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La noche en que Nadia Calviño impuso su criterio contra la “derogación íntegra” de la reforma laboral pactada con Bildu

Firma del acuerdo para subir el salario mínimo a 950 euros en 2020.

Aitor Riveiro

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La quinta prórroga del estado de alarma ha llevado al Gobierno a exprimir al máximo la complicada aritmética parlamentaria ante el riesgo real de perder la votación en el Congreso. Y a exponer, otra vez, las contradicciones internas entre el ala más ortodoxa, que personalizan Nadia Calviño y María Jesús Montero, y el ala más social, donde encajan otros ministros socialistas y los de Unidas Podemos. Una llamada de la CEOE a la vicepresidenta tercera en la noche del miércoles para protestar por un acuerdo suscrito entre las dos fuerzas gubernamentales y Bildu, que hablaba de acelerar la “derogación íntegra” de la reforma laboral de 2012, provocó una rectificación del PSOE al filo de la medianoche y ha desatado una tormenta política y la ruptura del diálogo social en un momento clave para la economía española.

“Le dije que para el Gobierno no había nada más importante que sacar la prórroga del estado de alarma. Usted dijo que para ERC era imposible votar que . Lo demás, son matemáticas”. La frase de Adriana Lastra a Gabriel Rufián en su último turno de palabra en el largo debate del miércoles servía para justificar la negociación y posterior apoyo de Ciudadanos, toda vez que los republicanos no estaban dispuestos a propiciar que el Ejecutivo sacara adelante la votación. El resultado fue, efectivamente, muy justo: 177 votos a favor, 162 en contra y 11 abstenciones. Si los 10 diputados de Ciudadanos se iban al no, el desastre estaba garantizado

La aseveración de la portavoz socialista desvelaba el miedo del Gobierno a perder. Y escondía otra realidad, menos evidente quizá a primera vista: el miércoles, hasta las abstenciones contaban. Por eso, días antes se iniciaron contactos con EH Bildu para asegurar su posición en la abstención. Sus cinco diputados eran fundamentales.

La federación independentista, heredera en parte de Batasuna pero en la que se aglutinan sectores de la izquierda como Alternatiba o Aralar, reclamó una contrapartida en forma de compromisos legislativos sociales. Con las elecciones vascas anunciadas para el 12 de julio, EH Bildu logró plasmar en un documento firmado por su portavoz, Mertxe Aizpurua, y sus homólogos socialista, Adriana Lastra, y de Unidas Podemos, Pablo Echenique, dos de esas reivindicaciones: acelerar la “derogación íntegra” de la reforma laboral del PP de 2012 y aumentar la capacidad de gasto de las entidades locales en políticas sociales para paliar las consecuencias de la COVID-19, así como ligar la capacidad de endeudamiento de País Vasco y Navarra a sus “respectivas situaciones financieras”.

Las dos medidas ya estaban en la agenda del Gobierno. Por eso fue sencillo cerrar el acuerdo, según reconocen fuentes parlamentarias a eldiario.es. El definitivo de los grupos llegó el martes. El PSOE y Unidas Podemos pidieron discreción a Bildu para no poner en riesgo los síes de Ciudadanos y no enfadar al PNV, que se juega precisamente con los de Arnaldo Otegi la hegemonía nacionalista en Euskadi en los comicios del próximo 12 de julio.

Las partes cumplieron. Mertxe Aizpurua subió a la tribuna y dejó en el aire el sentido de su voto, aunque sí garantizó que EH Bildu no impediría la aprobación de la prórroga. “Hoy esperamos llegar a un acuerdo con ustedes para derogar íntegramente la reforma laboral”, sostenía la portavoz en el inicio de su primera intervención. La palabra clave era “íntegramente”, pero en ese momento el detalle pasó desapercibido.

Desde el grupo parlamentario vasco sostenían que, a esa hora, las negociaciones seguían abiertas. Pero minutos después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sorprendía al dar por segura en su réplica la abstención de Bildu. En su último turno, un tanto descolocada, Aizpurua daba por hecho que las palabras del jefe del Ejecutivo significaban la convalidación pública del acuerdo. Y así fue: el documento firmado por los tres portavoces se hizo público pasadas las 20.00, con el final del Pleno. Bildu se abstuvo, Ciudadanos votó a favor y ERC se mantuvo en el no. El Gobierno sacaba adelante la prórroga, pero el coste político no se haría esperar.

Rectificación al filo de la medianoche

Tanto en el PSOE como en Unidas Podemos sostienen que el enunciado del acuerdo recoge, básicamente, los acuerdos del propio Gobierno. Si se introdujo la palabra “íntegra” en la parte referida a la reforma laboral fue como concesión a Bildu ya que la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reconocía en una entrevista en eldiario.es en marzo que “no se puede derogar una norma del Partido Popular que ha invadido más de 20 preceptos y cinco leyes, cinco reales decretos, varias directivas europeas...”. Y zanjaba: “Vamos a derogar la reforma laboral del PP y la vamos a hacer técnicamente como debe de hacerse. (...) Hay cuestiones en las que no derogamos sino que vamos a legislar ese precepto en cuestión. No es tan sencillo”.

Otros miembros del Gobierno se habían posicionado en el mismo sentido, incluido el presidente, Pedro Sánchez. La derogación íntegra ni siquiera se había pactado en el acuerdo de coalición que firmaron el PSOE y Unidas Podemos.

Pero la CEOE reaccionó enseguida. La patronal ha visto como hasta ahora el Gobierno de coalición ha puesto en marcha medidas con las que no estaban de acuerdo. En la mesa del diálogo social se pactó la subida del SMI a 950 euros, por ejemplo. O la derogación de uno de los preceptos de la legislación laboral más lesivos para los trabajadores: el despido objetivo por acumulación de bajas médicas justificadas. Caía el primer pilar de la reforma laboral de 2012.

Tras conocerse el contenido del acuerdo a tres bandas, desde la patronal llamaron a la vicepresidenta tercera, según han confirmado fuentes socialistas a eldiario.es. Al filo de la medianoche llegaba la rectificación del PSOE, no de la Moncloa. La “nota aclaratoria” decía: “Respecto al acuerdo firmado a lo largo del día de hoy entre el PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu, se anula el punto primero”. La nueva redacción de dicho punto copiaba el texto del acuerdo del Gobierno de coalición. E incluía “derogar con carácter urgente la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad”, algo que ya estaba hecho meses atrás.

Fuentes del PSOE sostienen a eldiario.es que “se trasladó este acuerdo [al Gobierno] por los conductos habituales, tanto el contenido como con quién se firmaba”. Y que la “aclaración” posterior se debió a la “lectura equivocada” que se estaba haciendo. En Unidas Podemos no entienden la polémica y sostienen que es “un problema del PSOE consigo mismo”.

Oxígeno al PP y a la CEOE

Sea como fuere, la mañana del jueves arrancó con una intensa tormenta política. José Luis Ábalos, en Onda Cero, intentaba rebajar la polémica. “No hemos roto el acuerdo. Es una aclaración respecto del escrito que firmaron los portavoces de los grupos parlamentarios”. E insistía: “La aclaración coincide con el acuerdo de investidura. La diferencia es el tiempo de aplicación. Lo que hace el documento es instar a que la reforma se lleve lo antes posible”.

Ante la pregunta por la palabra clave, “íntegra”, el secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes trataba de zanjar el entuerto: “Es una cuestión conceptual”.

A la misma hora, Mertxe Aizpurua entraba en RNE para quitar todo hierro al asunto. Para Bildu la palabra clave no es tan clave. “Me parece bien que se clarifique todo desde el minuto uno. Eso le da carta de naturaleza”, decía, tras sostener que “el acuerdo no es papel mojado” y que “sigue vigente”. La federación vasca ha logrado su objetivo. Su máximo dirigente, Arnaldo Otegi, se felicitaba del acuerdo en las redes sociales.

Pero también a la misma hora, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, sostenía en una entrevista en 'El Matí' de Catalunya Ràdio que dicha derogación forma parte del acuerdo con el PSOE. “Voy a ser cristalino. Pacta sunt servanda. En el acuerdo de Unidas Podemos con el PSOE para la legislatura, la investidura y el Gobierno de coalición no se habla de derogación parcial, se habla de derogación de la reforma laboral”.

Iglesias sostenía además que “el acuerdo que se firma ayer, que firman los máximos responsables de los partidos, es el acuerdo”. Y zanjaba: “Los documentos firmados, el de coalición y el de tres grupos parlamentarios, son un acuerdo. Creo que estoy siendo cristalino”.

La polémica ha llevado a la CEOE a anunciar que se levanta de la mesa del diálogo social. Algo que ya ha proclamado en los últimos meses más de una vez, aunque luego siempre ha vuelto a sentarse e incluso ha propiciado acuerdos relevantes con el Ejecutivo.

El PP, por su parte, ha encontrado una forma de atacar al Gobierno sin aparecer de la mano de Vox. Este mismo jueves, Pablo Casado improvisaba un acto con la exministra de Trabajo de Mariano Rajoy, Fátima Báñez, quien ahora cobra precisamente de la Fundación de la CEOE.

En el Gobierno hay quienes ven con estupor cómo un acuerdo irrelevante en su contenido, que ya estaba asumido en su programa e incluso en marcha ha abierto semejante polémica. “Esto da oxígeno al PP y a la CEOE”, apuntan a eldiario.es fuentes del Ejecutivo disconformes con cómo se ha gestionado la situación y que temen que signifique un retroceso en la agenda del Gobierno.

Por la tarde la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, confirmaba en una conferencia organizada por el Cercle d'Economia que había impuesto su criterio con la retirada de esa palabra en el comunicado del PSOE. Calviño, que representa la ortodoxia económica en el gobierno de coalición aseguraba, preguntada por la derogación íntegra, que ve “absurdo y contraproducente abrir el debate” de la derogación de la reforma laboral en plena crisis del coronavirus.

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