El Constitucional se planta ante los progenitores que ocultan sus ingresos para no pagar la pensión de sus hijos

El Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia que corta el paso a los progenitores que se esconden de la Justicia para no pagar la pensión de sus hijos. Los magistrados han decidido amparar a una mujer que denunció sin éxito que los juzgados habían obligado a su expareja a pagar un 10% de sus ingresos y no una cantidad fija, mientras que el hombre lleva casi una década en paradero desconocido. No poder averiguar cuál es su capacidad económica, precisamente por no presentarse nunca en el juzgado, no puede ser un “obstáculo” para que los jueces fijen “una cantidad líquida suficiente” como pensión para hacerse cargo de los hijos menores de edad, dice el Constitucional.

Los abogados de familia consideran que esta sentencia será “muy relevante” para proteger mejor a los menores cuando uno de los progenitores se oculta de la Justicia para no pagar la pensión. Las últimas estadísticas del Consejo General del Poder Judicial relativas al año 2022 dibujan la magnitud del problema: ese año hubo 4.990 personas condenadas por delitos de familia, un 89% hombres. Según la Fiscalía, más de la mitad de estas sentencias se dictaron específicamente por delitos de impago de pensiones. El Supremo ha llegado a considerar estos impagos como “violencia económica”.

El caso que ha estudiado la Sala Primera del tribunal de garantías es el de una mujer que se divorció de su marido en 2015. En ese momento tenían tres hijos en común, uno de ellos menor de edad para cuando se celebró el juicio. Su exmarido nunca pudo ser localizado, no compareció en el juzgado de Getafe que asumió el caso y no fue posible averiguar su paradero. Tampoco su nivel de ingresos. Él era el único que trabajaba de manera estable en el domicilio y la mujer, ocasionalmente, ejercía como trabajadora del hogar o cuidadora de niños y enfermos.

La mujer pedía que el padre de los niños pagara 100 euros mensuales por cada uno, y la decisión del juzgado fue distinta: que pagara, pero no una cantidad fija sino un 10% de sus ingresos mensuales. Unos ingresos que había sido imposible determinar ya que nadie sabía entonces ni sabe hoy en día dónde está el padre de los tres hijos, ni si trabaja, ni cuánto gana. La Justicia ha certificado que nunca ha contribuido con un solo euro a la manutención de sus tres hijos.

Su ausencia le benefició también en la tramitación del proceso: la sección 24ª de la Audiencia de Madrid, especializada en asuntos de familia, tardó más de un lustro en resolver el primer recurso de la mujer y confirmar ese 10%, una tardanza atribuida entre otros factores a la imposibilidad de notificar nada al hombre. La abogada de la madre de los tres niños alegó, sin éxito, que ese sistema generaba “incertidumbre e inseguridad” tanto a ella como a sus hijos.

La respuesta de la Audiencia y del Tribunal Supremo fue negativa y decidió acudir al Constitucional exponiendo el problema que suponía para ella que su exmarido, en paradero desconocido, no estuviera obligado judicialmente a pagar una cantidad concreta cada mes: es “prácticamente inviable” ejecutar una sentencia tan indeterminada, haciendo imposible para la mujer cualquier reclamación fiable sobre ese dinero.

La Sala Primera del Constitucional, con ponencia de Ricardo Enríquez y con el apoyo de la Fiscalía, han reprochado con dureza al juzgado de Getafe y a la Audiencia de Madrid que no tuvieran en cuenta el interés del menor a la hora de establecer el 10% de los ingresos como guía e incluso que se apoyaran de forma errónea en varias sentencias del Tribunal Supremo. La sentencia no cuestiona que establecer en otros casos un porcentaje sobre los ingresos del progenitor para fijar la pensión puede ser “efectivo”, pero no en un caso como este, en el que ha sido imposible averiguar, ni siquiera, dónde vive el padre.

Su “conducta elusiva” no puede ser un escudo

El Constitucional reprocha a los tribunales madrileños su “falta de motivación” a la hora de imponer ese sistema, perjudicial para el menor de edad, sin “ninguna argumentación”. La estrategia del padre de no comparecer ante el juzgado y no estar localizable no puede impedir que se fije una pensión fija como responsabilidad sobre sus hijos, añaden. Unos hijos que, recuerda la sentencia, tienen derecho a recibir alimentos de sus progenitores, algo que vincula en última instancia a los poderes públicos.

“El desconocimiento de aquella capacidad económica del demandado, debida a su propia conducta elusiva de sus deberes paternofiliales, no puede erigirse en obstáculo para que la sentencia hubiera fijado en este caso una cantidad líquida suficiente para la satisfacción de las necesidades del menor”, dice el Constitucional.

En este caso, la decisión final de los tribunales ha llegado con el padre, según fuentes del caso, todavía ilocalizable. También cuando ninguno de los tres hijos de la mujer es menor de edad: el más pequeño tiene ahora 24 años de edad. El pleito arrancó hace nueve años.

“Ocultar la capacidad económica es lo más habitual”

La resolución del Constitucional no ha pasado desapercibida para los abogados especialistas en este tipo de pleitos. Desde la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), su presidenta Lola López-Muelas explica a elDiario.es que este tipo de situaciones, en las que un progenitor no se presenta en el juzgado o intenta ocultar su verdadera capacidad económica para pagar menos pensión a sus hijos tras un divorcio, es “lo más habitual”.

“Estamos muy acostumbrados. Hay gente que alega que gana mucho menos de lo que se demanda en la reclamación y tenemos que hacer averiguaciones sobre el nivel de vida a través de signos externos. Una nómina de 1.000 euros, pero un coche de lujo, por ejemplo. Es verdad que eso es muy común”, explica.

Esta resolución, añade, es clave para este tipo de procesos judiciales. “A partir de ahora, cuando hay un demandado rebelde o que no se sepa su capacidad económica, al menos se fijará una cantidad mínima para que se cubran las necesidades del menor. Ya no se va a poder establecer un porcentaje, podremos pedir la nulidad de actuaciones”. Según explica, el principal perjuicio que este sistema tiene para el progenitor que se hace cargo de los niños es que es algo “no ejecutable”.

Lo que ha dicho el Constitucional, añade, tiene “mucha relevancia” porque con estos porcentajes, que se establecían como “regla general”, la cantidad quedaba “totalmente indeterminada” y eso lo hacía “imposible de ejecutar”. “No podemos interponer una demanda ejecutiva si no tenemos una cantidad líquida para ejecutar”, afirma en declaraciones a elDiario.es.

Las estadísticas de la vertiente penal de este tipo de incumplimientos, los delitos de abandono de familia e impago de pensiones, reflejan más de 4.000 personas condenadas al año, la inmensa mayoría hombres. Las estadísticas de AEAFA revelan que en tres de cada diez divorcios en España se incumple, por parte de uno de los progenitores, el pago de la pensión de alimentos o el régimen de visitas.