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Moncloa rechaza un recurso de los monjes benedictinos contra la exhumacion de Franco

Los monjes que controlan la basílica del Valle de los Caídos se opusieron a la exhumación del dictador, a pesar de que la Iglesia dijo que no lo haría

El Consejo de Ministras también desestimará la recusación de la instructora del proceso que reclamaba la familia del dictador

La vicepresidenta sigue convencida de que Franco saldrá del Valle de los Caídos antes de que acabe el año e intentará que no acabe en la Almudena

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La familia Franco, segura de que no se exhumará al dictador sin su aprobación

Tumba de Franco en el Valle de los Caídos. EFE

Francisco Franco volverá a estar sobre la mesa del Consejo de Ministras: el Gobierno desestimará este viernes un recurso interpuesto por los monjes benedictinos contra la exhumación del dictador del Valle de los Caídos, según han informado a eldiario.es fuentes gubernamentales. 

El gabinete de Pedro Sánchez avalará el rechazo a dos recursos: uno de recusación contra la instructora del proceso y otro de reposición sobre el inicio del procedimiento de exhumación del dictador aprobado por el Consejo de Ministras el pasado 31 de agosto. Fuentes del Ejecutivo señalan que se trata de la oposición de los benedictinos, que gestionan la basílica en la que se encuentra la tumba. 

El prior del Valle de los Caídos se atrincheró en contra de la exhumación durante este verano en contra de la opinión de la Iglesia, que manifestó que no se opondría a la decisión del Gobierno. A pesar de la orden procedente del estamento más elevado de la jerarquía eclesiástica –el Vaticano trasladó a la vicepresidenta que no se opondría a la exhumación–, los benedictinos presentaron un recurso de reposición contra la incoación del expediente con el que comenzó el trámite administrativo para sacar los restos del Valle de los Caídos, que pertenece a Patrimonio del Estado. 

Sin embargo, en el Gobierno no le dan importancia desde el principio a la oposición del prior porque consideran que cuentan con el beneplácito de la Iglesia para la exhumación. La riña está ahora en el nuevo entierro del dictador: la familia quiere que acabe en la cripta de la Almudena, donde tienen una tumba, mientras que esa ubicación molesta tanto a la Iglesia como al Gobierno. No obstante, la Iglesia asegura que no depende de ella la decisión y aboga por un "diálogo" entre la familia y el Ejecutivo de Sánchez

El Gobierno, por su parte, considera que es la Iglesia la que tiene un problema para inhumar en la catedral el cadáver por una cuestión de "orden público" en el centro de Madrid y se aferra a la ley de memoria histórica como último recurso para evitarlo. El ministro socialista José Luis Ábalos ha pedido a la familia "humildad" tras "años de arrogancia, imposición y eliminación del discrepante". En el Gobierno reconocen que aún no tienen la fórmula para impedir que Franco acabe en la Almudena. 

Mientras se soluciona ese problema, el procedimiento sigue adelante y Carmen Calvo se mostró convencida de que el dictador estará fuera del Valle de los Caídos antes de que acabe el año, aunque los plazos que habían calculado al aprobar el decreto ley para la exhumación de Franco ya se han dilatado ligeramente.

En cuanto a la recusación de la instructora, al Gobierno le faltaba por contestar a las alegaciones que presentó la última nieta del golpista a la que llegó la comunicación del procedimiento de exhumación. El Gobierno tuvo que recurrir al BOE para notificárselo ante la imposibilidad de dar con ella. Tras la resolución de las alegaciones presentadas por la familia y la Fundación Francisco Franco, el Gobierno deberá comunicar el procedimiento a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de San Lorenzo.

El Gobierno tiene que solicitar a la administración regional un informe no vinculante a la Comunidad de Madrid en materia de sanidad mortuoria "para que sea emitido en el plazo máximo de un mes" y remitir el proyecto al Ayuntamiento de San Lorenzo "para su tramitación con arreglo a lo previsto en la disposición adicional décima del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana".

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