Los 'niños de la Guerra Civil' españoles llevan un año sin cobrar su pensión de Rusia: “No podemos esperar más”

Honorina Fernández salió de Gijón solo tres días antes de que la ciudad asturiana cayera en manos de los franquistas. Era 1937 y, en plena Guerra Civil, esta mujer tenía solo 12 años cuando, con cada uno de sus dos hermanos pequeños a cada mano, tomó un barco desde el puerto de El Musel con destino Rusia para escapar de las bombas. Honorina fue una de las conocidas como niñas y niños de la Guerra, que fueron evacuados para protegerles del conflicto bélico, sufrieron después la Segunda Guerra Mundial y ahora se enfrentan a un nuevo desafío: han dejado de cobrar su pensión rusa como efecto colateral de las sanciones impuestas a Rusia por la guerra de Ucrania.

“Es injusto y cruel. No se merecen estar viviendo esto al final de su vida”, dice Miguel Fernández, hijo de Honorina. El enfado y la tristeza se entremezclan en el tono de su voz porque su madre falleció justo hace una semana esperando a percibir lo que le corresponde. Tenía 100 años recién cumplidos en septiembre y llevaba desde principios de año sin cobrar la pensión por el tiempo que trabajó como pediatra en Rusia hasta 1991, cuando regresó con su familia a España. “Son personas muy muy mayores, centenarias en muchos casos, que o bien les queda muy poco o se están muriendo”, esgrime.

Son pensiones que perciben trimestralmente que, en el caso de Honorina eran unos 300 euros mensuales y que fueron reguladas bajo el convenio que en 1994 firmó la Seguridad Social con la Federación Rusa. Del total de 3.000 niños que fueron enviados a Rusia, hay quienes fueron repatriados a mediados de los 50, pero otros se quedaron a vivir y trabajar durante buena parte de su vida. Por eso España cubre el importe de la pensión hasta llegar a la mínima en el caso de que no llegaran a trabajar nunca aquí o lo hicieran poco tiempo.

La mayoría cobraron por última vez la pensión rusa hace justo un año, en diciembre de 2024. La causa de que el dinero haya quedado en el limbo está en los “paquetes de sanciones internacionales” aprobadas por la Unión Europea tras la invasión rusa de Ucrania, según confirman a elDiario.es fuentes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Los afectados están recurriendo a las instituciones para reclamar soluciones y han interpuesto una queja frente al Defensor del Pueblo. “No estamos poniendo en duda que deba haber sanciones, pero se están viendo perjudicados ciudadanos españoles”, advierte Miguel.

Los niños de la Guerra fueron evacuados cuando eran muy pequeños gracias a los programas que puso en marcha el Gobierno de la República con este fin y al que se acogieron familias “que ante la situación de desesperación, hambre e incertidumbre que vivían” decidieron enviar a sus hijos a otros países. Honorina y sus hermanos estuvieron en una de las casas de españoles a 40 kilómetros de Moscú, donde vivían y estudiaban. Después sufrirían los efectos de la invasión nazi y, de nuevo, la guerra. Ella, de hecho, llegó a trabajar como enfermera en la batalla de Stalingrado y después podría estudiar Medicina, la profesión a la que se dedicó toda su vida.

“Son personas que vivieron dos guerras en momentos terribles. Mi madre tenía muchos recuerdos. Tenía grabada la imagen saliendo de Gijón al amanecer, cuando desde el barco solo veían a lo lejos el humo sobre la ciudad que estaba siendo bombardeada. Soñaba con las escenas de heridos a los que tuvo que atender en Rusia... Todo eso le forjó el carácter y la convirtió en una persona muy tenaz”, rememora su hijo.

Lina tiene 89 años y tampoco está cobrando los alrededor de 200 euros mensuales que percibe por haber trabajado en Rusia como correctora y editora en dos editoriales. Tenía cuatro años cuando fue evacuada junto con sus dos hermanos, que tampoco perciben la pensión, así que actualmente vive en Madrid con los poco más de 600 euros que le ingresa la Seguridad Social española para alcanzar la mínima. “No es una situación fácil, todo ha subido y hay veces que no llego a fin de mes”, explica esta mujer, que pasó por varias “casas de niños”, como eran conocidas las residencias en las que vivían.

El impago de las pensiones rusas no solo afecta a quienes migraron bajo las bombas de la Guerra Civil entre el 36 y el 39, sino que tampoco están percibiéndolas aquellos que también eran niños cuando se fueron, pero que lo hicieron durante el franquismo como hijos de antifascistas destacados que estaban siendo represaliados. Santiago Álvarez tenía once años cuando llegó en 1954 al país, donde estuvo hasta que murió Franco. Allí estudió una ingeniería y trabajó en una fábrica de camiones durante once años por los que, hasta el pasado diciembre, cobraba unos 100 euros mensuales que no ha percibido en todo este año.

Aunque su situación es “privilegiada” porque la mayor parte de su pensión procede del trabajo que desempeñó después en España, reconoce que “hay situaciones muy delicadas” entre los afectados. Santiago lleva meses moviéndose para saber qué ocurre y está en contacto con otros perjudicados o sus familias. En total, calcula que hay algo más de una treintena de agraviados que ya sufrieron algo similar en 2022, cuando algunos bancos españoles interpretaron que debían dejar de pagar la pensión tras las primeras sanciones a Rusia. En ese caso, el problema se solucionó tras la intermediación del Gobierno.

España “no puede intervenir”

En esta ocasión, el fondo del asunto es diferente. El Ministerio de Economía apunta a que los reglamentos aprobados por el Consejo de la UE contra Rusia “recogen una serie de obligaciones y prohibiciones que son vinculantes” y entre ellas están las de “congelar y bloquear” fondos, activos financieros o recursos económicos“ o impedir ”ponerlos a disposición“ de personas, entidades o grupos designados, así como la ”exclusión de determinados bancos rusos de SWIFT“. Aunque el ministerio especifica que ”únicamente“ es para ”los casos regulados“, se trata de una legislación europea en la que España ”no puede modificar ni intervenir“.

Sin embargo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de quien depende el pago de las pensiones, admite que la situación “ha podido verse afectada” por el veto económico a Rusia, pero “no logra encontrar una correlación entre las fechas” en las que entraron en vigor las sanciones y “la retención de fondos”, apunta en la respuesta a la petición dirigida al Defensor del Pueblo y confirma a este medio. En ella, aclara que el ministerio va a solicitar al Ministerio de Asuntos Exteriores que se dirija a Economía o a las autoridades rusas para conocer las razones “y pedir que se realicen las gestiones necesarias para reanudar” el abono de las pensiones “de inmediato”.

El Fondo de Pensiones Ruso, por su parte, asegura que los bancos corresponsables –aquellos que actúan como intermediarios en transferencias internacionales– “no mantienen relaciones económicas” con el país “debido a las sanciones internacionales”, lo que “imposibilita la transferencia de fondos en moneda extranjera a los pensionistas rusos”, esgrime el organismo en una carta fechada el pasado abril que envió a los afectados tras sus reclamaciones. En concreto, la misiva explica que el banco ruso Gazprombank era el “responsable” de garantizar los pagos, pero actualmente “no dispone de comunicaciones oficiales” con el extranjero para llevarlos a cabo.

El peor momento de sus vidas

Con todo, el agravio permanece para los 'niños de la Guerra Civil' y los que vivieron allí durante la dictadura. Francisco Lago, economista y presidente de la asociación Niños de Rusia, es consciente de la “complejidad” de la situación, pero ante “la avanzada edad” de muchos de los pensionistas, reclama al Gobierno español que “adelante” el dinero hasta que las transferencias puedan ser posibles.

“Ahora esto parece que es más difícil, pero hay muchas personas que no pueden esperar al final de la guerra para cobrar. Estamos hablando de gente que tuvo que irse en el peor momento de sus vidas y están sufriendo algo que no merecen”, sostiene Santiago, que tiene 82 años. Su padre fue un destacado dirigente comunista, fundador de la sección gallega del PCE, que siguió en la actividad política en la clandestinidad y en el exilio y que fue condenado a muerte, una pena que le fue conmutada por 18 años de cárcel, llegando a pasar seis años en aislamiento. La familia vivió en varios países hasta que “de la mano de Dolores Ibárruri”, Santiago fue trasladado a Rusia “para estudiar”.

Aurora Zapirain, hija del comunista Sebastián Zapirain, también es una de las afectadas. “Al principio pensé que podía ser un retraso porque a veces los ha habido, pero esperando, esperando y nunca llegaban”, dice sobre el impago de la pensión rusa. Al igual que Santiago, cuando era una niña, su padre, dirigente del partido, fue represaliado y vivió entre la actividad política, la cárcel y el exilio. “Fui para no perder los estudios y la formación debido a que mi familia iba de un país a otro”, esgrime esta mujer de 81 años recién cumplidos. Ambos estuvieron en el Hogar Internacional Infantil de Ivánovo, más conocido como Interdom, donde vivieron niños y niñas descendientes de revolucionarios de izquierdas de decenas de países. Aurora se quedó en Rusia hasta 1992, cuando regresó a Donosti tras 24 años trabajando como informática por los que, como el resto, no está cobrando nada.