Las comunidades negras de Colombia piden parar la violencia en sus territorios

Las comunidades negras de Colombia, de las más afectadas por el conflicto armado interno, clamaron este jueves al Estado para que se detenga el derramamiento de sangre en sus territorios y se salvaguarde la identidad cultural que han perdido por culpa de la violencia.

En un nuevo intento de reclamar justicia en un país en el que más de 4,6 millones de personas negras han sido víctimas de todo tipo de violaciones de los derechos humanos, cinco organizaciones presentaron informes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en los que denunciaron las agresiones de las que han sido objeto.

A la JEP, encargada de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto en Colombia, le solicitaron “ayuda para que se generen las condiciones de garantías necesarias que permitan dialogar y que se acabe la confrontación”, dijo Delis Palacios, del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá.

Ese remoto y selvático poblado, ubicado en el empobrecido departamento de Chocó, en la convulsa región del Pacífico, fue escenario de uno de los hechos más cruentos de más de medio siglo de conflicto armado.

El 2 de mayo de 2002 al menos 79 personas murieron, entre ellas 48 niños, y decenas quedaron heridas al caer en la iglesia del pueblo, en donde habían buscado refugio, una bomba lanzada por las FARC durante un combate con paramilitares.

La tragedia, que quedó marcada en la memoria de los colombianos, es el recuerdo permanente de que “no se debe derramar más sangre”, comentó Palacios.

De hecho, el pasado 9 de mayo el Estado colombiano fue condenado por el Tribunal Administrativo de Chocó a pagar 312.564 millones de pesos (unos 95 millones de dólares) por el desplazamiento que se generó tras la masacre de Bojayá.

Precisamente, las organizaciones le aseguraron este jueves a la JEP que de esas 4.665.000 personas negras victimas del conflicto dos millones fueron desplazadas de su territorio, lo que significa que casi el 50 % están desarraigadas.

Del lado oficial, cifras del Registro Único de Víctimas (RUV) creado por el Gobierno para restablecer la dignidad de los afectados por el conflicto, señalan que el hecho victimizante de mayor ocurrencia entre las comunidades negras es el desplazamiento forzado, con alrededor de 792.000 personas afectadas.

Los miembros de las comunidades negras en Colombia también han sufrido amenazas (41.000 casos reportados), homicidios (34.700 víctimas directas e indirectas), combates y hostigamientos (14.195 reportes) y delitos contra la integridad y la libertad sexual (2.584 casos).

Todo lo anterior ha generado una “desestabilización de las formas de vida de las comunidades”, manifestó por su parte María Ángela Salazar, miembro de la Comisión de la Verdad creada por el acuerdo de paz firmado con las FARC en noviembre de 2016.

En ese orden de ideas, el conflicto armado acabó con buena parte de la identidad cultural de las comunidades negras al obligarlas a dejar sus tierras e instalarse en poblaciones que les resultaban ajenas.

La violencia, explicó Salazar, “hizo que no pudiéramos hacer nuestros rituales para enterrar a nuestros muertos y entonar nuestras canciones”, como los denominados “alabaos”, con los cuales despiden a sus seres queridos.

Además, al tener que desplazarse no se garantizó por parte del Estado el disfrute de sus derechos fundamentales ni el respeto a las diferencias de sus tradiciones.

Por ello, el voto de confianza depositado este jueves en la JEP fue entendido como “un nuevo llamado a cumplir de la manera más firme y estricta con la obligación de garantizar el derecho que tienen los colombianos a que se haga justicia”, indicó la magistrada Catalina Díaz.

“Es el momento de mirar a los territorios más apartados y afectados, que han sufrido asesinatos, masacres, violencia sexual, desplazamiento, despojo de tierra, estigmatización, discriminación y tortura para garantizar la no repetición de esos delitos”, agregó la magistrada de la JEP.

Las comunidades negras, que representan el 10,5 % de la población colombiana, han sido casi que en su totalidad víctimas de la violencia pero todavía guardan la esperanza de ser resarcidos y poder perdonar.

De este modo, si bien es cierto que “no hay una sola familia negra en Colombia que no tenga un muerto, un amenazado o un desplazado”, como denunció Carlos Rosero, del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, frente a la división actual del país por cuenta de la firma del acuerdo con las FARC, las organizaciones consideran que se debe ser conciliador.

Para ello, afirmó, el pueblo tiene que “salir a defender” lo firmado porque “es mejor una paz imperfecta que una guerra eterna heredada a los hijos y nietos”, en donde la gente, sea blanca, campesina, indígena o negra “no sea protegida ni pueda decidir sobre su propia vida”.