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El Gobierno decidirá si levanta el secreto de los fondos reservados que usó la policía política del PP

El juez de la caja B pide al Ministerio del Interior un informe de los pagos al chófer de Bárcenas que solo puede autorizar por ley el Consejo de Ministras

De la Mata busca a “los últimos responsables” de la Operación Kitchen, material clasificado secreto sobre el robo de documentos comprometedores para el PP

La iniciativa del juez amenaza al Ministerio de Fernández Díaz y a los mandos policiales de la Operación Catalunya y el informe PISA contra Podemos 

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El ministro Grande-Marlaska charla con Pedro Sánchez en la bancada del Gobierno en el Congreso

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El Gobierno que preside Pedro Sánchez deberá decidir si aporta al juez de la caja B documentación secreta sobre el uso de los fondos reservados en tiempos de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior. El magistrado José de la Mata ha solicitado al departamento que ahora dirige Fernando Grande-Marlaska un informe detallado de los pagos al chófer de Luis Bárcenas, pero esa documentación goza de una protección que, según la Ley, solo puede retirar el Consejo de Ministros.

Alertado por informaciones publicadas en los últimos días, el juez De la Mata quiere disponer de cualquier documento del que no dispone hasta ahora sobre pagos de empresarios al Partido Popular en dinero negro y posibles sobresueldos en el seno de la formación política. Pero además quiere saber quién ordenó y ejecutó la Operación Kitchen al margen de la investigación judicial que entonces dirigía Pablo Ruz, el antecesor de José de la Mata en el juzgado de la caja B.

Fuentes del Ministerio del Interior confirman que la respuesta al juez consistirá en instar al magistrado de la Audiencia Nacional a que solicite la autorización pertinente al Consejo de Ministros. Con ese permiso, el Ministerio del Interior podrá remitir a la Audiencia Nacional el informe que precisa.

En el auto dictado este viernes, el juez incluye un párrafo que puede resultar un misil contra el Ministerio del Interior que dirigió Jorge Fernández Díaz, con Francisco Martínez como número dos y un grupo de mandos policiales dedicados a elaborar informes contra la oposición política durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

En ese párrafo, el juez requiere a la actual Secretaría de Estado de Seguridad para que, “a la máxima urgencia, elabore y remita informe completo relativo a la denominada Operación Kitchen, en particular en lo relativo a sus objetivos, preparación, aprobación, ejecución, reporte, supervisión y control, etc., detallando las identidades de todas las personas que hayan participado en la misma y la de sus últimos responsables, con expresión de su tareas y responsabilidades”.

Para que no quede duda del detalle que requiere, De la Mata advierte de que el informe deberá incluir “toda la documentación generada y/u obtenida durante su desarrollo”, entendiéndose como tal “oficios, informes, notas de servicio y cualesquiera documentos incautados o recibidos, en cualquier soporte o cualquier vía”.

okdiario.com adelantó que en los registros a Villarejo aparecieron facturas y recibís con pagos de  2.000 euros mensuales al chófer Ríos Esgueva durante dos años, una cantidad desorbitada para un confidente, explican fuentes policiales con experiencia en operaciones de carácter reservado.

Las grabaciones de Villarejo al chófer: Pieza 7

Un oficio de los agentes de Asuntos Internos que investigan el caso Villarejo provocó hace dos semanas que Anticorrupción solicitara al juez la apertura de una nueva pieza secreta, la número 7, sobre los pagos con fondos reservados al conductor de Bárcenas. El oficio de Asuntos Internos surge de la aparición de grabaciones realizadas por Villarejo al chófer, halladas en los registros de la Operación Tándem, informan a eldiario.es fuentes de la investigación. Cualquier documentación al respecto que obtenga el juez de la caja B será reclamada por Anticorrupción para que se incorpore a la Operación Tándem o caso Villarejo, aseguran fuentes jurídicas.

La investigación del caso Villarejo sufre interferencias casi desde su inicio. Anticorrupción choca con el magistrado Diego de Egea respecto de la gravedad de los indicios contra los principales acusados y el juez llegó a asegurar a uno de ellos que nunca ordenaría su detención. La irrupción del juez De la Mata podría dar un nuevo impulso a un caso que ha visto cómo las informaciones desvelando la pieza secreta 7 han interferido recientemente en las diligencias que pretendía practicar la Fiscalía. Por otra parte, De Egea aún no ha enviado los archivos pendientes de desencriptar al organismo dependiente del Ministerio de Economía que intentará acceder a su contenido.  

De acuerdo al procedimiento que debe seguirse para destinar fondos reservados a una operación, en la documentación que requiere el juez De la Mata debe aparecer el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Su rúbrica está en las partidas que Interior libraba para la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, el órgano que luego repartía entre las unidades dedicadas a combatir el terrorismo y el crimen organizado y que reservaba una parte para su propio uso. 

En la época de la Operación Kitchen, esa Dirección Adjunta Operativa multiplicó los fondos que obtenía de Interior, aseguran fuentes del departamento en aquella época. Entre 2012 y 2016, la DAO del comisario Eugenio Pino albergó un grupo secreto dedicado a labores de Inteligencia, una tarea que excede la función de policía judicial que confiere al Cuerpo la Ley de Fuerzas Seguridad del Estado de 1986.

El objetivo inicial de esa ‘brigada política’ fue el proceso soberanista en Catalunya, con el rastreo de una supuesta corrupción de sus líderes y familiares, todo sin control judicial, para la elaboración de informes apócrifos que acababan publicados en determinados medios de comunicación en fechas señaladas del ascenso independentista. El ‘modus operandi’ de la denominada Operación Catalunya se trasladó después contra Podemos, dando pie al informe PISA sobre la falsa financiación irregular del partido de Pablo Iglesias. Con la Operación Kitchen emerge una tercera función, el trabajo sucio para tapar conductas irregulares y posibles delitos en el seno del Partido Popular.

Sergio Ríos, de chófer-topo a policía 

Al finalizar la Operación Kitchen, Ríos, el chófer de Bárcenas, aprobó las oposiciones para ingresar en la Policía. Tenía 42 años.  Penúltimo de su promoción, juró rodeado de veinteañeros y fue destinado a Lleida. En tres meses, la Dirección de la Policía lo reclamó para trabajar en Madrid, su habitual lugar de residencia, a través de un procedimiento extraordinario, la comisión de servicios, que se reserva a especialistas en alguna materia.

El diario El Mundo ha publicado que Ríos entregó a la Policía anotaciones de Bárcenas sobre María Dolores de Cospedal, la secretaria general del partido a la que estaba abiertamente enfrentado, así como manuscritos vinculados a la financiación ilegal del PP de Madrid a través de la fundación Fundescam, así como otras anotaciones sobre material que guardaría en alguna parte y que resultaría comprometedor para el partido.

Nada de eso fue incorporado a la causa de los papeles de Bárcenas que investigaba la UDEF como policía judicial a las órdenes del juez Ruz, agentes ajenos al pago de fondos reservados a Ríos Esgueva. Ahora, el juez De la Mata reclama a El Mundo esos documentos. La causa de la caja B está pendiente de ser juzgada en los próximos meses, pero mientras eso ocurre, De la Mata continúa practicando diligencias. En otro auto dictado también este viernes, el juez acuerda la declaración del empresario imputado en Púnica David Marjaliza, solicitada por la acusación popular de IU, entre otras.

La Ley que rige los secretos oficiales data de 1968. En su punto cuarto recoge que la calificación como tal corresponde “exclusivamente, en la esfera de su competencia, al Consejo de Ministros y a la Junta de Jefes de Estado Mayor”. Una ley de la época de Felipe González, la 11/1995 regula los fondos reservados, pero remite a la anterior, del régimen franquista, para determinar quién puede conceder o retirar la clasificación de secreto a esta materia. Un protocolo reservado, y redactado en Interior a raíz de la promulgación de esa ley, desarrolla el uso de los fondos reservados.

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