De la cacería a la trama contra el partido: Cifuentes recupera el manual de crisis del PP frente a sus escándalos
El pasado lunes, ante las irregularidades desveladas por eldiario.es sobre su máster, Cristina Cifuentes afirmó, a través de un plasma, que estaba siendo víctima de una “cacería” que pretendía destruirla.
Sin embargo, ésta no es la primera vez que la presidenta de la Comunidad de Madrid se encuentra ante dificultades y responde situándose como víctima. “Voy a llevar a cabo todas las actuaciones que sean precisas: no creo en la difamación, en el juego embarrado, creo en el trabajo duro y en la honradez”, advertía Cifuentes ante el informe de la Guardia Civil en el que se implicaba a la presidenta con la financiación irregular del PP de Madrid.
En aquella ocasión, Cifuentes no solo lanzó un aviso, sino que también criticó a la Guardia Civil por vincularla con la adjudicación de contratos a Arturo Fernández. La mesa de contratación que presidía Cifuentes fue la misma que otorgó, en 2009, los servicios de Cafetería del parlamento regional al empresario. Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, esta contratación favoreció al dueño del Grupo Cantoblanco. La respuesta de la presidenta no tardó en llegar. Afirmó que el informe presentado por la UCO estaba repleto de “juicios de valor y ningún fundamento jurídico”. Ahora, sobre su máster, ha optado por desmarcarse con un “ha sido un error de transcripción de las notas”.
Lejos del juego sucio, el descubrimiento de un lápiz de memoria en el domicilio del gerente del PP Beltrán Gutiérrez el 11 de febrero de 2017 prendió la mecha de las investigaciones de la UCO. Ese hallazgo no solo sirvió para dar comienzo a una serie de investigaciones vinculadas con Púnica, sino que también desmonta la teoría de una conspiración contra Cifuentes.
Sin embargo, la idea de una posible “mano negra” es un estrategia manida por el Partido Popular. El PP ha recurrido en múltiples ocasiones a la treta de que existe una conspiración contra este partido para escudarse de sus escándalos.
“Tiene toda la pinta de ser una conspiración”, decía en 2009 el, por entonces, consejero de Economía y Hacienda de Esperanza Aguirre, Antonio Beteta. También de informes falsos, como Cristina Cifuentes, hablaba González Pons: “es un informe falso realizado a instancias de Rubalcaba con el objetivo de atacar al PP”. Todas estas declaraciones se producían dentro de un mismo marco: un informe policial afirmaba que el partido de Mariano Rajoy había sido financiado irregularmente por la trama Gürtel. El entonces líder del partido lo tenía claro, tanto que convocó una rueda de prensa multitudinaria arropado por su plana mayor (que en aquella época incluía a nombres como Camps, Barberá, Aguirre o Ana Mato): había una trama contra el PP.
En la misma línea, pero en 2016, se sumaba al carro de la conjura contra el PP el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Lo hacía en pleno estallido del caso Taula sobre la presunta financiación ilegal del PP de Valencia. Fernández Díaz, máximo responsable de la Policía y la Guardia Civil en ese momento, consideraba que el PP no era el único partido que contaba con casos de corrupción entre sus filas, pero que, sin embargo, era sobre el que más iniciativas judiciales proliferaban. A esto, el ex ministro añadía que él no creía en “las casualidades”.
A principios de abril de 2017 se desataba un nuevo revuelo entre los barones regionales y principales cargos del PP. El detonante había sido la publicación del auto del entonces magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que vinculaba al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, con la Púnica. Tras la decisión del juez Velasco surgía toda una serie de comentarios en el PP que apuntaban a complot. “Este juez nos la tiene jugada, ha sacado el auto para hacernos daño”, afirmaba un barón regional. El caso acabó costándole a Pedro Antonio Sánchez su dimisión.
De aquel auto del juez Velasco a la decisión judicial por la que se requería que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declarase en la Audiencia Nacional por el caso Gürtel no pasó demasiado tiempo. El PP volvía a justificarse recurriendo a una conspiración contra ellos. La formación de Rajoy señalaba que Javier Ledesma y Mariano Benítez de Lugo, ambos miembros de la acusación popular, eran “muy conocidos por su cercanía al partido socialista”.
Casi nueve años después de las primeras señales de los vínculos entre el PP y la red de Francisco Correa, algunos miembros del partido han acabado en el banquillo y alejados de sus filas, pero otros continúan activos en el panorama político, como Rajoy. En enero, el que fue secretario general del PP en la Comunidad de Valencia, Ricardo Costa, confesaba que la formación se había financiado ilegalmente por medio de Gürtel. Ante la posible financiación irregular en Valencia el presidente del Gobierno contestó: “No lo sé, a nosotros nunca nos lo han dicho”.
