Un fiscal argentino pide revocar la intervención judicial del partido peronista

Un fiscal argentino pidió hoy que se revoque la intervención judicial del histórico Partido Justicialista (PJ) fundado por Juan Domingo Perón, ordenada por una jueza el pasado 10 de abril por la “crisis” interna de la formación, informaron a Efe fuentes del Ministerio Público.

El fiscal Jorge di Lello reclamó la nulidad del fallo de la jueza María Servini en un dictamen entregado a la Cámara Nacional Electoral, que será la que decida si hace lugar al pedido y si se echa para atrás la intervención del PJ, creado a mediados del siglo XX por el entonces presidente Perón (1946-1955 y 1973-1974).

Di Lello hizo así lugar a los recursos de apelación interpuestos por varios apoderados del partido y por José Luis Gioja, quien fuera presidente de la formación hasta que Servini designó como interventor al sindicalista Luis Barrionuevo, máximo encargado en la actualidad del partido.

“Los recurrentes solicitan que se revoque y se decrete la nulidad de todo lo actuado, puesto que entienden que la decisión de intervenir el PJ ha sido arbitraria, injustificada e ilegítima, y que ha ocasionado un perjuicio irreparable”, explica Di Lello en su dictamen.

En el recurso también se había señalado que el “apartamiento” de las “autoridades legítimas” del partido provoca “un real perjuicio”, impidiéndoles ejercer sus mandatos“.

La jueza Servini basó la intervención temporal del PJ, solicitada por un grupo de líderes sindicales por su “estado de acefalia”, en que “el grado de división alcanzado, con líneas internas partidarias que se ubican en las antípodas del pensamiento político, ha creado una situación crítica insostenible que de permanecer en el tiempo, podría afectar la propia existencia del partido”.

Esta decisión estuvo rodeada de gran polémica; tanto que cuando Barrionuevo -dirigente de los trabajadores gastronómicos- fue a tomar posesión a la sede del partido, Gioja y sus partidarios trataron de impedirlo.

Al recurrir la decisión, Gioja y el resto de impulsores señalaron que “no existe acefalía”, puesto que las autoridades fueron elegidas luego de que el 8 de mayo de 2016 se oficializara la única lista presentada a la convocatoria y cuyos mandatos vencían el día 7 de mayo de 2020.

El peronismo entró en una grave crisis luego de que en noviembre de 2015, Daniel Scioli, candidato propuesto por la entonces todavía presidenta, la peronista Cristina Fernández (2007-2015), perdiera los comicios ante el conservador Mauricio Macri.

Esta derrota puso fin a 13 años consecutivos de Gobiernos de extracción peronista y dejó en evidencia los desencuentros de los miembros del justicialismo con Fernández, elegida senadora en octubre de 2017 en representación de Unidad Ciudadana, una coalición fundada por ella misma que también se presentó por fuera del PJ.

Sin embargo, los recurrentes rechazaron como “inexistente” la “mentada crisis política e institucional”, y el hecho de que hubiera “dos derrotas electorales consecutivas” no puede ser considerado, según añadieron, “un argumento válido” por Servini, como tampoco la existencia de líneas internas.

En su extensa resolución, muy crítica con la decisión de la jueza, el fiscal destaca que no existe disposición legal que determine que los jueces dispongan de un “partidómetro” para medir la calidad partidaria.

“Lejos de compartir las reflexiones expuestas en la sentencia atacada, debe destacarse que en modo alguno es función de los Jueces Electorales calificar las ideas o proyectos políticos, ni la ausencia de tales, como tampoco lo es determinar cuál es la misión de cada partido político en los distintos momentos que atraviese la Nación, a excepción que sus principios sean contrarios a la Constitución”, remarca Di Lello.

Además, el fiscal subraya que las “líneas internas en el peronismo” es una dinámica que ha estado presente desde los inicios del partido y “de ningún modo fue un obstáculo para su funcionamiento”.