Las cloacas del PP: todos los delitos por todas partes menos en el juzgado de García Castellón

El comisario José Manuel Villarejo, con decenas de procesos judiciales abiertos y tres condenas de cárcel, guardó en cientos de archivos con grabaciones y documentos sobre sus andanzas delictivas durante más de 20 años. Sus actividades fuera de la ley fueron amparadas y, en ocasiones, alentadas por los políticos que mandaban en el PP y en el Ministerio del Interior durante los gobiernos de Mariano Rajoy (2011-2018), según las investigaciones judiciales.

La detención de Villarejo en noviembre de 2017 dio paso a la apertura de hasta 30 causas judiciales en la Audiencia Nacional dentro del caso tándem con decenas de personas imputadas, entre ellas directivos de bancos, empresarios, policías y cargos políticos.

Cinco años después de iniciada esa investigación, en la primavera de 2022, algunas víctimas de Villarejo entregaron a la Audiencia Nacional nuevas grabaciones y documentos que guardaba el comisario donde se acreditaban las maniobras ilegales desde el Ministerio del Interior contra independentistas catalanes, dirigentes de Podemos, o contra el hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esas grabaciones también destapaban otras operaciones destinadas a proteger el patrimonio oculto del rey emérito en el extranjero o a la financiación ilegal del PP a través de una caja b que controlaba el extesorero Luis Bárcenas.

Manuel García Castellón, titular del juzgado de la Audiencia Nacional encargado de investigar el caso tándem, abrió a regañadientes una nueva pieza separada con esos audios de las cloacas a las órdenes del PP, la pieza número 34. Pero el juez la dejó morir entre el silencio y el olvido, según revela hoy elDiario.es, sin ordenar ni una sola diligencia para investigar todos indicios de los delitos que hoy siguen impunes.

La fabricación de pruebas falsas desde el ministerio del Interior contra los adversarios políticos del Gobierno tuvo como principal buzón de destino a determinados medios de comunicación que, sin contraste alguno, difundían los supuestos escándalos contra los adversarios políticos del PP. Esas pruebas falsas formaban parte de expedientes confidenciales del ministerio del Interior que deberían haber permanecido bajo secreto, pero que eran publicados en medios afines al PP mucho antes de que fueran archivados por falta de pruebas en los tribunales o en la propia dirección de la policía. Se trataba, entre otros, de múltiples delitos de revelación de secretos, esta vez sí, que el juez García Castellón no investigó y que, aún hoy, con un nuevo instructor en la Audiencia Nacional, siguen sin castigo.

Las víctimas de aquel juego sucio con dinero público desde los aparatos del estado son numerosas. Muchas de ellas están hoy fuera de la política con una sombra de sospecha casi imborrable: el exalcalde de Barcelona, Xavier Trías; el expresidente catalán, Artur Mas; el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias…

Los jueces que han tenido en sus manos todas las pruebas de esos delitos han decidido archivarlas –distintos juzgados desestimaron las querellas de Xavier Trías, de Pablo Iglesias, o de Artur Mas– sin pensar que, al menos, existía una revelación de secretos (falsos) muy evidente y muy fácil de acreditar.

El juzgado de la Audiencia Nacional que dirige Santiago Pedraz ha conseguido en los últimos meses recabar pruebas suficientes de que en el ministerio del Interior se abrieron investigaciones confidenciales sobre la supuesta financiación ilegal de Podemos o sobre la existencia de una cuenta a nombre de Pablo Iglesias en las Islas Granadinas alimentada por el régimen venezolano. Los primeros resultados de esas investigaciones confidenciales, antes de que la propia policía las archivara por falsas o por falta de pruebas, fueron publicados en determinados medios de comunicación para acusar de corrupción a los adversarios políticos del PP. El juez Pedraz ya conoce que hubo una revelación de secretos (falsos) aunque de momento no está investigando a fondo ese delito.

Pedraz heredó esa causa de García Castellón, que nunca quiso abrir una pieza con la denuncia de Podemos. García Castellón es el mismo juez que intentó imputar por corrupción a Pablo Iglesias –el Supremo lo desestimó–, pero nunca encausó a los policías o políticos que ordenaron el espionaje ilegal y la fabricación de noticias falsas contra Podemos, pese a contar en su juzgado con todas las pruebas.

El juez García Castellón también quiso encausar por terrorismo al expresidente Carles Puigdemont cuando se empezaba a tramitar la ley de amnistía –esa era una vía para que nunca se pudiera beneficiar de la futura norma– y el Supremo, que aceptó ese envite sin un solo indicio, tuvo que archivar el caso por la instrucción chapucera del magistrado, ya jubilado.

García Castellón anda estos días promocionando su libro de memorias y denunciando las prácticas del Gobierno de Pedro Sánchez. Escuchar sus opiniones en las múltiples entrevistas que ha dado en medios afines al PP y a la ultraderecha acreditan que se trata de un juez jubilado e imparcial. Asegura García Castellón que el lawfare “es una forma de amedrentar a los jueces” y que ahora lo único que interesa “es extender la sospecha sobre el Poder Judicial”.  

El magistrado denuncia que algunos medios de comunicación están comprados por el Gobierno a través de la publicidad institucional aunque no se atreve a decir, de momento, cuáles son esos medios pero concluye: “Se utilizan para amplificar la descalificación de un juez (…) Hay ciertos medios de comunicación, que a mí me da vergüenza, hincados ante el poder político”. Palabra de Manuel García Castellón, el juez que durante su última actividad en la Audiencia Nacional evitó investigar o archivó algunas de las corruptelas más evidentes ocurridas durante los seis años de Gobierno de Mariano Rajoy.