La Audiencia Nacional confirma el procesamiento por blanqueo de Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont

La Sala de lo Penal ha confirmado el procesamiento del abogado Gonzalo Boye por delito de blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal, procedente del narcotráfico, en concurso con un delito continuado de falsificación de documento oficial, todo ello en el marco de la causa abierta a Jose Ramón Prado Bugallo, 'Sito Miñanco' en la que Bugallo está procesado por su presunta participación en dos operaciones para introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína y por la creación de un entramado criminal para blanquear el dinero obtenido de la droga.

La juez María Tardón procesó a Boye por su presunta participación en una de las operaciones realizadas por la organización liderada por Sito Miñanco para recuperar 889.620 euros que habían sido incautados por la policía en el aeropuerto de Barajas, ocultos en una maleta de uno de los miembros de la organización. Boye y otros dos abogados están procesados por haber participado presuntamente en la elaboración de documentos y contratos de compraventa de letras de cambio para recuperar el dinero aprehendido por la policía. En esta causa, la juez procesó a 45 personas físicas y a otras 5 jurídicas.

Gonzalo Boye, asesor legal de elDiario.es, defiende su inocencia y relaciona que la investigación se haya dirigido hacia él a su trabajo como abogado defensor de Carles Puigdemont, entre otros. El letrado Boye recusó a la jueza del caso, María Tardón, por su presunta vinculación con el Partido Popular, formación implicada en casos de corrupción en los que el abogado ejerce la acusación popular, como es el caso de la caja B. La magistrada de la Sala de lo Penal encargada de tramitar la recusación decidió no admitirla a trámite por “extemporánea”.

En el auto dado a conocer hoy, la Sala rechaza el recurso de Boye contra su procesamiento y explica que en esta fase procesal no se valora la culpabilidad o inocencia del procesado sino si existen indicios que justifiquen su estatus de procesado. El tribunal indica que los distintos informes de la Policía reconstruyen la vida mercantil de las letras de cambio emitidas en garantía de préstamos hipotecarios. “ Y en concreto, como dichas letras posteriormente fueron utilizadas por el entramado criminal, para facilitar las actividades encaminadas a la recuperación del dinero intervenido en Barajas siguiendo las instrucciones de Prado Bugallo, presuntamente transmitidas por García Arango y dirigidas por el recurrente Boye Tuset”

La Sala añade que puestas estas diligencias e informes en común con vigilancias, seguimientos y los contactos mantenidos entre los procesados se puede inferir, de acuerdo con el auto de Tardón, “ la concurrencia de indicios racionales que permiten vincular al Sr. Boye con los hechos y con los delitos por los que ahora se le procesa”

El tribunal concluye que existen indicios de su presunta participación en la manipulación de unos contratos de compraventa y emisión de letras por valor de 889.620 euros, tal como se constata en el curso de los trámites seguidos en los expedientes sancionadores que se siguieron en la Secretaría General del Tesoro y Política financiera, que acreditan indiciariamente la simulación y falta de contenido real de los distintos documentos de préstamos y constitución de hipotecas cambiarias y contratos de compraventa de letras de cambio que resultaron aportados por el recurrente a los expedientes incoados mismo para intentar justificar la procedencia de los 889.620 euros que habían sido intervenidos previamente en el aeropuerto de Barajas a cinco de los procesados en esta causa.

Además de la recusación, Boye y cuarenta abogados catalanes se querellaron contra la jueza Tardón y el fiscal del caso, Ignacio de Lucas, por delitos de prevaricación y de encubrimiento de asesinato, el de un supuesto narcotraficante colombiano, cometido supuestamente por uno de los delatores de Boye. Los querellantes entienden que “ni la jueza María Tardón ni el fiscal Ignacio de Lucas se han interesado a lo largo de estos dos años en propiciar una investigación por el asesinato presuntamente cometido por Manuel Andrés Puentes Saavedra tanto en Colombia como en España”. “Todo lo contrario, lo han encubierto, a fin de proteger a este investigado, a cambio de perjudicar gravemente al letrado Gonzalo Boye”, han denunciado.