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El Gobierno debate una fuerte inversión en servicios sociales y sectores estratégicos para salvar la economía

El Ministerio de Economía trata de aplacar el ímpetu de otros miembros del gabinete que defienden un plan de choque para familias, trabajadores y pymes

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Reunión del Consejo de Ministros del pasado sábado. EFE

En la política ya no hay espacio para relatos. Sólo para decisiones rápidas. Primero, las destinadas a la protección de la salud pública. Y casi a la misma velocidad hay que actuar sobre la economía. Este martes está previsto que el Gobierno apruebe un plan de choque que palie las consecuencias que la pandemia y el confinamiento tendrán sobre las empresas, los autónomos y las familias. La rápida propagación del coronavirus amenaza, según los expertos, con una recesión global. Y Pedro Sánchez quiere tener disponible cuanto antes un paquete de medidas con el que evitar despidos masivos y proteger a las familias y a las empresas.  

La decisión no es fácil. Y prueba de ello es que en la mesa del Consejo de Ministros hay un profundo debate sobre el alcance de las mismas y las consecuencias que todas ellas puedan tener sobre el endeudamiento y la senda de déficit. A un lado los guardianes de las esencias. A otro, quienes defienden que ante una situación de emergencia como la que vivimos, lo importante es garantizar la protección de los más vulnerables sin reparar en la ortodoxia de Bruselas.

La línea que divide a unos ministros de otros no es de siglas, ya que las medidas que defienden los de Unidas Podemos y que tienen que ver con las recetas de Keynes son compartidas por algunos socialistas como el titular de Transportes, José Luis Ábalos; o el de Seguridad Social y ex presidente de la Autoridad de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el independiente José Luis Escrivá. Pero la conclusión final es que el área económica que lidera Nadia Calviño pretende frenar el ímpetu de los ministros que creen necesario y urgente habilitar un plan de rescate para familias, trabajadores y empresas.

Los del vicepresidente Pablo Iglesias defienden un plan de choque en inversiones sanitarias y servicios sociales para que las consecuencias de la crisis no recaigan, como en 2008, sobre la población más vulnerable y aumente la bolsa de excluidos sociales. Desde Unidas Podemos no solo han comunicado esta posición dentro del Consejo de Ministros. En las últimas horas se ha producido una cascada de mensajes en redes sociales de dirigentes de este espacio político, como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el portavoz parlamentario, Pablo Echenique, o el dirigente de IU Enrique Santiago.

Un debate de fondo

Sánchez ya habló hace una semana de una potente inversión para frenar el colapso del empleo con medidas que flexibilicen los ERTEs –expedientes de regulación temporal de empleo como los que ya han anunciado varias grandes empresas– y con las que compensar a las familias, las empresas y los autónomos. A lo largo de todo el lunes han sido objeto de debate aún la concesión de bajas laborales para quienes no puedan ir a trabajar por el aislamiento, reconocer un derecho de prestación para los cuidados de mayores y líneas de financiación ICO que garanticen la liquidez de las pymes. También una posible prestación de empleo especial para trabajadores despedidos que no cumplan con el mínimo de cotización necesario y una fuerte inversión para necesidades estratégicas del país, como la rehabilitación de viviendas, la digitalización o la transición energética, con las que reactivar rápidamente la economía cuando la emergencia sanitaria termine. El objetivo sería facilitar el "rebote" económico.

El decreto que aprobará mañana el Consejo de Ministros aún está abierto porque se han discutido, "hasta los puntos y las comas" entre quienes, como la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y la titular de Hacienda, María Jesús Montero, son partidarios de cumplir los objetivos previstos y ser ortodoxo con el déficit y quienes, como Iglesias, Ábalos o la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no ven sentido a preocuparse ahora por eso cuando lo que hay que hacer es evitar que la economía colapse. "Total, si estamos endeudados qué más da hacerlo un poco más y ayudar con mayor generosidad", aseguran. El debate en todo caso es de fondo.

El endeudamiento, dadas las circunstancias, parece inevitable. Y los ministros que defienden el llamado "escudo social" no encuentran justificación macroeconómica para estar excesivamente preocupados por posibles aumentos en la ratio de deuda/PIB, pese a que no sea deseable. Mucho más perjudicial que la desviación en las cifras macroeconómicas, aseguran, sería "que la economía colapse y se pueda generar con ello una crisis política como la que tuvo lugar en este país hace una década"

"La política fiscal -argumentan los defensores del endeudamiento- debe empezar a remar ya en la misma dirección que la política monetaria, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Si no se hace de forma urgente, la crisis se profundizará rápidamente".

Programa de dos puntos del PIB

El Gobierno se debate, por tanto, entre la no aplicación de políticas de expansión fiscal que arrastrarían a la economía a una inexorable y profunda recesión o el impulso de un programa de expansión de al menos dos puntos del PIB con el que mantener el crecimiento, reforzar las prestaciones sociales para amortiguar la crisis y promover inversiones socialmente útiles. En este caso aumentará también la proporción entre la deuda pública y el PIB, pero al menos se podrá frenar la crisis social

La discusión sigue abierta, pero quienes tratan de imponer el criterio de mayor protección social recuerdan que el artículo 135 de la Constitución Española –el reformado por la vía exprés en agosto de 2011 con el acuerdo de PP y PSOE– establece en su punto cuarto, que "todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria" y que añade "los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado". 

Y más allá del ordenamiento jurídico nacional, "que deja claro margen para acometer nuevas emisiones de deuda, también la Comisión Europea y algunos líderes del Eurogrupo han dejado clara su posición en los últimos días de que es necesario mayor endeudamiento", subrayan fuentes del Ejecutivo.

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