IU exige que el Gobierno haga público el contrato con el abogado que defiende a Llarena en Bélgica

Con este objetivo y el de conocer todo los detalles de esa contratación, la diputada de la federación de Izquierdas Eva García Sempere ha registrado en el Congreso una baterías de preguntas al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En concreto, García Sempere aspira a que el Gobierno le explique con qué informes contó para contratar al citado letrado y de qué partida presupuestaria salieron los fondos para pagarle los 500.000 euros que, según las informaciones publicadas, costó sólo el inicio de los trámites.

La parlamentaria considera que el contrato con el abogado debería ser público y por eso pregunta al Gobierno si puede darlo a conocer y, en caso afirmativo, que cuándo piensa hacerlo.

CÓMO SE LE ELIGIÓ

Asimismo, demanda información sobre la persona que acordó la contratación, sobre todo teniendo en cuenta “el rechazo manifestado inicialmente por el Gobierno para realizar alguna acción para defender al magistrado”. También quiere saber cómo se le seleccionó, qué parte del contrato ha sido ya abonada, en qué país y “a través de qué mecanismo se realizó la transferencia”.

La pregunta parlamentaria recoge también en su exposición un análisis de cómo el pasado mes de agosto la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) concedió al juez Pablo Llarena amparo ante lo que se denominó un “ataque planificado” a la independencia del citado magistrado e instó al Gobierno a tomar las medidas necesarias “para asegurar la integridad de la jurisdicción española”.

García Sempere recuerda que el citado acuerdo contó con el voto particular contrario de la magistrada María Concepción Sáez, básicamente por haberse presentado fuera del plazo de 10 días estipulado para ello, y que otro vocal del CGPJ que no está en la Comisión Permanente, Enrique Lucas, estima que implicar al Gobierno en la defensa de Llarena vulnera la división de los poderes Ejecutivo y Judicial en España y también en Bélgica.

Por eso la diputada pregunta al Gobierno si a la hora de contratar al abogado Boularbah para defender a Llarena tuvo el Gobierno en consideración la posibilidad de esa ilegalidad y en caso de haberlo tenido en cuenta, pide saber “qué medidas adoptó para no incurrir en un posible delito en cuanto al gasto que la contratación de dicho abogado ha generado a las arcas públicas”.