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PSOE, UPyD e ICV acusan al Gobierno de empeñarse en extraditar al disidente kazajo Pavlov

El Ejecutivo sostiene que el asilo ha sido denegado pero la Audiencia Nacional ha parado la extradición hasta agotar el proceso

Diputados del PSOE, UPyD e ICV han dirigido una carta a los ministros de Justicia y de Exteriores, Alberto Ruiz-Gallardón y José Manuel García Margallo, respectivamente, pidiéndoles cuentas por su actuación en torno al asilo y extradición del disidente kazajo Alexander Pavlov, que trabajó durante varios años como jefe de seguridad del principal representante de la oposición del país centroasiático, Mukhtar Ablyazov.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes su extradición a Kazajistán, que le reclama por delitos de terrorismo, apropiación indebida y malversación de fondos, pero la Audiencia Nacional decidió este miércoles paralizarla temporalmente hasta que se resuelva por completo la petición de asilo cursada.

La misiva, firmada por Ignacio Sánchez Amor (PSOE), Irene Lozano (UPyD) y Laia Ortiz (ICV), censura que pese al tiempo que llevan interesándose por un caso que tiene "inevitables perfiles políticos" y que ha suscitado el interés de instituciones internacionales y de "reputadas" entidades de protección de los derechos humanos, el Ejecutivo aprobara el pasado viernes su extradición "sin que la reseña oficial de los acuerdos contuviera mención alguna a esa decisión". Y eso que, destacan, el propio Gallardón se comprometió con la diputada magenta Irene Lozano a informarle sobre el acuerdo del Gobierno antes de su aprobación.

LA AUDIENCIA SE ENTERÓ POR INTERPOL

"¿Hay algún motivo por el que el Gobierno haya preferido no informar de ese acuerdo, como de tantos otros de éste y diferente tipo, a lo largo de años?", plantean los firmantes, que critican que el acuerdo haya sido notificado "precipitadamente" a INTERPOL y no a la Audiencia Nacional, "como es preceptivo". De hecho, recuerdan que este órgano judicial ha conocido la decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy por la propia INTERPOL "y no por el canal habitual del Ministerio de Justicia".

"¿Hay algún motivo por el que el Gobierno haya preferido comunicar el acuerdo a la INTERPOL y no a los ciudadanos españoles o a los tribunales competentes en el proceso? ¿Acaso pretendía el Gobierno callar sobre su decisión hasta el mismo momento en el que Pavlov estuviera subiendo a un avión y de ese modo anuncio y ejecución fuesen simultáneos?", prosigue la misiva.

Según los partidos firmantes, si ésa era la intención, la Audiencia Nacional ha venido a "estropear" el "gesto" para con el régimen kazajo al paralizar este miércoles cualquier actuación sobre el preso, interno en el Centro Penitenciario de Soto del Real (Madrid) en el marco del proceso de asilo que continúa pendiente.

EL ASILO SE DENEGÓ EN JUNIO

En respuesta a una pregunta parlamentaria de Irene Lozano, el Gobierno explica que la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR) --integrada por los Ministerios de Exteriores, Justicia, Empleo y Sanidad-- se pronunció en contra de la petición de asilo el 27 de mayo de 2013 y que en junio se resolvió denegar la solicitudm, comunicándose al interesado en julio.

Además, el Gobierno justifica que la CIAR tomara una decisión sin que la Audiencia tuviera tiempo a pronunciarse porque es una actuación "habitual" en este tipo de situaciones "para evitar dilaciones en aquellos casos que tienen otras implicaciones en sede judicial".

PSOE, UPyD e ICV consideran que "el oscurantismo reiterado" en este caso "abona las sospechas" de que Kazajistán quiere tener a Pavlov en sus cárceles "para obtener información sobre el opositor Ablyazov", y que el Gobierno español, "lejos" de examinar el caso desde el punto de vista del respeto a los Derechos Fundamentales, entre ellos a un juicio justo, "solo pretende allanar el camino del régimen kazajo", cuyo sistema judicial y penitenciario ha sido "gravemente puesto en cuestión" por varias organizaciones internacionales de derechos a lo largo del pasado año.

LOS DDHH, POR ENCIMA DE CUALQUIER OTRO INTERÉS

"Lo sucedido este fin de semana indica que hasta el final el Gobierno está dispuesto a arrojar sobre su actuación todo tipo de sospechas y sombras incluso en el más benévolo de los juicios", abundan.

En este contexto, los citados partidos piden al Gobierno "claridad y transparencia" en su actuación y "un reexamen detallado" de las circunstancias del caso que permita "evitar" la extradición pedida, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales.

Además, también le instan a que en este tipo de casos de extradición a países cuyos sistemas judiciales y penitenciarios sean "cuestionados", las autorizaciones sean "negadas, tanto por estricta justicia como por suponer un acicate para las necesarias reformas de esas estructuras deficientes". "Porque en ningún caso a la protección de los Derechos Humanos puedan superponerse cualquier interés comercial o económico de nuestro país o nuestras empresas", concluyen.

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