Ahora la ley se envía al Senado para que continúe allí su tramitación y pueda estar definitivamente aprobada antes de que finalice la legislatura el próximo otoño.
'Populares' y socialistas, que han caminado de la mano en la tramitación de esta ley, han negado que este proyecto tenga el objetivo de quitar competencias a la Administración autonómica y han defendido que la seguridad nacional debe ser “competencia exclusiva” del Estado.
Además, el portavoz del Grupo Socialista, José Enrique Serrano, ha rechazado que este proyecto esté relacionado con la situación en Cataluña, como ha defendido ERC, y ha recordado que comenzó su andadura legislativa en el año 2009.
El diputado del partido republicano catalán Joan Tardà ha denunciado que este proyecto pretende “aumentar el aparato legislativo del Ejecutivo para abortar el proceso democrático que se ha abierto en Cataluña y que culminará el 27 de septiembre”.
A su juicio, el PP está “lubricando la maquinaria represiva” con esta iniciativa. “Muy mal les veo si sólo son capaces de ir afilando el armamento, el armamento jurídico”, ha recalcado.
Por su parte, el diputado de la Izquierda Plural Joan Josep Nuet ha afirmado que este proyecto de ley es “un aviso a navegantes” por parte del PP “con tintes autoritarios” como respuesta a la “crisis económica y política” que vive España.
Convergencia y el PNV no han vinculado esta ley al proceso soberanista, pero sí han denunciado que pretende “expropiar” competencias a las comunidades autonómicas. “Es una nueva excusa para laminar y sustraer competencias”, ha denunciado el portavoz de Convergencia, Antonio Picó.