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El Consejo de Estado ve fundamentos jurídicos para recurrir al Constitucional el cambio del reglamento del Parlament
- Rajoy había solicitado ayer, tras la aprobación del cambio, el dictamen urgente por la aprobación exprés de la ley que prevé amparar el referéndum del 1 de octubre y la ley de transitoriedad jurídica
El Consejo de Estado considera que existen fundamentos jurídicos para interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional por la reforma aprobada este miércoles en el Parlamento catalán para tramitar por la vía urgente las leyes de desconexión, según han informado a Europa Press fuentes del máximo órgano consultivo del Gobierno.
La Comisión Permanente del Consejo de Estado (en una reunión que ha finalizado cerca de las 15.00 horas) ha aprobado por unanimidad un dictamen en el que argumenta que existen fundamentos jurídicos para interponer un recurso de inconstitucionalidad por la modificación del artículo 135.2 del Reglamento del Parlamento catalán.
El recurso pedirá la suspensión de la norma
El Consejo de Ministros quiere pedir mañana que el Tribunal Supremo paralice la norma aprobada esta semana en el parlamento catalán, que permite la aprobación de leyes de manera exprés sin apenas debate ni trámite de enmiendas. Moncloa considera que la nueva normativa es el instrumento en el que Puigdemont se quiere apoyar para impulsar con urgencia las leyes de desconexión y la que convoca el referendum.
El propio Mariano Rajoy ha tenido que urgir al Consejo de Estado para que elaboren el dictamen interpuesto hoy sobre la nueva norma con carácter de urgencia. La redacción de ese dictamen es un trámite obligado antes de que el Gobierno anuncie un recurso de inconstitucionalidad sobre una norma autonómica.
El recurso en el que trabaja el ejecutivo de Rajoy pedirá expresamente la suspensión de la norma catalana, en aplicación del artículo 161.2 de la Constitución. Según ese articulado, “El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses”.
Abogacía del Estado ya está trabajando en la redacción del recurso, según fuentes jurídicas consultadas por eldiario.es. Mientras tanto, en el Tribunal Constitucional se preparan para la celebración de un pleno que podría celebrarse el próximo martes. En esa reunión el alto tribunal decidirá sobre la admisión de la propuesta de Moncloa, que supondría la suspensión inmediata de la norma aprobada en el parlamento de cataluña.
Los magistrados del alto tribunal estaban advertidos por su presidente, Juan José González Rivas, de la conveniencia de estar localizados en los meses de verano ante la posibilidad de tener que convocar plenos en los que resolver sobre el conflicto catalán. Durante la reunión del último pleno González Rivas solicitó de modo informal a los magistrados que no se fueran muy lejos de vacaciones y que estuvieran localizados en todo momento.
En el entorno del Gobierno catalán dan por hecha la inminencia del recurso. A la pregunta de cuál será el próximo movimiento del mundo independentista, fuentes de la dirección de ERC aseguran: “Seguir”.
