PSOE y Unidas Podemos cierran filas ante las presiones externas tras el pacto con Bildu sobre la reforma laboral

“Hay un entorno de ruido interesado”. Con esa afirmación trató de zanjar la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, la polémica suscitada por el acuerdo suscrito por PSOE y Unidas Podemos con EH Bildu para conseguir la abstención en la quinta prórroga del estado de alarma. El temor a perder una votación que, a juicio del Ejecutivo, supondría el “descontrol” de la situación en medio de la pandemia llevó a Pedro Sánchez a activar una negociación a varias bandas llevando “al límite” su capacidad y que ahora pone cuesta arriba el mantenimiento de apoyos como el del PNV o Ciudadanos. De hecho, en Moncloa no dan por hecho que se vaya a solicitar una nueva extensión del estado de alarma ante las dificultades que se ha encontrado el Gobierno en las dos últimas negociaciones, a pesar de que el plan de desescalada así lo requiere para poder mantener las restricciones de movilidad interprovincial hasta la “nueva normalidad”. El Ejecutivo siempre ha sostenido que para ello la única herramienta jurídica es el estado de alarma. “Estudiaremos todos los escenarios posibles”, señalan ahora.

Todo el estruendo de las últimas horas tiene que ver con la introducción de una palabra en el acuerdo a tres firmado por PSOE, Unidas Podemos y Bildu. Derogación “íntegra” de la reforma laboral figuraba en el documento que resumía los términos del acuerdo con la formación abertzale. Esa redacción fue más allá del propio acuerdo de Gobierno suscrito por Unidas Podemos, aunque en la práctica se trata de un giro semántico porque todo el Gobierno, antes y después de este pacto, ya había asumido en público y en privado que la derogación íntegra de la reforma laboral era inviable, porque cualquier legislación debe ser sustituida por otra nueva, y eso en realidad ya estaba en la hoja de ruta del Gobierno.

Pero el anuncio, que no se esperaban ni sindicatos ni patronal ni aliados de la coalición como PNV y Ciudadanos, a los que se le trató de esconder durante el pleno del estado de alarma, desató una tormenta política y obligó al PSOE a enviar una rectificación sobre la medianoche que ya prescindía de la palabra “íntegra”. El asunto ha puesto de manifiesto las dos alas que conviven en el Gobierno de Sánchez, de un lado la ortodoxia económica de la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño y la que representa Pablo Iglesias, desde la vicepresidencia segunda.

En todo caso, las fuentes consultadas aseguran que no hubo ningún choque entre ambos, puesto que el documento estaba firmado por la portavoz parlamentaria socialista, Adriana Lastra y por su homólogo en Unidas Podemos, Pablo Echenique, junto a la diputada de Bildu, Mertxe Aizpurua. Y nadie en el PSOE duda de que el texto recibió el visto bueno del presidente, Pedro Sánchez.

A pesar de los errores que reconocen algunos miembros de las dos formaciones que integran el Gobierno, niegan la supuesta crisis interna que en estas últimas horas alientan informaciones, tertulias políticas y editoriales desde medios que siempre fueron hostiles a la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno.

“Ni hay crisis en el Gobierno, ni hay crisis en el partido”. Es el resumen de una de las personas del entorno de Pedro Sánchez tras varias jornadas en las que la presión externa se ha intensificado sobre los socios de la coalición y en las que se ha pintado a un gobierno en guerra, con dos de sus vicepresidentes enfrentados.

En los partidos que sustentan al Gobierno admiten que se ha gestionado mal el acuerdo alcanzado con EH Bildu, pero se quejan de una “sobreactuación” por parte de la CEOE por la alusión a la “derogación íntegra de la reforma laboral”, un asunto que ya ha sido objeto de debate con los agentes sociales y en el que se había avanzado para eliminar algunas de las cuestiones más controvertidas.

La inclusión de esa referencia provocó una llamada de la patronal la misma tarde en que se conoció la letra pequeña del acuerdo -tras la votación en el Congreso ante el temor de que otros aliados como PNV o Ciudadanos se descolgaran-. La interlocutora elegida fue Calviño, la mayor defensora de la ortodoxia financiera dentro del gabinete, junto con María Jesús Montero. Calviño impuso su criterio para activar una rectificación del texto del acuerdo, que contaba con el visto bueno de Pedro Sánchez, a pesar de que fue la portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, la que estampó su firma junto con sus homólogos de Unidas Podemos, Pablo Echenique, y EH Bildu, Mertxe Aizpurua.

La formación vasca asumió la matización, pero la polémica prosiguió por que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, cuestionó el cambio en una entrevista a primera hora: “Voy a ser cristalino. Pacta sunt servanda. En el acuerdo de Unidas Podemos con el PSOE para la legislatura, la investidura y el Gobierno de coalición no se habla de derogación parcial, se habla de derogación de la reforma laboral”. En las filas socialistas admiten que esas palabras no ayudaron en el objetivo de calmar las aguas, especialmente con los agentes sociales, con quienes prácticamente estaban ya cerrados los cambios de los aspectos más controvertidos de la legislación laboral impulsada en solitario por Mariano Rajoy.

Calviño trató de zanjar la cuestión esa misma tarde en un foro económico en el que aseguró que es “absurdo” abrir un debate como el de la reforma laboral en una situación de crisis como la actual generada por el coronavirus. Fuentes socialistas aseguran que Sánchez estaba al tanto de lo que iba a decir la vicepresidenta económica, que es una figura clave para el presidente del Gobierno, a pesar de las tiranteces que protagoniza con otros miembros del gabinete, y más en un momento que los planes económicos el Ejecutivo se han ido al traste con la crisis generada por la pandemia de la COVID-19.

La gran esperanza para los socialistas es que precisamente Calviño logre un cierto margen en Bruselas. “Nuestra supervivencia política depende de Europa”, expresa un dirigente socialista.

Lo cierto es que el acuerdo con EH Bildu -negociado con la mayor discreción y con el conocimiento de un estrecho círculo de colaboradores del presidente- ha sorprendido a otros aliados de la coalición, pero sobre todo ha provocado una dura reacción contra la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno, a pesar de que la negociación con Bildu la pilotó el PSOE con el visto bueno del presidente.

La verdadera novedad sobre la derogación de la reforma laboral, en concreto de sus efectos más lesivos que están en el acuerdo de coalición firmado por Sánchez e Iglesias a principios de enero, es que se pone una fecha inmediata: “Antes de la finalización de las medidas extraordinarias aprobadas por el Gobierno en materia económica y laboral derivadas de la crisis de la COVID-19”.

Lo que en el PSOE reconocen que fue un “error” -que se trató de rectificar tres horas después con una nota aclaratoria en la que se especificaba que la derogación inmediata afectaba a tres aspectos muy concretos, uno de ellos ya eliminado mediante un decreto ley- desató una tormenta que arrancó con la ruptura del diálogo social por parte de la patronal y que se ha utilizado desde los poderes fácticos para tensionar a la coalición, que se ha visto obligada, una vez más, a cerrar filas frente a los ataques externos.

“Este es un Gobierno fuerte, unido y cohesionado, pese a quien le pese” -advirtió la portavoz tras el Consejo de Ministros del viernes-. “Algunos intentan permanentemente desgastar la imagen del Gobierno o intentar aparentar una situación que no se corresponde con la realidad. Hay distintas sensibilidades en un momento determinado en todos los gobiernos”, insistió Montero. “Siempre dentro de las diferentes materias se exponen distintos puntos de vista, se acuerda; pero vamos todos a una en el compromiso del cumplimiento del acuerdo programático”, apostilló la ministra de Hacienda.

Al Gobierno le ha tocado calmar a los agentes sociales, especialmente a la patronal, con los que el “permanente” contacto se ha intensificado en las últimas horas. La ministra portavoz subrayó en varias ocasiones este viernes que cualquier modificación de las relaciones laborales pasará por la mesa de diálogo social. También recordó, ante el gran malestar que ha manifestado la patronal, “que ya se venía trabajando en el entorno del diálogo social aquellos aspectos que se podían considerar más lesivos de esa reforma laboral que no fue pactada con nadie -ni partidos, ni sindicatos, ni empresarios-”. “Ya se estaba trabajando en un punto común y en la búsqueda de soluciones”, expresó Montero.

El que ha surgido en las últimas horas es prácticamente un debate semántico que persigue a Sánchez desde que lidera el PSOE. ¿Cuál es el alcance de la derogación de la reforma laboral? Fue uno de los primeros conflictos internos de los socialistas a la hora de elaborar el programa electoral ya en 2015 y el criterio quedó establecido: eliminar los aspectos más lesivos (entre ellos la ultraactividad de los convenios colectivos y la primacía de los de empresa sobre los sectoriales) y dejar el resto en manos de la negociación colectiva para la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. La batalla la dio también Pablo Iglesias en las negociaciones para la formación de Gobierno entonces, pero quedó asumido por parte de Unidas Podemos el criterio de los socialistas al conseguir por fin la coalición. “Hay cuestiones en las que no derogamos sino que vamos a legislar ese precepto en cuestión. No es tan sencillo”, reconoció la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una entrevista en eldiario.es.

Los socialistas consideran, por tanto, que se cometió un “error” al no especificar en el acuerdo con EH Bildu el alcance de la inminente reforma, pero que se ha sobreactuado en la reacción dado que ya era una posición conocida. “Hemos reafirmado nuestro compromiso de nuestro acuerdo programático”, insistió Montero. “Tampoco estaban de acuerdo cuando firmamos al pacto de investidura”, lamentan fuentes socialistas sobre la reacción de CEOE y de algunos medios de comunicación. La portavoz del Gobierno señaló directamente al PP como impulsor de ese “ruido” con el objetivo de “intentar tumbar al Gobierno”.

Dentro del PSOE sí que ha cundido la estupefacción por haber alcanzado un acuerdo con la izquierda abertzale, algo que de por sí genera muchas reticencias internas. Conscientes de ese malestar, Montero defendió las razones, que según ella, empujaron al Gobierno: se vio obligado a negociar con Bildu ante la posibilidad de que la prórroga del estado de alarma fracasara por la “dimisión de su responsabilidad” por parte del PP y la “dinámica de negociación imposible” en la que ha entrado ERC.

El plan de desescalada pasa por que el estado de alarma esté vigente durante todo el proceso dado que no contempla la movilidad interprovincial hasta el final. La idea del Gobierno era que la quinta prórroga fuera de 34 días para abarcar todo ese periodo, pero las reticencias de los grupos parlamentarios obligaron a Sánchez a renunciar.

En Moncloa reconocen ahora que no está tomada la decisión sobre una sexta prórroga y que se analizan otras opciones, aunque insisten en que restringir los movimientos entre provincias solo se puede llevar a cabo mediante el estado de alarma por lo que se requeriría cambiar el plan de desescalada o decretar uno nuevo que no requiera votación. “Todavía es pronto. Se valora todo siempre”, señalan fuentes gubernamentales. “Estudiaremos todos los escenarios posibles”, apostilla un destacado miembro del Gobierno en el que son conscientes de lo complicada que se ha vuelto la aritmética. Pero ahora sobre todo esperan a que pase la tormenta.