados de "recursos económicos necesarios par su subsistencia fuera de España, asesoramiento jurídico especializado y publicidad ventajosa" tal y como ocurre en el caso del expresident Carles Puigdemont y el resto de huidos -- Marta Rovira, Clara Ponsatí, Lluis Comin-- "cuya desatención" a las resoluciones judiciales ha pasado a constituir "situación de rebeldía".

"Todo ello evidencia las posibilidades a disposición de los procesados de materializar la elusión de la Justicia y aconseja vivamente su puesta en libertad", mucho más cuando se está celebrando el juicio, una fase del proceso que "está determinando la consolidación de los elementos de la imputación".

Todo ello incrementa el riesgo de fuga, según el Ministerio Público, que añade que de huir los encausados ello afectaría gravemente a la continuación del juicio que se está celebrando desde el pasado febrero.

OBJETIVO INDEPENDENTISTA "PROVISIONALMENTE LOGRADO"

Añade el fiscal Cadena que varias de las pruebas documentales que obran en la causa, como el "libro blanco" o la denominada "hoja de ruta" del 'procés' indican la "voluntad de persistir" de los acusados en su objetivo de segregar parte del territorio nacional, algo que fue "provisionalmente logrado".

En este punto la Fiscalía incide en que entre los medios ilegítimos para lograr sus fines, los cinco encausados que han vuelto a reclamar su libertad emplearon la malversación y también métodos "violentos" entre los que cita la "movilización social" y la "sumisión" de los Mossos d'Esquadra.

Añade que los cinco encausados que reclaman libertad no son autores de un hecho aislado, sino de varios actos aislados como "fraudes parlamentarios, desvío de gastos, vías de hecho y violencia" que utilizaron para derogar la Constitución, el Estatuto de Autonomía y colocarse "por encima del Tribunal Constitucional", además de crear estructuras de Estado y materializar el referéndum ilegal. A todo ello se une que convocaron a a la población a "movilizaciones masivas" para impedir el cumplimiento del mandato judicial de evitar la consulta.

Así, concluye la Fiscalía que el riesgo de reiteración delictiva "no está en absoluto conjurado", puesto que tanto el puesto que ocupaban como las manifestaciones públicas que realizaban los solicitantes de libertad "sugieren la alta probabilidad de incidir".

El juicio, añade, está acreditando además ese "liderazgo e implicación" y por ello el fiscal Cadena solicita al tribunal que en su respuesta ofrezca una "motivación expresa, reforzada y renovada" de la decisión de mantener a todos ellos en prisión.

El informe alude igualmente a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) relativa al opositor turco de origen turco Demirtas, recurrentemente aludida por las defensas en sus escritos de solicitud de libertad, para apuntar que dicho caso no se esgrimieron razones de peso para justificar su prisión en vez de aplicarle unas medidas menos gravosas.

Como alternativas a la prisión, las defensas proponen la limitación de los movimientos e sus clientes a la comunidad autónoma o al término municipal de Madrid, complementada con controles telemáticos o policiales, o incluso su arresto domiciliario controlado, de modo que puedan participar en actividades de campaña electoral. El informe no hace tampoco mención alguna a la posibilidad de imponer estas medidas menos gravosas a los solicitantes de libertad.

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