El caso de los ERE llega al Supremo en plena precampaña de las elecciones andaluzas

El fraude masivo de los ERE de Andalucía llega al Tribunal Supremo a mes y medio de las elecciones andaluzas. La sala de lo penal escuchará, a lo largo de los próximos dos días, los argumentos de los 19 condenados por el agujero de 679 millones de euros que dejó en las arcas andaluzas el sistema descontrolado de ayudas a empresas que imperó entre los años 2000 y 2009, bajo gobierno del PSOE. Sobre la mesa de los jueces, las peticiones de absolución de algunos de los nombres más relevantes de la política andaluza de las últimas décadas: José Antonio Griñán, Manuel Chaves, Magdalena Álvarez o Gaspar Zarrías, entre otros.

La sentencia de la Audiencia de Sevilla llegó después de más de 150 sesiones de juicio oral. Una sentencia de 1.800 folios que declaró probado que, en el seno de la Junta de Andalucía, el ejecutivo puso en marcha un sistema de ayudas sociolaborales o para empresas y “dar respuesta a las situaciones de crisis económicas de empresas con centros de actividad en Andalucía”.

Junto con el sistema de ayudas, según la Justicia, llegó una ausencia total de control que permitió que muchos desempleados se quedaran sin ayudas, que otros tantos sí las cobraran aunque no pertenecían al colectivo afectado o que siguieran cobrando una vez consiguieron trabajo. Parte del dinero, según la Audiencia de Sevilla, fue destinado a cosas que nada tenían que ver con el empleo: financiar la formación de los voluntarios de los Juegos del Mediterráneo celebrados en Almería en 2005, campañas de prevención de riesgos laborales o muestras de artesanía.

Según la Audiencia de Sevilla, este sistema dejó fuera de la ley un total de 679,4 millones de euros entre los años 2000 y 2009 y los responsables no son solo los que gestionaban directamente los fondos desde la Consejería de Empleo: también lo sabían el presidente José Antonio Griñán y su predecesor, Manuel Chaves. El primero había sido antes consejero del ramo y el segundo, según la sentencia, introdujo modificaciones en los presupuestos andaluces a pesar de las advertencias en contra de la operación.

Todos han recurrido y todos solicitan la absolución frente a una sentencia que marcó a muchos el camino de la cárcel. José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía entre 2009 y 2013 y expresidente del PSOE, fue condenado a seis años de cárcel y 15 de inhabilitación. Manuel Chaves, presidente de la Junta entre 1990 y 2009 y exministro, fue condenado a nueve años de inhabilitación, la misma condena que el exconsejero Gaspar Zarrías y que Magdalena Álvarez, ministra de Fomento con José Luis Rodríguez Zapatero.

Las condenas más altas de cárcel, siete años y 11 meses, fueron impuestas al exconsejero Antonio Fernández y al exdirector de Trabajo, Javier Guerrero. Las condenas de siete años de prisión fueron para los también exconsejeros José Antonio Vieira y Francisco Vallejo. Solo hubo dos absueltos: el interventor general de la Junta, Manuel Gómez, y el jefe del gabinete jurídico, Francisco del Río. Los jueces les atribuyeron delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Por delante, si no hay cambios en el calendario, hay dos sesiones en las que los acusados –muchos de los cuales se juegan la entrada en prisión– no tendrán que ir al Supremo y en las que los abogados y acusaciones tomarán la palabra. La Fiscalía ha pedido a los jueces que confirmen las condenas después de que la sentencia de la Audiencia de Sevilla asumiese de manera casi íntegra su acusación contra 19 de los 21 acusados. Todo el proceso y sistema de ayudas, dice en su recurso, fue una “patente ilegalidad”.

Las elecciones andaluzas

El juicio del caso quedó visto para sentencia en la Audiencia de Sevilla apenas unos días después de que se celebraran las elecciones andaluzas en las que el Partido Popular de Juan Manuel Moreno Bonilla terminó desalojando al PSOE de San Telmo, después de casi cuatro décadas de gobiernos socialistas. La sentencia, sin embargo, no llegó hasta casi un año después, con el nuevo presidente presentando a su ejecutivo de coalición con Ciudadanos como una ruptura con respecto a aquella época.

En este caso los caminos de la Justicia y la política vuelven a cruzarse. La vista oral del Supremo para escuchar los argumentos de las partes fue puesta en el calendario antes de que el presidente de la Junta de Andalucía anunciara la convocatoria de elecciones. De esta manera, habrá menos de un mes de diferencia entre la revisión pública del caso y las elecciones andaluzas del 19 de junio. Pero las posibilidades de que la sentencia definitiva del caso irrumpa en plena campaña electoral son prácticamente nulas.

No es un escenario posible, en primer lugar, por la tendencia del Tribunal Supremo a evitar que sus sentencias sean las protagonistas de unas elecciones. Pero la razón principal es el volumen del asunto que tienen entre manos los jueces: un total de 152 sesiones de juicio, una sentencia de 1.821 páginas junto con las alegaciones de 19 condenados y varios tipos de ayudas irregulares que se desarrollaron en diferentes instancias a lo largo de nueve años.

Las grandes causas de corrupción no son asuntos que despachen rápido en la sala segunda del Tribunal Supremo. La pieza principal de la trama Gürtel, bautizada como 'Época I', empezó a ser analizada en febrero de 2020 y la sentencia no llegó hasta octubre de ese año, es decir, ocho meses más tarde. En el caso Nóos, los jueces celebraron la vista pública en marzo de 2018 y la sentencia no llegó hasta tres meses más tarde. En el caso Palau la revisión empezó en noviembre de 2019 y la sentencia llegó a finales de abril del año siguiente.

El ponente de la sentencia será el magistrado Eduardo de Porres, acompañado en el tribunal por Juan Ramón Berdugo, Ana Ferrer, Carmen Lamela y Susana Polo.

“Sé de mi inocencia”

Los últimos dos años han sido un goteo de recursos de los condenados en la sala segunda del Tribunal Supremo. Manuel Chaves, por ejemplo, entiende que la Audiencia de Sevilla incurrió en “errores en apreciación de la prueba” y Magdalena Álvarez apuntó a “contradicciones” en los hechos probados de la resolución, que ocupan más de 60 páginas en la descripción de los hechos.

Otro de los que han recurrido es José Antonio Griñán, afirmando que su condena se basa en “presunciones”. El expresidente de la Junta, expresidente del PSOE y exministro del Gobierno ha publicado, además, un libro titulado 'Cuando ya nada se espera' en el que hace un recorrido por su vida política y expresa su convencimiento de que será absuelto. “No creo en mi inocencia, sé de mi inocencia”, dijo hace unas semanas en una entrevista en Onda Cero.