Las confesiones de subordinación a ETA ante los tribunales resquebrajan el relato de la izquierda abertzale

Uno a uno, el tribunal fue llamando el pasado lunes a los 47 acusados de integrar Herrira, la asociación de apoyo a los presos de ETA. “¿Reconoce los hechos por los que viene acusado?”, les fue preguntando el fiscal Miguel Ángel Carballo. Y los 47, de Arantza Zulueta a Iñaki Goioaga, fueron respondiendo “sí” o “bai” indistintamente. Esos “hechos probados” de la sentencia se resumen en que todos ellos actuaron a las órdenes de la organización terrorista, hoy disuelta.

Se trata de la tercera ocasión en que un macrojuicio al denominado “entorno” de la banda se resuelve con una sentencia de conformidad, esto es, con los acusados admitiendo los hechos a cambio de ver rebajada su condena y no entrar en la cárcel. Con ese monosílabo, los procesados asumían, al menos ante un tribunal, la tesis de que “ETA no es -no era- solo los comandos”, la misma que condujo a la ilegalización de Batasuna y estranguló a la izquierda abertzale antes y después de que Arnaldo Otegi y sus colaboradores plantearan la necesidad de que cesara la “lucha armada” cuando ya había provocado un millar de muertos.

Las conclusiones que las víctimas de ETA y los condenados hacen de lo ocurrido el pasado lunes en la Audiencia Nacional alejan la idea de que la sentencia por conformidad pueda suponer un punto de encuentro en el relato de los cuarenta años de violencia terrorista. Carmen Ladrón de Guevara es abogada de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y responsable de la estrategia jurídica de la asociación mayoritaria en el colectivo. “La AVT tiene en cuenta que, en el momento que admiten los hechos entra en juego el atenuante de la pena, pero era más importante una sentencia condenatoria y un reconocimiento del 'todo es ETA' , que vienen negando desde hace años, y que eso quedara plasmado en el fallo. La sentencia es muy importante desde el punto de vista jurídico y del relato”, afirma la letrada.

La operación de la Guardia Civil contra Herrira se desplegó en septiembre de 2013, casi dos años después de que ETA anunciara el fin de la violencia y cuando habían pasado cuatro desde el último atentado en España. La sentencia de la Audiencia Nacional reconoce, de acuerdo a documentación interna de la banda, que ETA ya había renunciado a ser la vanguardia de la izquierda abertzale y se había reconvertido en un órgano para la realización de “aportaciones ideológicas”, “fomentar la cohesión interna” y velar por la “transmisión del legado histórico”. Esto, añade el fallo, no excluyó que la banda continuara fiel a sus objetivos políticos y a conseguirlos manteniendo cohesionado el colectivo de presos, prácticamente lo único que le quedaba. Para esto, concluye, ETA se sirvió de los abogados y el resto de integrantes de Herrira.

La asociación, nacida en 2012, y esto no aparece en la sentencia, era parte del proyecto para el nuevo proceso sin violencia impulsado por Otegi, que incluía borrar a las organizaciones que se habían puesto del lado de ETA en el debate interno. Esto es, la juventudes de Segi, el comisariado político de Ekin y, en el terreno de los presos, Askatasuna. A imagen y semejanza de Sortu, el partido cuyos estatutos devolvían a la antigua Batasuna a la legalidad, las nuevas organizaciones debían hacer rechazo expreso de la violencia.

En el ámbito de los presos, todo era más complicado. La izquierda abertzale antepuso evitar cualquier escisión y la vía Nanclares, el pequeño grupo que había renegado de su pasado y acogido a la reinserción, seguía siendo aborrecida. La Audiencia Nacional ha concluido que en su misión con el resto de presos, Herrira no se contrapuso a Askatasuna sino que, como ésta, siguió a las órdenes de ETA.

“La Audiencia Nacional no imparte justicia”

Uno de los 47 condenados en el juicio a Herrira es Ibon Meñika, que ejerce como portavoz del grupo. Cuatro días después del fallo responde tajante a la pregunta de si Herrira actuaba a las órdenes de ETA cuando fue desarticulada: “No. Nunca lo ha hecho. Herrira solo actuaba a las órdenes de Herrira. Siempre fue un movimiento autónomo que estaba en permanente contacto con diferentes sectores de la sociedad vasca y lo hacía de forma transparente”.

La siguiente pregunta es obligada: ¿Hay otra motivación, además de evitar la cárcel, detrás de afirmar justo lo contrario ante la Audiencia Nacional? Meñika admite la “contradicción”, pero lo justifica en que nunca han esperado que la Audiencia Nacional actúe “en términos de justicia”. “Llevamos constatando durante décadas que la verdad de la justicia y la verdad real están bastante distanciadas”, añade. El portavoz asegura que, como otros condenados por Herrira, sabe de lo que habla. En su caso se refiere a en condena por pertenencia a Jarrai, a la que el Tribunal Supremo consideró una organización terrorista.

La letrada de la AVT es preguntada por esa “contradicción” que admiten los condenados. “Tienen que maquillar esto de la manera que le sea menos lesiva para su gente. La confesión habrá generado mucha incomprensión en su mundo, pero ojo, porque las penas están en suspenso, y en el caso de que se desdijeran con rotundidad de lo que han dicho ante el tribunal, se pueden levantar y entrar en prisión. Ya ha ocurrido antes”, afirma Ladrón de Guevara en referencia a presos por otros delitos con penas de dos años o menos de cárcel.

El colectivo de presos fue el último de la izquierda abertzale en sumarse a las vías pacíficas, en septiembre de 2011, lo que retrasó el anunció del fin de la violencia. Aquel pronunciamiento del EPPK (Colectivo de Presos Políticos Vascos, en euskera) constituyó, durante mucho tiempo, casi un formalismo. Las disensiones entre los reclusos de la banda continuaron y se convirtieron en un problema sin resolver para la dirección de la izquierda abertzale. De hecho, ETA, que ya solo era sus presos, tardó seis años más en pedir “perdón”. Eso ocurrió en 2018, y como en 2011, supuso el paso previo a otro gran anuncio, en este caso el de la disolución.

Para el delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, la “contradicción” no solo se produce entre el acuerdo de la sentencia y el tradicional relato de la izquierda abertzale. Va más allá y enfrenta a quienes ahora evitan la cárcel y a los 220 que están todavía dentro. “El mundo de los presos de ETA tendrá que valorar por qué a ellos todavía no les dejan ir a tercer grado o pedir libertades condicionales y les ponen como línea roja, no ya la delación que no es obligatoria, sino la autocrítica”, declara a eldiario.es.

Loza, que jugó un papel activo y discreto en la política penitenciaria de Alfredo Pérez Rubalcaba, se refiere a los dos límites que el EPPK puso a sus integrantes en 2017 para la reinserción tras un proceso de debate interno: ni arrepentimiento, ni colaboración con la justicia. El primero está contemplado en el Código Penal para acceder a los beneficios penitenciarios citados por Loza. Sin él, los condenados por terrorismo podrán acceder al segundo grado o ser acercados a Euskadi, pero el paso al tercer grado y la libertad condicional requieren retractarse. La colaboración con la justicia, no es un requisito legal, aunque sigue siendo una exigencia de las asociaciones de víctimas para la reparación que supondría esclarecer los más de 300 crímenes de ETA que quedan por resolver.

El acuerdo en el caso de Herrira ya se produjo en uno de los procesos contra Ekin y en el juicio de 2016 contra la dirección de Batasuna desarticulada nueve años antes en Segura. El principal acusado entonces fue Pernando Barrena, quien se ahorró ingresar en la cárcel gracias al acuerdo con la Fiscalía y las asociaciones de víctimas. Ese acuerdo incluía que los condenados reconocieran su vinculación a ETA, el “daño” causado a las víctimas y repudiar la violencia. Los diez años de petición pasaron a ser dos de condena, sin cumplimiento efectivo. “Este acuerdo tiene como objetivo que ninguno de los encausados ingrese en prisión”, dijo entonces Barrena. “Nuestro deseo es que contribuya al final de la aplicación de las legislaciones de excepción”, añadió. El político, ahora parlamentario europeo, ha declinado participar en este reportaje.

Gobierno vasco: “La pelea por el relato es absurda”

Jonan Fernández es actualmente secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno vasco. Considera que la sentencia de Herrira constituye “un paso más” en la nueva política penitenciaria que se abre paso tras lo que llama “un cambio de estrategia por parte de la izquierda abertzale”. Fernández, como portavoz en la materia del Ejecutivo de Iñigo Urkullu, evita entrar a valorar la contradicción entre la asunción de hechos por parte de los condenados y el relato histórico de la izquierda abertzale y se centra en dar “mucha importancia a que el acuerdo sea con las asociaciones de víctimas”, además de con la Fiscalía.

El secretario general de Convivencia hace una reflexión sobre la batalla del relato en Euskadi. “Hay algo en ella, si se me permite la expresión, de absurdo. Es una gran pelea por ver quién institucionaliza, formaliza y encofra el gran relato. Eso no ha ocurrido en ningún lugar del mundo, en ninguna circunstancia. Vamos a tener relatos, vamos a tener perspectivas diferentes, maneras diferentes de entender lo que ha ocurrido, y eso forma parte de algo natural en una sociedad plural como la nuestra. Lo que debe quedar claro, es lo importante, y esto ya no forma parte del relato sino de los aprendizajes de lo que nos ha ocurrido, es que ninguna acción terrorista, de violencia o de vulneración de derechos humanos estuvo nunca justificada y que eso no se debe repetir nunca más”, afirma.

Los acuerdos en las macrocausas al denominado “entorno” de ETA tienen un precedente en el juicio por la ilegalización de Batasuna, la organización que llevó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos su ilegalización con la tesis de que no era ETA y perdió. Las condenas a sus miembros en la Audiencia Nacional oscilaron entre 15 meses y tres años de cárcel, muy inferiores a otras por terrorismo.

La abogada Ladrón de Guevara reconoce que la AVT ha tenido aquello en mente para alcanzar los acuerdos posteriores que garantizan condenas similares. En el caso de Herrira se sumaba el riesgo para sus intereses de que la redactora de la sentencia es la magistrada progresista Clara Eugenia Bayarri, autora de un voto discrepante en aquella sentencia de Batasuna en el que criticaba que se “criminalizara como terrorista” al partido de Otegi. La asunción de los hechos probados obliga al tribunal a dictar un sentencia condenatoria aun con la aplicación de atenuante. Casi la mitad de los condenados perderán el empleo público que tienen al quedar inhabilitados.

Pese a la rebaja de condena y haber pasado un tiempo en prisión preventiva, Arantxa Zulueta y Jon Enparantza deberán regresar a la cárcel. La histórica abogada de los presos de ETA ha sido condenada a tres años y seis meses de cárcel. Enparantza, a dos años y siete meses. A diferencia del resto, ellos reconocen haber actuado como dirigentes de la organización terrorista. El resto, solo ser integrantes de ella. A los dos les queda aún sentarse en el banquillo en el último gran juicio a ETA, el conocido como H-Alboka, igualmente dirigido contra el denominado “frente de cárceles”.

La operación del CNI y la Guardia Civil contra H-Alboka se desarrolló en este caso en 2010, con la banda terrorista activa y en plena pugna en el seno de la izquierda abertzale entre los defensores de la “lucha armada” y los que admitían que el ciclo de violencia se había agotado. A Zulueta se le encontró entonces en su despacho, escondido tras un cuadro, un pendrive que contenía la ubicación de varios zulos con explosivos y armas de ETA. La Fiscalía pide para ella 19 años de cárcel.