Casado pretende poner en marcha una reforma legal en agosto para justificar su rechazo al estado de alarma

Tras meses de ataques a la gestión centralizada de la pandemia por parte del Gobierno, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, considera ahora que es necesario un “mando único” para hacer frente a los rebrotes. Al mismo tiempo, sin embargo, mantiene su rechazo a que, llegado el caso de una segunda ola incontrolada del coronavirus, se pueda decretar un nuevo estado de alarma, a pesar de que esta herramienta constitucional fue la que permitió, precisamente, que la administración central asumiera el “mando único” en materia sanitaria y de seguridad ciudadana entre marzo y junio.

En las sucesivas votaciones en el Congreso de los Diputados, el PP aprobó las tres primeras prórrogas del estado de alarma solicitadas por el Gobierno, se abstuvo en la cuarta y votó 'no' a la quinta y la sexta llegando a acusar al Ejecutivo de querer instaurar una “dictadura constitucional”. Ahora Casado trata de ser coherente con ese último rechazo planteando abrir un proceso de reformas legislativas en pleno agosto para recoger aspectos que ya están incluidos en la normativa que regula la alarma, como la limitación de la movilidad en determinados territorios o el confinamiento.

Dirigiéndose al Gobierno de Pedro Sánchez, el líder del PP aseguraba este lunes en un acto en el que no se permitieron preguntas de la prensa –que no estaba incluido en la agenda de Casado y del que el PP avisó una hora antes–, que “hay un punto intermedio entre el estado de alarma y lavarse las manos”. Esta última actitud de “pasividad” es la que a juicio del presidente popular ha llevado al Ejecutivo a encontrarse “desbordado” ante la multiplicación de casos positivos de coronavirus.

La alternativa de Casado ha sido bautizada como un “plan B jurídico” que contempla la reforma de dos leyes orgánicas. El líder del PP plantea modificar de manera urgente –en “15 o 20 días”, pero, en cualquier caso, a partir del mes agosto que se inicia el próximo sábado–, la Ley Orgánica de Medidas Especiales en materia de Salud Pública de 1986, que según Casado puede limitar derechos fundamentales sin acudir al estado de alarma.

Las reformas que plantea el PP

La propuesta del PP pasa por reformar el artículo 3 de esa norma para “que incluya la realización de acciones preventivas en materia general y adopte la posibilidad de sometimiento a cuarentena, aplicación de otras medidas sanitarias para las personas sospechosas y sometimiento, aislamiento y tratamiento cuando así proceda, y la localización de quienes hayan estado en contacto con personas sospechosas o afectadas”.

Además, propone tratar la limitación del movimiento en esas zonas y las entradas y salidas, medidas que se tomarán “conforme a los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad”. La propuesta del PP no aborda, en todo caso, la limitación de movimientos entre comunidades autónomas, una facultad que, según expertos constitucionalistas, solo podría realizarse a través de la aprobación de un nuevo estado de alarma.

La otra normativa que plantea reformar Casado es la Ley Orgánica de Jurisdicción Contencioso Administrativa de 1998, para cuando se decida la “reclusión forzosa en un domicilio” o el “internamiento hospitalario forzoso de un enfermo”. Con esta reforma el PP quiere dejar claro que cuando sea una comunidad autónoma o el Gobierno de la nación los que limiten derechos puedan acudir al Tribunal de Justicia correspondiente o al Tribunal Supremo.

“No encontraría ningún motivo para que el PSOE no se sentara con nosotros hoy mismo para tramitar este proyecto de ley de manera urgente”, señalaba Casado, que también plantea reformar siete leyes para dotar de mayores instrumentos al Ministerio de Sanidad “para la detección de pandemias, la coordinación de alertas y la dotación de medios”.

Un Gobierno que “no dice la verdad”

En la línea de los últimos meses de crítica constante al Gobierno, Casado pedía a Sánchez “más humildad, menos aplausos y autobombo y dejar de decir que se ha hecho todo bien”. “Los ciudadanos no pueden fiarse de un Gobierno que no dice la verdad ni en las cifras de fallecidos en el país que tiene más afectados por cada 100.000 habitantes”, remachaba el líder de los populares.

La dirección del PP lleva meses pidiendo por escrito a todos sus cargos que reprochen al Gobierno las cifras de los muertos durante la pandemia, o instándoles a decir que el Ejecutivo “miente” en su gestión de la crisis sanitaria. En todos los argumentarios –consignas que suelen enviar prácticamente a diario los partidos para marcar la línea discursiva de la jornada– remitidos por la dirección de Pablo Casado a los dirigentes del partido entre mayo y junio se exigió así repetir la idea de que el Ejecutivo “oculta” el número real de fallecidos.

Según las cifras actualizadas este mismo domingo, desde que se declaró la epidemia han fallecido en España 28.432 personas por coronavirus. Desde Sanidad siempre se ha dejado claro que en estos datos se incluyen únicamente a las personas que tenían una prueba analítica positiva por COVID-19.

Desde el Gobierno también recuerdan que el Sistema de Monitorización de la Mortalidad (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), reportó 43.360 muertes hasta el 22 de mayo en todo el país –la estimación del INE alcanza los 48.000–, un exceso que, explican, puede deberse al virus, si bien no se puede dar por hecho ya que contempla todos los fallecimientos, también de aquellos a los que no les fue realizada la prueba del coronavirus y los de cualquier otra razón como accidentes, suicidios u otras enfermedades.

El PP insiste, en todo caso, en recalcar que el Gobierno “miente”. “Esto no es una crítica, es una crónica, y lo decimos como oposición para que no nos vuelva a pasar”, recalcaba Casado este lunes.