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El frente judicial abierto por las tres derechas estira la polémica del encuentro de Ábalos con Delcy Rodríguez

El juez de Madrid que imputó a Dani Mateo por un sketch con la bandera de España tramitará la denuncia del PP y el Supremo decidirá si admite la querella de Vox

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Ábalos: El Gobierno continúa reconociendo a Guaidó como presidente encargado

Ábalos: El Gobierno continúa reconociendo a Guaidó como presidente encargado EFE

La bronca política por el encuentro que mantuvo el pasado 20 de enero en el aeropuerto de Barajas el ministro José Luis Ábalos con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ya ha saltado a los tribunales. Las tres derechas buscan por esta vía desgastar al Gobierno a través de un asunto con el que el Ejecutivo se ha enredado desde el principio ofreciendo explicaciones insuficientes y versiones contrapuestas.

Dos jueces de Madrid tienen en su mano tramitar una denuncia presentada por el Partido Popular y otra querella del llamado Partido Laócrata de España por presunta prevaricación en ese encuentro y determinar si debe abrirse un procedimiento penal. Además, Vox presentó este martes una querella por el mismo delito contra Ábalos en el Supremo, tribunal ante el que está aforado por su condición de ministro y diputado, y que todavía no se ha pronunciado sobre su admisión o no a trámite. Ciudadanos, por su parte, ha optado por pedir a la Fiscalía General del Estado que investigue.

La vía del Ministerio Publico la utilizaron también los partidos de Pablo Casado y Santiago Abascal. De hecho, fue la denuncia del PP ante la Fiscalía General del Estado la que llevó a la Fiscalía de Madrid -competente en este caso- a abrir unas diligencias de investigación que se cerrarán con la tramitación por parte los jueces de Madrid, pues cuando un caso de judicializa, la Fiscalía no puede seguir investigando de forma autónoma. Por otro lado, el PP logró este martes in extremis que un juzgado de guardia ordenara que no se destruyan las imágenes del circuito de videovigilancia del aeropuerto de Barajas que captaron el encuentro. Este miércoles se cumplían los 30 días de plazo que marca la ley para que las cintas pudieran haber sido borradas.

La jueza Susana Trujillano, en funciones de guardia, atendió así la medida cautelar urgente solicitada por el PP, que considera que la reunión puede constituir un delito de prevaricación al tener Rodríguez prohibida la entrada al territorio comunitario por el Consejo de la UE. El partido cree que esas cintas pueden ser pieza clave en la investigación. En su auto, la jueza sostiene que de los datos expuestos en el escrito presentado por la formación de Pablo Casado "se desprenden indicios racionales de hecho delictivo" y acuerda, con el criterio a favor de la Fiscalía, aceptar su solicitud.

No obstante, no atribuye de forma indiciaria delito ninguno a Ábalos y únicamente insta a Aena a conservar las imágenes. De no hacerlo, advierte, las autoridades competentes podrían incurrir en un delito de desobediencia. Trujillano tampoco pide que sean trasladadas al juzgado para visionarlas. Eso es algo que tendrá que decidir el juez Adolfo Carretero Sánchez, itular del  juzgado de Instrucción número 47, al que ha llegado la causa por reparto. Carretero Sánchez es el juez que mantuvo imputado casi dos meses al cómico Dani Mateo por sonarse la nariz con una bandera de España.

En paralelo, el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, del que es titular Antonio Serrano-Arnal, tramitará la querella del Partido Laócrata de España también por la supuesta comisión de un delito de prevaricación en el marco de estos hechos. Serrano-Arnal es el instructor de la causa en la que se investiga el presunto fraude fiscal cometido por Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno y exministro de Economía.

Si los dos jueces abren causa penal por entender que hay indicios de delito y los hechos coinciden, ambos procedimientos deberán acumularse en un único juzgado. Los hechos podrán ser investigados en un juzgado de Madrid, aunque en caso de apreciar indicios de delito en la actuación de Ábalos sí deberían remitirse al Supremo. En ese hipotético caso, el juez debería elevar un exposición razonada a la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, que tendría que determinar después si procede o no investigarle. 

En el Supremo, explican fuentes del Alto Tribunal, se han recibido dos querellas sobre estos hechos: una de Vox y otra del llamado Partido Laócrata de España, que también acudió a un juzgado de Madrid. Ambas están todavía en una fase de tramitación "inicial" en la que se ha solicitado a los querellantes que aporten el "poder especial" para poder formular querella. Después se les solicitará una fianza para poder ejercer como acusación popular y sólo entonces se pedirá a la Fiscalía el informe sobre la pertinencia o no de la admisión. La Sala de lo Penal tomará después una decisión.

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