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PSOE y Unidos Podemos acusan al PP de "filibusterismo" por dilatar la tramitación exprés de la estabilidad presupuestaria

PP y Ciudadanos se han opuesto en la Mesa del Congreso a la tramitación urgente de la modificación de la Ley de Estabilidad pactada por Gobierno y Unidos Podemos

PSOE y Unidos Podemos creen que Ana Pastor usa el Parlamento con fines partidistas porque creen que la tradición parlamentaria les ampara

El reglamento del Congreso establece que una proposición de ley tiene que haber sido tomada en consideración en el Pleno para tramitarse de forma exprés

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Aplausos de la bancada 'popular' tras ser elegida Ana Pastor presidenta del Congreso.

Aplausos tras ser elegida Ana Pastor presidenta del Congreso. Marta Jara

Choque en el Parlamento por la propuesta del Gobierno y Unidos Podemos de tramitar de forma exprés una reforma de la Ley de Estabilidad para evitar el veto del PP en el Senado a la senda de estabilidad con la que Pedro Sánchez aspira a tener una mayor flexibilidad para los Presupuestos Generales del Estado. PP y Ciudadanos han rechazado en la Mesa del Congreso que la tramitación se realice por la vía de lectura única, que simplifica el proceso de tramitación parlamentaria. Su argumento es que la proposición de ley no está tomada en consideración todavía. PSOE y Unidos Podemos les acusan de "filibusterismo" político.

Las derechas parlamentarias se han aliado para bloquear las propuestas económicas que han pactado Gobierno y Unidos Podemos. La primera de las iniciativas acordadas por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es la reforma de la Ley de Estabilidad para eliminar la capacidad de veto del PP en el Senado a la senda de déficit. Esta es la única ley que, desde un cambio impulsado por Cristóbal Montoro, da a la Cámara Alta capacidad de imponerse. En el resto de iniciativas es la posición del Congreso la que prevalece. 

La oposición de PP y Ciudadanos en la Mesa del Congreso -donde tienen mayoría- ha provocado el rechazo del PSOE y de Unidos Podemos, que acusan a Ana Pastor de usar la presidencia del Parlamento en favor de sus intereses partidistas. 

Sin embargo, PP y Ciudadanos argumentan que el artículo 150 del reglamento del Congreso deja claro que la tramitación exprés tiene que darse una vez que la propuesta haya sido tomada en consideración en el Pleno: "Cuando la naturaleza del proyecto o proposición de ley tomada en consideración lo aconsejen o su simplicidad de formulación lo permita, el Pleno de la Cámara, a propuesta de la Mesa, oída la Junta de Portavoces, podrá acordar que se tramite directamente y en lectura única", reza ese artículo.

Para la portavoz socialista, Adriana Lastra, Pastor usa su posición y se escuda en un informe de los letrados favorable a la tramitación por la vía de urgencia y de lectura única. Además, asegura que "siempre se ha hecho así", es decir, que se ha permitido esa vía exprés antes de que la norma haya sido tomada en consideración en el Pleno.

"Estamos ante un nuevo caso de filibusterismo político", ha dicho la portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra. " El control que tienen en la Mesa lo usan para mantener una anomalía", ha agregado en referencia a la mayoría que tienen Albert Rivera y Pablo Casado en ese órgano de gobierno del Congreso.

El PSOE dice 'no' a la vía del decreto

La solución que han encontrado PSOE y Unidos Podemos es llevar al Pleno de mediados de septiembre la toma en consideración de la proposición de ley, que es cuando los socialistas tienen cupo para introducir una iniciativa, y a partir de ahí exigir la tramitación urgente y en lectura única. Esa salida dilata más el procedimiento de lo que deseaban ambos grupos. 

Lastra ha rechazado que el Gobierno opte por un decreto ley para llevar a cabo la modificación: "No se puede hacer un Real Decreto para modificar una ley orgánica", ha argumentado. 

La intención de Sánchez es presentar las cuentas públicas en noviembre o principios de diciembre y dar así margen para que el Parlamento modifique esa Ley de Estabilidad con la que el PP va a impedir en el Senado flexibilizar los objetivos de déficit. Bruselas concedió cinco décimas más de endeudamiento a España y el Gobierno las repartió para que dos fueran a parar a las comunidades; otra, a la Seguridad Social; y la otra, a la administración central. Con ese plan, Hacienda tendría cerca de 1.000 millones más de gasto para 2019.

No obstante, Sánchez está determinado a presentar los presupuestos aunque sea con la senda de déficit aprobada el pasado año. La jugada de PP y Ciudadanos de oponerse a la tramitación exprés planteada por el Gobierno para esa modificación legislativa no impide, por tanto, que se tramiten los presupuestos. 

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