La Comisión Europea pedirá en Madrid al PP que se siente a negociar con el Gobierno la renovación del Poder Judicial

El Consejo Judicial del Poder Judicial lleva casi cuatro años en funciones. El órgano emana de una mayoría absoluta del PP del 20 de diciembre de 2011. Y, 11 años después, sus integrantes siguen en el cargo, cuando ya ha caducado su mandato hace más de 1.000 días, por la negativa del PP a negociar su renovación.

La vicepresidenta de la Comisión Europea Vera Jourová escribió hace dos semanas una carta a Carlos Lesmes, presidente del CGPJ, en la que exigía la renovación inmediata del órgano de gobierno de los jueces. En su misiva, denunciaba que el Poder Judicial es “rehén” del bloqueo.

Ahora, el comisario de Justicia, Didier Reynders, viajará el 29 y 30 de septiembre a España para abordar este asunto con Gobierno, oposición, asociaciones de jueces y personas implicadas en una situación que recoge año tras año la Comisión Europea en su informe sobre el Estado de Derecho.

“Voy a reunirme con el gobierno, con la oposición, con el Parlamento, con asociaciones de jueces o de abogados, colectivos de la sociedad civil o universidades”, ha explicado Reynders este martes a su llegada al Consejo de Asuntos Generales en Bruselas, que reúne a los ministros de Asuntos Europeos: “En el debate sobre el apartado de justicia del informe relativo a España, el Consejo General del Poder Judicial es determinante. Y nos gustaría ver hechos los nombramientos y la reforma implementada muy rápidamente. De ahí el interés de discutir tanto con la mayoría como con la oposición, para lograr el objetivo de la reforma”.

Reynders explica que “han pasado dos años desde que hice los primeros contactos. De hecho, la situación no es nueva. Lo que estamos tratando de hacer organizar una discusión, un diálogo entre las fuerzas políticas. Porque la renovación del CGPJ, al igual que la designación de ciertos órganos constitucionales, exige mayorías tales que se hace necesaria la colaboración entre las principales formaciones políticas del país. Y aquí es donde tenemos un doble papel que desempeñar: el primero es aclarar cuáles son las expectativas, con el informe sobre el estado de derecho y sus recomendaciones, unas expectativas que van ligadas a estándares europeos como el Consejo de Europa, del que España es miembro, en la línea de que la mayoría de los miembros del CGPJ sean jueces elegidos por sus pares, elegidos por otros jueces, sin que haya injerencia de la política, ni del gobierno ni del Parlamento”.

“Aparte de eso”, prosigue Reynders, “lo que también podemos hacer es, obviamente, entablar un diálogo. No es solo pedir una discusión, sino tratar de unir a la gente. Y eso es algo que he hecho antes, pero que también intentaré hacer durante esta visita”.

Eso sí, el comisario europeo insiste en separar la situación de España de la que se vive en países como Hungría y Polonia, sujetos a procedimientos por sus asaltos al Estado de Derecho: “Debemos distinguir claramente la situación que tenemos en otros Estados miembros donde ha habido una regresión y un deterioro de la situación. En tales casos, por supuesto, pueden utilizarse otras fórmulas, como los procedimientos de infracción. Esto es lo que hemos hecho con el sistema disciplinario de los jueces en Polonia, por ejemplo. En el caso de España, como en el caso de otros países, lo que estamos tratando de hacer es mejorar una situación existente, así que no es lo mismo en absoluto. Haremos todo lo posible para intentar implementarlo a través del diálogo. Y, repito, la diferencia es muy clara. Cuando iniciamos procedimientos de infracción es porque hay un problema con una nueva ley que viola la ley europea o conduce al deterioro de la situación. Ese no es el caso. El objetivo es reunir tanto a las formaciones políticas de la mayoría como de la oposición, el Gobierno por supuesto el Parlamento, para designar a los nuevos miembros, pero también para iniciar una reforma rápidamente”.

“Si la situación fuera a durar mucho tiempo, si vemos durante unos años que la situación no mejora, obviamente, tendremos que pensar en otros mecanismos. Pero ahora lo que tenemos por primera vez es una recomendación del informe sobre el Estado de Derecho”, concluye Reynders.