La oposición rechaza el estatuto del alto cargo por no avanzar en la regeneración democrática
Los grupos de la oposición han rechazado prácticamente en bloque el nuevo estatuto del alto cargo, que ha quedado aprobado este miércoles por la Comisión Constitucional del Congreso con los únicos votos a favor del PP y de CiU. UPyD se ha abstenido. Durante las votaciones, los populares han tumbado la mayoría de las enmiendas presentadas, excepto las de CiU y algunas menores de otros grupos. Esta reforma, junto con la nueva regulación de la financiación de los partidos políticos, que ha concitado mayor consenso, es una de las medidas estrella que el presidente Mariano Rajoy anunció en el Congreso para combatir la corrupción.
El rapapolvo al PP por haberse quedado “corto” en los cambios y no abordar muchos de los asuntos que está reclamando la sociedad “escandalizada” por el aumento de la corrupción, ha sido generalizado. La mayoría de los portavoces ha criticado que no se haya aprovechado para ir más lejos en ciertas medidas, como el cese inmediato de un alto cargo cuando sea imputado y no cuando haya una sentencia firme, que es lo que establece la reforma del PP; que la regulación de las llamadas 'puertas giratorias' para trabajar en el sector privado se limiten a dos años, y no a cinco como pide, entre otros grupos, el PSOE; que no se endurezca el régimen de incompatibilidades de los propios diputados y senadores; o que no se regulen los sueldos en las administraciones para impedir que haya cargos públicos que cobren más que el propio presidente del Gobierno, como ha señalado ERC.
También se ha criticado que el PP aparque otros medidas, como la reducción de aforados o la limitación de los indultos, que no aparecen en esta reforma. El PP ha explicado que ninguna de estas dos medidas tiene “encaje” en esta ley, pero ha asegurado que se harán.
El portavoz del PSOE, Antonio Pradas, ha empezado su intervención asumiendo la responsabilidad de su partido por la desconfianza de la sociedad en los políticos a causa de la corrupción. Pero, dicho esto, ha afirmado que “aunque cada uno lleva su cruz, quien tiene ahora la mayoría suficiente para cambiar las leyes y hacerlas más eficientes es el PP”.
Una de las cosas en las que no está acuerdo el PSOE es en que no se vaya más allá en la regulación de las puertas giratorias. Los socialistas piden ahora que sean cinco años y no dos el tiempo de incompatibilidad para que un exalto cargo pueda recalar en la empresa privada o en sectores que estén vinculados a su anterior actividad. Este cambio ha causado sorpresa en el PP, cuyo portavoz, Ramón Gómez de la Serna, les ha recordado que hasta hace poco habían defendido no utilizar “criterios populistas” ni la “brocha gorda” a la hora de acometer cambios en esta materia.
Tras desgranar otros aspectos que echan de menos en la ley, Pradas ha espetado al PP: “Ustedes no están en condiciones de abordar las reformas de regeneración y lucha contra la corrupción por motivos obvios que a nadie se le escapan”.
Josep Nuet, de la Izquierda Plural, ha acusado al PP de seguir sacándose “conejos de la chistera” como respuesta a la honda preocupación que hay en la ciudadanía frente a la corrupción. “Siguen haciendo trucos de magia, poniendo maquillaje, mucha propaganda y mucho engaño”, ha espetado Nuet a los populares.
El portavoz de la Izquierda Plural ha acusado al PP de estar protagonizando “la legislatura más opaca de toda la democracia”. “Utilizan su mayoría absoluta para no pactar con nadie. No aceptan nuestras enmiendas y las pocas que han aceptado no modifican sustancialmente la ley”, ha lamentado Nuet, que ha reprochado al partido del Gobierno que “los miembros de la Casa Real” queden fuera de esta regulación. “Si la Casa Real no es ejemplo para todo no lo es para nada”, ha dicho el portavoz de la Izquierda Plural.
Carlos Martínez Gorriarán, en nombre de UPyD, también ha lamentado la escasa voluntad del PP para atraer a los grupos al acuerdo al rechazar todas su enmiendas. El diputado del grupo de Rosa Díez ha asegurado que la nueva ley de altos cargos “no aporta gran cosa” y “avanza muy poco en transparencia”.
Joan Tardá, de ERC, ha censura, entre otras cosas, que en la ley no prohíba los viajes de los altos cargos en clase business. También ha pedido que “se acaben las dietas” y que los gastos de representación tengan que ser justificados. Dos peticiones que el portavoz del PP ve innecesarias porque los altos cargos van “a gastos pagados” y no cobran dietas, ha dicho.
Además, Tardá ha considerado que ningún miembro de la administración debería cobrar más que el presidente del Gobierno mostrándose favorable incluso a que la nómina de los presidentes “sea revisada”. “Nada de calado hay en esta ley. Ni aporta transparencia ni claridad. Lo que ERC propone está lleno de sentido y no es nada radical”, ha asegurado el republicano.
El diputado del PP, Ramón Gómez de la Serna, ha sido el encargado de responder a todos los portavoces, a los que ha refutado todas sus críticas. Para el popular “este proyecto es muy importante” y fruto del compromiso de Mariano Rajoy de acabar con la corrupción.
“Este es el primer Gobierno de la democracia que ha tenido el arrojo de presentar un plan integral de medidas de regeneración democrática”, ha presumido el portavoz del PP. Tras recordar que el PSOE “no hizo nada” en su día -sobre todo durante los años 90, en pleno auge de los escándalos del felipismo-, Gómez de la Serna ha lamentado que la nueva regulación del estatuto del alto cargo cuente con el rechazo de toda “la izquierda parlamentaria”.
“La ley cuenta con aspectos muy novedosos que no deberían ser despreciados”, ha manifestado. Entre ellos, que “mantiene un esfuerzo notable en materia de conflicto de intereses, hasta cuarto grado en materia de consanguinidad familiar”. Lo que, en su opinión, “habría impedido a doña Tania Sánchez actuar como actuó en el Ayuntamiento de Rivas”, ha dejado caer el popular como réplica a IU.
De la Serna ha reprochado a los portavoces de los grupos “que no valoren el esfuerzo del Gobierno para legislar contra la corrupción. ”Me parece tremendamente injusto“, ha concluido.
