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El PP pide ilegalizar organizaciones "comunistas y populistas" como requisito para condenar el franquismo

El Grupo Popular en el Senado evita especificar cuál sería el baremo para censurar a las formaciones por incitar a la crispación

En una enmienda, el PP exige "seguir protegiendo los valores fundamentales de nuestra democracia recogidos en nuestra Constitución"

La moción para reformar la Ley de Memoria Histórica y facilitar la exhumación del dictador Francisco Franco ha sido aprobada por 97 votos a favor del PSOE, Unidos Podemos y de los nacionalistas catalanes y vascos

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Ignacio Cosidó, Pablo Casado y Teodoro García Egea antes de la reunión del Partido Popular en el Senado.

Ignacio Cosidó, Pablo Casado y Teodoro García Egea antes de la reunión del Partido Popular en el Senado. Eduardo Parra / Europa Press

El Partido Popular ha preferido no condenar la dictadura. El Grupo Popular (con mayoría absoluta) y Ciudadanos se han abstenido en la votación del Pleno del Senado de este miércoles en la que, entre otros puntos, se recogía una repulsa pública del franquismo. También se han decantado por esa opción UPN y Foro Asturias, sumando así un total de 136 abstenciones.

Sin ningún voto en contra en el hemiciclo, la moción impulsada por el PSOE para reformar la Ley de Memoria Histórica y facilitar la exhumación del dictador Francisco Franco ha sido aprobada por 97 votos a favor del grupo socialista, Unidos Podemos y los nacionalistas catalanes y vascos. 

No obstante, el partido liderado por Pablo Casado había presentado una enmienda con la que condicionaba su apoyo al proyecto. El texto registrado por el portavoz del PP en la Cámara Alta, Ignacio Cosidó, reducía a tres los cuatro puntos que había establecido el PSOE y, además, cambiando en buena parte el sentido del documento. En el primer punto, cambiaba un pequeño detalle: que el Senado "reafirma" la condena.

Es una referencia a una votación que se llevó a cabo en 2002, con José María Aznar al frente del Gobierno. En ella,  se condenó por unanimidad el golpe de Estado franquista, apuntando al "reconocimiento moral" de aquellos que "padecieron la represión de la dictadura franquista". Apenas un lustro después, el PP conformaría una oposición central a la Ley de Memoria Histórica impulsada por el Ejecutivo, entonces encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero.

En el siguiente apartado de la moción, se pedía la prohibición de "cualquier fundación o asociación que exalte o glorifique el nazismo, fascismo", pero en este punto añadían también el "comunismo y todas aquellas ideologías populistas que fomenten el enfrentamiento entre ciudadanos". 

Y, en el tercer y último punto, destacaban algo que tampoco incluía la proposición: "Seguir protegiendo los valores fundamentales de nuestra democracia recogidos en nuestra Constitución española de 1978". Un texto en cuya redacción estuvo presente, precisamente, el Partido Comunista de España, legalizado un año antes tras décadas de persecución durante la dictadura. De hecho, el jurista Jordi Solé Tura, representante del PCE en esta tarea, es considerado uno de los padres de la Carta Magna.

Contactado por este diario, el senador Carlos Aragonés, encargado de defender la enmienda ante el Pleno, ha evitado especificar a qué se refiere el PP solicitando la condena de "ideologías populistas que fomenten el enfrentamiento entre ciudadanos", y cuál será el baremo para determinar cuándo deberá censurarse a las formaciones por incitar a la crispación.

Esta propuesta del PP se produce después del escándalo generado por el mensaje de WhatsApp del portavoz en el Congreso, Ignacio Cosidó. En el texto que envió a sus senadores para vender las bondades del acuerdo sobre el CGPJ, mencionaba que Manuel Marchena –la fallida propuesta de candidato a presidente del Poder Judicial– iba a controlar "desde detrás" la Sala Segunda del Supremo y la Sala del 61.

La Sala especial del artículo 61 de la LOPJ se ocupa de los incidentes de recusación de los presidentes de sala o de más de dos magistrados de una sala, así como de los procesos de ilegalidad y disolución de formaciones políticas, según la Ley de Partidos.

En cualquier caso, no es la primera vez que el PP de Pablo Casado sugiere la ilegalización de organizaciones políticas. A principios de octubre, el propio Casado pidió una modificación de esa Ley de Partidos "para que se pueda actuar ya contra aquellos partidos y organizaciones en Catalunya que están alentando la violencia e incitando a la confrontación civil".

En esas mismas declaraciones, realizadas durante un almuerzo organizado por ABC, el líder del PP destacó que "no es admisible (...) que haya partidos políticos como la CUP como ERC o como el PDeCat que no estén condenando estas agresiones intolerables", en referencia a los altercados vividos en distintas protestas del independentismo catalán.

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